30 de diciembre de 2005

Cincuentenario de un clásico de la historia de los dogmas jurídicos: “Dos estudios sobre la usucapión en derecho administrativo”


Eduardo García de Enterría, en 1955, publicó en la colección “Estudios de Administración” del Instituto de Estudios Políticos, Madrid, el volumen Dos estudios sobre la usucapión en derecho administrativo. Mediante esta breve reseña, le deseamos rendir un merecido homenaje al insigne autor, pues dicho volumen ya debemos considerarlo un verdadero y propio clásico de la historia de los dogmas del derecho administrativo.

1. Cincuenta años de un clásico

El autor construye su teorización con una delicada metodología histórico-dogmática, que fue recibida con un inusitado entusiasmo desde un inicio, curiosamente primero por la dogmática civilista (F. de Castro, L. Díez- Picazo, J. Vallet de Goytisolo); en especial F. de Castro, para quien, al reseñarla el mismo año de su aparición, “este libro (es) una prueba concluyente de la excelencia del método histórico (…); sin vacilaciones, puede recomendarse como lo mejor que modernamente se ha escrito sobre este tema”[1].

Es que las dos perspectivas del valioso aporte de García de Enterría, teórica y metodológica, no han perdido actualidad; lo demuestran sucesivas reediciones (2ª edición: Madrid, Tecnos, 1974, 165 pp.; 3ª edición: Madrid, Civitas, 1998, 170 pp.), y la utilidad manifiesta que sigue prestando a los autores de derecho administrativo en todo trabajo histórico dogmático, y en especial en las más actuales teorizaciones sobre la concesión; en especial de la concesión vinculada al uso de los bienes públicos. En el caso de quien escribe estas líneas, la gratitud con dicho autor surge a raíz de una deuda intelectual innegable: se inicia en las reconstrucciones intentadas, bajo la guía de Francisco González Navarro[2], en nuestra tesis doctoral[3] y en nuestros trabajos posteriores sobre derecho de aguas, derecho de bienes públicos, y en general de derecho administrativo[4]. Incluso, en el más reciente e interesante aporte dogmático a la teoría de los bienes públicos del derecho administrativo español, de Elisa Moreu Carbonell[5] , hay notoriamente una continuidad metodológica; si bien teóricamente ella sigue otros derroteros, no menos originales que los del maestro.

Lo que postula nuestro autor, en el prólogo de este bello libro, es “un uso sistemático del método histórico”, agregando que “[s]ólo el campo totalizador de la historia puede ilustrarnos sobre la efectiva función política y social de las instituciones, y es ésta, su nervio y su sustancia” (pp. 11-12)[6]. A su juicio “el fundente que la conciencia histórica de nuestro tiempo ha aplicado con éxito a tantas ricas construcciones debe ser ensayado con urgencia sobre el derecho administrativo” (p. 19).

Pero esta utilización del método histórico no es para nuestro autor “la erudición pintoresca y anecdótica con que frecuentemente se nos abruma” (p. 13), sino un método que permitirá al jurista descubrir pervivencias históricas “enquistadas”, “residuos”, verdaderos “mitos jurídicos” (p. 21).

Con posterioridad nuestro autor ofreció su serie histórica relativa a la revolución francesa y su estrecha vinculación al nacimiento de la disciplina del derecho administrativo[7]. Pero, debió reconocer, en 1981, que la ocupación a la historia de las ideas o dogmas jurídicos “es uno de los placeres intelectuales más refinados y gratificantes”, lamentando que, al final, “mi especialización de jurista positivo, y no de historiador del derecho, ha concluido por desplazar aquella inclinación”[8]. No obstante ello, todos hemos celebrado que nuestro autor ha “reincidido” felizmente en sus estudios histórico-dogmáticos, para ofrecer en 1994  una reconstrucción más amplia sobre el derecho público tras la Revolución Francesa[9].

En las líneas que siguen realizo un breve resumen de las principales ideas del volumen, que sobre dos “mitos” jurídicos desarrolla el autor: la institución de la reversión de concesiones; y la (im)prescriptibilidad de los bienes públicos.

2. El dogma de la reversión de concesión

Estudia, en primer lugar, la posesión inmemorial (de 100 años), cuyo “campo de aplicación propio es precisamente –y por paradoja– el de los derechos imprescriptibles” (p. 29). Parte afirmando que en el derecho histórico: “ha existido una aplicación constante y sistemática de la posesión inmemorial en su terreno propio, mencionando las cosas imprescriptibles y las regalías” (p. 32). Es el punto de partida de su análisis histórico.

Analiza en el Fuero Juzgo y en las Partidas las regalías y cosas públicas como imprescriptibles. Luego expone cómo la cláusula de la reversión es una reserva frente a la inmemorial. Expone textos históricos en que se acepta la aplicación de la posesión inmemorial o centenaria (entre otros casos: a cosas eclesiásticas, p. 36; señoríos, p. 36; privilegios de franquicia y exención, p. 39; mayorazgos, (p. 41); regalías (p. 39); y a cosas públicas (p. 39).

Señala que “en el antiguo derecho la posesión inmemorial o de cien años legitima con presunción indestructible de privilegio la titularidad definitiva de cualquier particular sobre esta materia pública, ordinariamente atributo de la soberanía: regalías, franquicias, señoríos, cosas públicas, vinculaciones” (p. 44). De frente a esto, “la cláusula de la reversión, establecida precisamente para ser efectiva a los noventa y nueve años, tiene por objeto impedir que las cesiones reales o privilegia principis otorgados a los particulares puedan llegar a implicar una pérdida definitiva del patrimonio jurídico del soberano” (p. 44). Concluye así que “la cláusula de reversión es, pues, una reserva defensiva frente al juego de la prescripción inmemorial” (p. 44).

En seguida, ofrece un estudio de la “lex fundamentalis” de inalienabilidad de los derechos mayestáticos como fundamento de la reversión (pp. 45 y ss.). Recuerda que en la época de los Reyes, se intentaba “no perder definitivamente porciones de su soberanía”; pero recuerda que en la época tal soberanía no era, como es hoy, una “posesión general y abstracta de superioridad, capaz de instrumentar a su favor toda clase de contenidos y potestades”, sino “un conjunto limitado y tasado de derechos concretos” (derechos preeminentes del Príncipe, “pouvoirs”, “regalías”: p. 46).

Juega, entonces, según nuestro autor, un principio fundamental, “que como tal se sobrepone incluso al interés y a la propia potestad del Rey” (p. 46): el principio de la inalienabilidad de los derechos mayestáticos. Y estudia detenidamente su consagración en Francia (pp 47-48); y en el derecho histórico español (pp. 48-54)[10].

Examina igualmente con detención la cláusula de reversión como garantía de la inalienabilidad (pp. 55 y ss.), afirmando que esta cláusula existió en el derecho histórico, “con la que el Rey trata de evitar la pérdida de los derechos propios que ha concedido, y contrarrestarlos con la regla de la inalienabilidad”; como una condición resolutoria o de revocación: prohibición de disponer del derecho civil[11].

Analiza en seguida la cláusula de la reversión en la formación del concepto moderno de concesión[12], la transformación política y desaparición de la inmemorial[13]; en fin, dicha cláusula de reversión en la crisis de la concesión: “No cumpliendo ya sus fines políticos, la reversión (…), ha jugado sin duda un papel decisivo en la crisis actual de la concesión administrativa”. (p. 75).

“La paradoja se explica por el hecho de que la inmutabilidad de la cláusula de reversión no ha correspondido a la alteración profunda de los supuestos políticos y jurídicos que sostienen a la figura de la concesión” (p. 75). Su aserto es ineludible: “Un mismo remedio –y la reversión fue en su origen un remedio drástico– puede sanar o matar al mismo individuo, según el momento o la oportunidad” (p. 75)[14].

Termina su trabajo de reconstrucción institucional de la concesión, mostrando la verdadera depuración del mito reversional que se produce: de cláusula política a cláusula económica, ya que junto con la crisis de las concesiones clásicas, surgen nuevas formas de concesión: “Las fórmulas de la política económica y social contemporánea han encontrado en el viejo concepto un instrumento capital” (p. 77), y “reconstruyendo la pieza con arreglo de los principios y a las necesidades nuevas (…), el esquema clásico de la concesión administrativa puede y debe ser salvado” (p. 77).

3. Sobre la imprescriptibilidad del dominio público

Parte el autor señalando que no sería prácticamente posible construir la imprescriptibilidad “como una carga real perpetua que afectase a una cosa singular por y durante toda su existencia física” (p. 94). Y este aserto es el que intentará probar en su trabajo.

Según nuestro autor “toda la institución del derecho público gira, como es sabido, sobre un criterium esencial: la llamada afectación, destinación, destino, de las cosas particulares que integran sus dependencias” (p. 95)[15]. Así, concluye que cuando una cosa pierde la publicatio o afectación, es susceptible de comerciabilidad ordinaria, y por ende de ser objeto de una prescripción en los términos comunes (p. 96).

Analiza cómo se produce la “afectación/ desafectación”: ¿mediante un acto formal? Concluye que histórica, positiva y doctrinalmente resulta favorable la tesis de la afectación y desafectación tácitas[16]. En seguida, el autor intenta responder la siguiente pregunta: la ocupación abusiva de un particular sobre el demanio, ¿implica en algún momento la desafectación tácita? Lo cual, por lo tanto determina “la cesación de la demanialidad de la cosa de que se trate” (p. 105)[17].

Se refiere a los fundamentos de esta prescripción inevitable (dado que desafectada tácitamente una dependencia del dominio público, operará la usucapión), a la necesidad de fijar un plazo para ello, revisando, en fin, el ámbito de la imprescriptibilidad del dominio público. En relación con la titularidad del dominio público, señala que “el particular no puede nunca ganarlo en cuanto tal; en otros términos: “la titularidad del dominio público pertenece necesariamente a la Administración, y en ningún caso puede llegar a ostentarla un particular” (p. 134)[18].

Termina refiriéndose a la protección del dominio público, y señala que la protección de la integridad del dominio público, finalidad a que tan enérgicamente se dirige el dogma de la imprescriptibilidad, debe ser buscada, con abandono de esta vía directa y simplista, a través de procedimientos oblicuos, si han de ser eficaces (p. 138). Se refiere a una estéril “fe en ese dogma quimérico de la identidad perpetua de las cosas públicas” (íd.).

Termina el estudio proponiendo modos prácticos para la “reintegración” por la Administración, del dominio público perturbado.

4. Epílogo

He dejado hablar a nuestro autor, repasando este clásico. No es el momento de repasar críticamente, de modo positivo, por lo demás, esta excelente pieza cincuentenaria de nuestra literatura de derecho administrativo; sino es el momento de rendirnos ante ella como un homenaje más a su autor que tanto debemos, y propiciar que otros (parafraseando a García de Enterría), experimenten con su lectura un “placer intelectual de los más refinados y gratificantes”.




[1] En: Anuario de Derecho Civil (1955), p. 254.
[2] Fue precisamente González Navarro quien me “inició” en la valoración de la obra de García de Enterría. Él, con la generosidad que lo caracteriza y que todos reconocemos, apenas había pisado yo suelo español, a fines de la década del ochenta, en la primera entrevista con él como mi profesor-guía de tesis doctoral, me espetó:
– Vergara, ¿ha leído usted a García de Enterría?
– Sí, algunas de sus cosas, le respondí.
– ¿Ha leído usted el Curso que ha publicado en conjunto con Tomás-Ramón Fernández? Es, verdaderamente, la summa del actual derecho administrativo español.
Tuve que reconocer hidalgamente que no lo había leído sino parcialmente. A lo cual me “recomendó”:
– Lea usted despacio ambos tomos, y sólo una vez que haya terminado podremos nosotros conversar de su tesis doctoral, y de su tema…
Esa fue entonces mi primera lectura, íntegra, del Curso. Debo agregar que esta lectura fue recomendada por González Navarro, a pesar de ser él mismo autor de su Derecho Administrativo Español, 3 tomos. Además, como señalo en el texto, luego se agregaría a la “recomendación” casi la obra íntegra de García de Enterría, de lo cual hay prueba notoria en la versión definitiva de mi tesis doctoral.
[3] Véase cómo seguimos al maestro en nuestro: Vergara (1992): Principios y sistema del derecho minero. Estudio histórico-dogmático (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) 433 pp.; en especial pp. 25 y ss., en la metodología de trabajo, en que sigo sus “Dos estudios…”.
[4] Nueva muestra de deuda intelectual, en especial del trabajo al que rendimos homenaje, en: Vergara (1998): Derecho de Aguas (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) 2 tomos; lo pertinente en tomo 1, pp. 55-58.
[5] Vid. su: Moreu (2001): Minas. Régimen jurídico de las actividades extractivas (Valencia, Tirant lo Blanch) 453 pp.; lo pertinente en pp. 162 y ss. Véase asimismo nuestra recensión en: Revista de Derecho Administrativo Económico vol. V N° 1 (2003) pp. 217-223, y en: Revista de Administración Pública N° 163 (2004), pp. 574- 582.
[6] Cito según su edición de 1974.
[7] Véase su: Revolución Francesa y administración contemporánea (Madrid, Taurus, 1ª. ed., 1972; 2ª ed., 1981, reimpresiones 1984, 1986; 4ª y última ed., Civitas, 2005). Traducción francesa (de Franck Moderne): Revolution Francaise et administration contemporaine (Paris, Economica, 1993), 119 pp. Véase nuestra recensión en: Revista de Estudios Histórico-jurídicos, XVIII (1996) pp. 608-611.
[8] En su: Revolución Francesa, en ed. cit. de 1986, prólogo, p. 10.
[9] Véase su: La lengua de los derechos. La formación del derecho público europeo tras la revolución francesa (Madrid, Alianza, 1ª ed. 1994, reimpresiones en 1999, 2001) 226 pp. Además en Civitas, 2001, 224 pp.
[10] Señala que en Francia: “desde los grandes juristas del antiguo régimen a los administrativistas contemporáneos, (…) ven en ese dogma antiguo [la inalienabilidad de los derechos mayestáticos] el origen del postulado de la inalienabilidad en el actual dominio público” (p.47). Señala su aplicación al dominio de la Corona. Vincula la instauración de la regla de la inalienabilidad con la institucionalización de la unidad política del Reyno (que da lugar a la famosa Ordenanza de Moulins, de 1566, que es calificada como “sacrosanta lex quae reges ipsos obstringit”). Revisa el desenvolvimiento histórico del “proceso de institucionalización objetiva del Reyno (…), como reacción frente a la disposición patrimonialista por parte del Monarca” (p. 49), a través de diferentes textos. Concluye, en este análisis, que la regla de la inalienabilidad (además de ser armónica con la institucionalización del Reino, como opuesta a una concepción patrimonialista), tiene un “fundamento real”, según el autor: “en el interés de los súbditos juega una motivación económica” (p. 53), que se mantengan las fuentes de rentas reales, para evitar nuevos tributos, y no “echarles muchos pechos e de facelles otros agravamientos” (según las Partidas).
[11] En su reconstrucción histórica comprueba cómo esta “cláusula de restitución”, está presente en todas las cesiones reales, es tácita y está afectada de dos limitaciones: no perjuicio económico de tercero y riesgo de consolidación definitiva por obra de la posesión inmemorial. (pp. 56-57). Analiza latamente la cláusula de la reversión, que impide la inmemorial: en el derecho antiguo (por la vida del Rey), p. 59; en caso de exceder la vida del rey, p. 59; dos vidas, p. 60; 99 años como reserva de soberanía en el Derecho internacional, p. 61; y su aplicación a las concesiones administrativas (pp.65 y ss.).
Explica cómo el plazo reversional de 99 años pasa del derecho internacional al derecho administrativo, que lo adopta en materia de concesiones administrativas (p. 65). Al respecto, dice: “ (…) El instituto de la concesión jugó económicamente, (…), como un medio de atracción de capitales extranjeros en volúmenes considerables; la cláusula de reversión como reserva de soberanía pudo tener entonces un matiz político consciente de este aspecto internacional de nuestras grandes concesiones, equiparable, por tanto, en un cierto modo, a las reservas propias del Derecho Internacional” (p. 66). “Hay una excepción única al dogma de la reversión concesional (…), y es el caso de las concesiones demaniales puras; en concreto, aguas (a regantes y pueblos) y minas, en que las concesiones se otorgan a perpetuidad” (p. 66). “Por su base estrictamente real estas concesiones pudieron concebirse en la antigua dogmática como census fictus, salvándose, por ende, en origen el dogma de la inalienabilidad a través del arbitrio de los cánones censuales, aquí concesionales, que como en el caso de la enfiteusis, y a imagen de la misma, significan justamente el reconocimiento del dominio directo, impidiendo toda suerte de prescripción, no obstante su perpetuidad” (p. 67). [en Francia son llamados “pétits domaines”].
[12] Dice el autor que “en su origen la cláusula de reversión ha jugado como determinante de la transformación de las antiguas cesiones señoriales (…), a la moderna concesión administrativa, en la cual la cesión de funciones públicas no implica ya una franquicia definitiva respecto del poder concedente, sino una mera cesión de la gestión sin pérdida por la Administración de la titularidad última. La reserva de una consolidación final de esta titularidad contribuye a la conformación de la institución concesional como un precarium” (p. 69). “De aquí la posibilidad de convertir estas daciones regalísticas, desde meros beneficios personales de los concesionarios en instrumentos al servicio de los fines públicos que la titularidad de la Administración representa” (p. 69). Termina diciendo: “En este sentido la cláusula reversional es una pieza decisiva para la formación del concepto moderno de concesión” (p. 70).
[13] La posesión inmemorial desaparece hoy, pues, a su juicio, “los derechos soberanos ya no son regalías, potestades concretas, determinadas, sino contenido instrumental de una posición general y abstracta de superioridad en que la soberanía consiste, a partir de la forma política, en desarrollo progresivo del Estado moderno. Esta simple observación coloca ya definitivamente fuera de todo comercio privado el Poder Público, (…), en cuanto la soberanía (…) centraliza (…) todas las prerrogativas públicas” (p. 71). “Esta nueva realidad por sí sola transforma en esencia todo el sentido de la concesión, invirtiendo su planteamiento clásico: todo ejercicio privado de una función pública, de una prerrogativa de superioridad, de un uso exclusivo de un bien público, requiere una legitimación positiva de la Administración, en nombre de la cual solamente puede actuarse” (p. 72).
[14] Afirma que “el influjo destructivo de la cláusula reversional ha venido, sobre todo, del hecho de que se oponía sustancialmente a la necesidad económica de la amortización, necesidad insoslayable en las concesiones modernas de servicios públicos, cuya gestión exige un establecimiento industrial de cierto volumen (…)” p. 75. Se refiere así a las necesidades financieras, pues las concesiones requieren un activo industrial importante. Señala: “El mecanismo reversional revela aquí de nuevo, en el neutral plano económico, su arcaísmo” (p. 76).
[15] Agrega que: “(…) esta afectación es precisamente a la utilidad pública que la Administración directamente representa y gestiona” (p. 95). “Una cosa ingresa en el dominio público en cuanto queda afectada a esta utilidad; cesa en cuanto tal afectación termina” (íd.). Cita los arts. 339, 340 y 341 del Código Civil español. Dice: “En estos mismos términos la institución fue configurada ya en el Derecho Romano, sobre el concepto de publicatio o dicatio ad populum” (p. 95). Rigurosamente, afirma (con amplia cita de autores), “la afectación o publicatio explica, justifica y mide el conjunto íntegro de las particularidades dogmáticas del d. P., y entre ellas las fundamentales de su inalienabilidad y su imprescriptibilidad” (p. 95).
[16] Revisa: el derecho romano (pp. 96-98), en que se produce “por el hecho simple de la destinación de las [cosas] al uso público”/ La “apertura al público” era un modo normal de afectación. En derecho intermedio (pp. 98- 100), por el “hecho”de que las cosas están en el uso público, están afectadas; por lo tanto, no son susceptibles de posesión individual, requisito primero de la prescripción (p. 99). Según el autor, hay “singularidades que en esta época presenta la institución del demanio” (p. 98). Relaciona, siguiendo a Gierke, el problema de la personalidad de los entes sociales con el desarrollo del dominio público. Señala: “No reconocida la personalidad jurídica del grupo se carece de arbitrio técnico para imputar a éste la titularidad de las cosas de uso público, que es el primer requisito dogmático del demanio en cuanto propiedad” (p. 98). Indica que “los legistas someten a violencia los textos romanos relativos a las res in uso público; y que en el principio de atribución de estas cosas al populus Romanus creen encontrar, equívocamente, el paralelo con la concepción asociacionista de los entes públicos“ (p. 99). En la actualidad (pp. 100-104), en que la “afectación/desafectación” se produce por los simples hechos, sin exigencias de declaraciones formales.
[17] Esto es, según el autor, “el resquicio dogmático de la teoría del dominio público; por donde sería posible introducir el aserto paradójico de su prescriptibilidad” (p. 106). Pasa revista a la doctrina francesa, italiana, alemana y española, en que se acepta ya sea como “degradación” (Proudhon), o como abandono, una conversión jurídica en que un particular gana por prescripción un bien del dominio público. Pero establece una excepción al aserto general de desafectación tácita del dominio público. Por la expoliación posesoria de un particular: el caso del equívocamente llamado dominio público natural o “por naturaleza” (p. 117). Lo define así: “se trata de dependencias del dominio público cuya afectación está definida por modo general en la ley con relación a determinadas circunstancias físicas o naturales, y sin necesidad, por tanto, de declaraciones singulares de afectación para cada caso“ (p. 117). Da ejemplos: las aguas litorales, la zona marítimo-terrestre, las aguas públicas terrestres y sus álveos y riberas. Da un argumento lógico: “la consecuencia indeclinable es que la afectación está presente en tanto en cuanto sea posible predicar de una cosa las determinaciones físicas que la ley ha considerado” (p. 117). La única posibilidad que la afectación cese “en cuanto se alteren las condiciones físicas determinantes“, esto es, “por alterar de hecho las circunstancias físicas” (p. 118). Es la “degradación” de Proudhon.
[18] Analiza la situación en la Edad Media, y aun la época inmediatamente anterior al constitucionalismo, en que era plenamente posible que un particular ostentara personalmente una titularidad pública o regaliana (privilegios reales traslativos sobre ríos u otras cosas): “El régimen administrativo ha acabado absolutamente con esa posibilidad. El principio de igualdad, y su correlativo de la centralización de prerrogativas y funciones públicas en el poder, impone la pertenencia exclusiva y necesaria a la Administración de este tipo de titularidades. El dominio público es una de ellas. Decir que la titularidad del demanio es inasequible para el particular es, por consiguiente, la primera e indiscutible aplicación del principio de imprescriptibilidad” (pp. 134-135). Agrega: “si bien se observa, el instituto de la imprescriptibilidad no es necesario para explicar esa particularidad del dominio público. Bastaría exponer que el dominio público es instrumento y contenido de una función pública para obtener inmediatamente la consecuencia de su inaccesibilidad a los particulares, dada la posición jurídica de que éstos participan en el régimen administrativo. Desde esta perspectiva, el principio de la imprescriptibilidad es en su enunciado tradicional un residuo histórico inoperante, una innecesaria medida defensiva” (p. 135).


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[Publicado en Revista de Derecho Administrativo Económico, Nº 1, 2005] 
[Republicado en Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº 28, 2006] 

Un administrativista en manos de un romanista


Con mucho gusto me he sumado al homenaje que la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Santo Tomás han querido rendir a la memoria de su amigo el profesor Álvaro d’Ors.

La verdad, como se descubrirá al hilo de mis palabras, es que mi elección para integrar la mesa de oradores en esta ocasión no puedo explicarla sino por mi conocida admiración a ese sabio maestro (unida a un profundo agradecimiento a la ayuda y amistad que él me dispensó).

Por cierto, también es explicable mi presencia aquí, dada mi amistad, incentivada por él, con dos de sus discípulos más queridos, que también y con más propiedad comparten este homenaje, como es el caso de Francisco Samper y Alejandro Guzmán. Igualmente, no puedo dejar de mencionar que la presencia de Joaquín García-Huidobro es grata, dado que con Joaquín nos conocimos en Pamplona, y compartimos muchas actividades con don Álvaro. Estar junto a dios en este homenaje me llena de satisfacción.

Pues los nombres de los hoy profesores Bertelsen, junto a Samper y Guzmán, dicho así a secas (usando sólo sus apellidos) a la usanza española, estos últimos dos discípulos directos del maestro, dejaron una huella en Pamplona; ellos cimentaron ante el maestro que homenajeamos, y en la pléyade de grandes profesores de esa querida Universidad de Navarra, un gran prestigio. Por lo tanto, fue facilitador para los doctorandos chilenos que llegarnos allí después de ellos, como fue mi caso, el de Joaquín (García Huidobro) y de tantos otros compañeros.

Yo puedo decir que nos beneficiamos ampliamente de la huella de magníficos estudiantes y universitarios que habían dejado los profesores Sampa, Guzmán y Bertelsen en esa Universidad. Fue evidentemente la puerta de entrada para poder unir nuestra admiración hacia don Álvaro con el contacto personal.

Y desde este punto deseo partir, pues yo no fui discípulo directo de d'Ors (menciono a partir de aquí sólo su apellido, pues así sugería que se refiriese uno a é l al citarlo como autor, en los escritos; pero se hacía difícil). Lo que haré será transmitir un perfil de su figura, como académico, desde la perspectiva de un doctorando de derecho público, específicamente de derecho administrativo, con una tesis más específica aún: de una disciplina derivada del derecho administrativo: de derecho minero.

1. Una explicación de la conexión de un administrativista con el maestro d’Ors

Mi paso por la Universidad de Navarra estuvo centrado en obtener mi grado de doctor en la disciplina del derecho administrativo. Así, fui adscrito al departamento correspondiente, y tuve como director de: tesis asignado a un especialista de esa materia, al prof. Francisco González Navarro. Pero, a pesar de que mi preocupación principal era y es globalmente la disciplina del derecho administrativo, y algunas de sus subespecialidades, como el derecho de minería, pronto descubrí que había allí en esa Universidad un sabio, con tal renombre que cabía intentar conectarse hacia él del modo que fuera.

Esta idea existía en casi todos los doctorandos. Por cierto todos con una gran admiración, pero cada uno debía ver, con alguna prudencia, ya veremos por qué, si se acercaba o no al maestro. Primero, era cautivante su presencia física, los rumores de cómo era él, de sus discípulos chilenos (y ahí surgían inmediatamente los nombres de Guzmán y Samper), de sus cursos llenos de alumnos, de los seminarios de los viernes repletos de profesores y alumnos escuchándolo, de sus libros, en fin, de su inigualable paso hacia su escritorio en medio de los anaqueles de derecho romano en el segundo piso de la biblioteca de Humanidades.

Como fuese, sin posibilidad de entrar en detalles ahora, hablé con mi maestro y lo convencí de la necesidad de que en mi tesis cabía efectuar una reconstrucción histórica, y eso me llevaba a las aguas del derecho romano, y… por supuesto, me acercaba a la posibilidad de contacto con el sabio d 'Ors. Yo argumenté que parecía aceptable que en mi tesis hubiese un primer capítulo de derecho romano; y así se conversó entre ellos. Ambos aceptaron y logré mi objetivo: quedé por un tiempo en las manos de d 'Ors. Más bien, en las manos y en los papeles de d 'Ors.

Él aceptó de muy buena gana que yo comenzara a trabajar n el tema de las minas ante el derecho romano, pero… existían algunos inconvenientes, a los que me refiero en seguida.

2. Antecedentes que parecían infranqueables para trabajar con d’Ors

a) Primer inconveniente: “el derecho administrativo no es derecho”. El maestro tenía ideas muy particulares sobre las disciplinas de derecho público, y en especial del administrativo, a tal punto, que una de sus primeras opiniones, ineludibles ante el tema, me dejaron atónito: el maestro dijo: “Vergara, en realidad el derecho administrativo ¡no es derecho propiamente dicho!, es más bien parte de la ciencia de la organización social, y eso ha de saberlo Ud. desde un primer instante; vea lo que digo en mi librito Una introducción al estudio del derecho (del cual incluso Guzmán Brito hizo una edición en Valparaíso).”

Si bien parecía chocante, operó en mí como un acicate: debía intentar comprender por qué él decía eso. Simplemente me llevó a leer todo lo escrito por d'Ors que llegara a mis manos, en relación al derecho público. Y fue sencillamente fascinante. Entonces, este primer obstáculo fue superado por mi entusiasmo y su aceptación.

b) Segundo inconveniente: el latín y el derecho romano. Mi falta de conocimiento aceptable del latín y de la disciplina del derecho romano, en forma, pues el que fue mi profesor de pregrado en la Universidad de concepción en realidad era un buen profesor y una gran persona, pero no un investigador de la disciplina; era de aquellos profesores de derecho romano que llamamos, y aún ellos mismos solían llamarse, “profesores de derecho civil con latinazgos”. Pues bien, me puse a leer desesperadamente textos recomendados de derecho romano, partiendo por el DPR del maestro (así llamábamos al Derecho privado romano de d’Ors) y a profundizar mi modesto latín. De igual modo, este segundo obstáculo medianamente fue superado por mi entusiasmo y su desesperación.

c) Tercer inconveniente: un desmayo mítico. Un hecho dramático sobre el cual todos nos íbamos enterando podría haber actuado como disuasivo a mi firme voluntad de trabajar con el maestro: otro chileno, un doctorando, que aun permanecía en Navarra, dedicado a otra disciplina de derecho vigente, se le había ocurrido la misma idea mía de hacer un capítulo introductorio de derecho romano y se había puesto bajo las manos del maestro. Todos escurrían el siguiente rumor: Que ese doctorando chileno, después de una primera reunión y de un tiempo suficiente de intenso trabajo, le había llevado a d'Ors la primera versión de su capítulo para la revisión de d'Ors. Pero, se decía que la reacción de d'Ors, después de leerlo, seguramente fue tan honesta y rotunda que nuestro compatriota cayó simplemente desmayado en medio de la biblioteca de Humanidades, ante lo cual don Álvaro desesperado pedía ayuda, diciendo: “se desmayó el chileno, se desmayó el chileno...”. Bueno, este era un mito que corría por los pasillos y habrá que averiguar de quién se trató. Este tercer inconveniente tampoco me amilanó.

d) Cuarto inconveniente: ni un cuarto de discípulo. Yo no iba a ser claramente un discípulo del maestro, ni siquiera un cuarto de discípulo, como una vez me espetó, pero él aceptó que trabajase en la materia de derecho minero romano, dirigido por él. Hice con mayor o menor fortuna un capítulo sobre derecho minero romano. Debo confesar que no me desmayé ante los comentarios que me hizo el maestro luego de revisar la primera versión, pero cerca estuve de un desvanecimiento.

Entonces, es a partir de esta experiencia, desde la que deseo remarcar las cualidades personales y académicas del maestro: de un doctorando que sólo por empeño personal fue aceptado cerca del maestro.

3. La dedicación del maestro a los escritos de sus discípulos o dirigidos
Ese capítulo derecho minero romano sólo pudo ser escrito gracias a la guía  de d 'Ors, y aprendí de él no sólo un poco de derecho romano (sólo por mis carencias era poco, pues tenía ante mí a una de las más eminentes figuras europeas de la disciplina) sino por su actitud académica y humana admirable.

a) Su dedicación al escrito. Cada vez que yo busqué un momento para hablar o necesité de su tiempo para la revisión de mis borradores, así fuese día sábado, nunca obtuve una respuesta siquiera que significase dilación. Guardo como un tesoro académico el primer borrador que él corrigió de mi capítulo. Revisó cada línea. Aún en sus más duros comentarios hacía una entrega y una delicada forma de transmisión de sabiduría; nunca un comentario de descalificación, ni demoledor. Sólo honesto. Esa honestidad bastaba en todo caso, para quedar demolido algunas veces. Me quedó grabado el comentario general que el escribió en mi primer borrador: “Es notoria su falta de familiaridad con el derecho romano…” En la última versión me decía que había logrado sólo acercarme un poco…

Después de varias correcciones, cada vez más profundas,  me dio el pase, y aceptó que ese capítulo integrase mi tesis doctoral, y ello fue motivo de una gran alegría. Pero al costo de dejar muy poco tiempo para el resto de los capítulos, pues he de confesar que el promedio de horas y días de cada página del capítulo de derecho romano, fue casi el triple que el del resto de los capítulos. Pero para mí eso fue cautivante, motivador, formativo. No tengo sino palabras de agradecimiento.

La lección fue para mí permanente: aprendí que los profesores debemos corregir como corresponde los papeles que presentan los alumnos, y aun más las tesis. Eso es duro, por cierto, pero es algo muy importante de la huella que dejó en mí el sabio maestro.

b) Su dedicación personal. Pero el hecho mismo de que este maestro tuviese puesta su vista en el modesto papel de un doctorando chileno, sin más antecedentes que esos, me llenaba de alegría y me dejó otra lección permanente .Yo, un simple chileno, soy motivo de  atención de d'Ors, me decía a mí mismo, para tratar de convencerme. Resultaba impresionante. Pero, al mismo tiempo, exigente, pues no resultaba adecuado ir a hablar con d'Ors sin tener preguntas inteligentes. Y é l mismo así lo decía: “pregunta el que puede, responde el sabe”.

4. Un romanista en la formación de un administrativista

a) En la defensa de la tesis doctoral. Y así se originó mi contacto académico con d’Ors. Pero él fue leal a este cuarto de discípulo, y me acompañó hasta el día mismo de mi defensa de tesis doctoral, evento en el cual él insistió que deseaba estar, aunque era raro ya que él me había “dirigido” en un capítulo de la misma.  Pero él quería ver también como defendía yo algunos aspectos de método que fueron quizás tan relevantes como el tema de fondo mismo, por ejemplo, el método de investigación retrospectiva de los institutos jurídicos, pues me hacía partir la exposición desde el presente, esto es, desde el derecho vigente, hacia atrás, como río arriba, hasta llegar “al manantial romano”  expresión que le gustó mucho que yo escribiese.

Igualmente aprovecho de recordar a otro gran maestro que integró el tribunal de mi tesis, don Ismael Sánchez Bella, quien me dirigió en toda la parte de derecho histórico, con el cual tengo deudas académicas paralelas a las de d’Ors.

Volviendo a d 'Ors, aún recuerdo que una vez finalizada la defensa, dado que él no asistiría al almuerzo de estilo, lo fui a dejar en mi auto a su casa, junto a mi mujer, y en el  momento de bajar del auto, al despedirme de él en esa ocasión, me entrega un ejemplar de su DPR (ejemplar que constituye uno de los tesoros de mi biblioteca), con una dedicatoria preciosa, muy significativa.

b) Ese capítulo de derecho romano de mi tesis fue afortunado, pues tuve la alegría de verlo publicado después en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, gracias a Alejandro Guzmán.

Debo decir que seguramente el maestro debió haber sentido que con ese trabajo mío no quedaba para nada cerrado el tema; más bien al contrario; y fue así como más tarde entusiasmó seguramente a un discípulo, a Antonio Mateo, para que hiciese un trabajo sobre el derecho minero romano, recientemente publicado en 2001, el cual sí lo debe haber dejado conforme en cuanto a esfuerzo y resultados. A mí siempre me felicitó por el gran esfuerzo desplegado.

Pero así no termina mi conexión intelectual con d’Ors. Es más bien el comienzo.

5. La multitud de facetas científicas del maestro d’Ors

            Mi admiración por el maestro haría extensivo mi interés hacia otras facetas de la obra científica de d’Ors. Y a eso deseo referirme.

            a) El caso del dominio eminente. Ese fue otro capítulo de mi tesis doctoral, dado que existió en Chile una doctrina que explicaba el vínculo del Estado con las minas a través de ese concepto. Aunque no era un tema de derecho romano, el maestro nuevamente me dirigió el estudio de la materia introduciéndome en Grocio (siempre me repetía: Grocio fue un gran inventor de conceptos jurídicos), todos los racionalistas, hasta el derecho civil moderno. Dado que él notó que para el debate chileno era importante, me invitó especialmente a su seminario para que fuera ponente del tema, al que se le dedicó una tarde de discusión, a la que asistieron también algunos doctorandos chilenos. Fue un verdadero premio para mí como simple doctorando, exponer ante él y algunos de sus discípulos y doctorandos. Pero una lección por la variedad y amplitud de su mirada del derecho.

            b) La propietarización de los derechos. Luego de doctorarme, volví a Pamplona en varias ocasiones, durante el mes de febrero regularmente, y nuevamente me premió para exponer en su seminario otro tema que me preocupaba: lo que yo en definitiva llamé, con su ayuda, debo reconocerlo, la “propietarización” de los derechos, fenómeno cuya profundidad él percibió claramente. Nuevamente, demostraba el maestro su amplia comprensión. Me alegro de haber sido una especie de promotor, si bien le correspondió a Alejandro Guzmán hacer los aportes más significativos en este tema, a través de su libro sobre las cosas incorporales. Pero debo señalar que el maestro estuvo primero, incentivándome a mí a seguir con ese tema. Lamentablemente, no he tenido fuerzas ni ingenio para profundizarlo.

            c) Su posición sobre el derecho de propiedad y la economía. Mi admiración por el maestro me ha hecho republicar varios de sus trabajos en Chile (6 en total), pero el más arriesgado para nuestro medio tan liberal, fue su trabajo “Premisas morales para un nuevo planteamiento de la economía”, en la Revista Chilena de Derecho, en 1990, en donde afirma: “¡el comunismo es moralmente mejor que el capitalismo!” Luego otro escrito sobre la historia del derecho de propiedad y las modernas relaciones de trabajo en la empresa capitalista, en la Revista Temas  de la Universidad Gabriela Mistral.

            La verdad es que fue polémico aquél trabajo de 1990, y en los pasillos de la Universidad Católica varios se preguntaron sobre el tema; pero sólo escribió, contestándole a don Álvaro, el teólogo Jesús Ginés. Eso le gustó al maestro, quien me envió de su puño y letra la réplica, también publicada en esa Revista Temas. Eso muestra la atención que él dispensaba a las ideas ajenas y su ánimo por el debate académico.

            d) “Dedíquese mejor al derecho de aguas”. La verdad es que cuando le envié de regalo mi libro de derecho de aguas, en 1998, me hizo varios comentarios que denotaban su lectura de pasajes completos, lo que para mí fue y es motivo de orgullo. Pero es que él siempre me había insistido en me dedicara al derecho de aguas, más que al derecho minero. No sólo me lo decía porque sabía de mi tradición familiar, dado que mi padre había sido un especialista en la materia, sino por una razón extraacadémica: porque él consideraba que el derecho minero está cercano a una explotación realizada por extranjeros (así había sido en la Península Ibérica primero por los bárquidas y luego por los romanos; en América, primero por los conquistadores/colonizadores españoles y ahora por las empresas norteamericanas y de otros países, esto es, casi siempre extranjeras) y, agregaba: “Ud. tiene que ser abogado de extranjeros en definitiva. Distinto es el caso de las aguas, dado que la aprovechan los del lugar; y eso es socialmente más valioso”. Una idea del maestro…

e) Carl Schmitt. Mi admiración por este jurista alemán nació de mis conversaciones con d’Ors. No deseo profundizar esto, pero todos saben de la admiración de d’Ors por Schmitt, y de la nutrida correspondencia que mantuvieron (acaba de ser publicada en alemán). Esto se lo agradezco a él, y muchos en España ya reconocen el papel relevante de d’Ors en el conocimiento tan amplio que sobre el jurista alemán se tiene hoy.

f) Una crítica al maestro. Sólo meses antes de su deceso publiqué en nuestra Revista Chilena de Derecho una reseña a uno de sus últimos libros: El espacio y el derecho. Lamentablemente, no alcanzó a leerla pero supo de su preparación; aún más él me animó a hacerla, en un estilo admirable, sabiendo de mi disconformidad con su pensamiento en ese punto.

Qué distancia de argumentación entre mi sencilla reseña y su texto admirable, bello incluso, pero eso para mí es una de sus últimas lecciones: escríbala, a ver, a ver qué sacamos de ahí.

g) En fin, permítanme una debilidad, para referirme a una afición curiosa para algunos de mis amigos: mi juvenil y permanente admiración por Tintín, creado por el belga Hergé; o más bien por el fenómeno, por los álbumes y la literatura tintiniana, esa metáfora socio-política del siglo XX europeo. Cuando descubrí que d’Ors también compartía esa admiración, me dio ánimos para persistir en ella. Si el maestro se daba ese lujo, como me iba yo a avergonzar de este hobby mío, que hoy puedo considerar tranquila y públicamente como uno de los temas más serios a que dedico mi vida, por su cercanía con el alma humana.

6. El legado permanente de d’Ors para todo jurista: observad la multitud de libros, textos y temas que cubren su obra.

No puedo enumerar, pero muchas de ellas han sido y seguirán siendo importantes para mí.

Al comenzar a preparar este papel, tuve que mirar en varios sitios de mi biblioteca, en donde, diseminados en varios anaqueles, están los precisados ejemplares de los múltiples libros que sobre múltiples materias escribió d’Ors, y en los cuales siempre hay algo de interés. Dejando de lado su infinidad de aportes al derecho romano (sobre lo que no podría decir nada estando al lado de los romanistas Samper y Guzmán), sólo menciono algunos textos que les aseguro seguirán siendo muy importantes para nuestra formación:

a) Sus traducciones de la República y Las Leyes de Cicerón, con sus formidables prólogos.

b) Sus cuatro tomos sobre el Sistema de las Ciencias, que mis alumnos saben que abren cada curso de doctorado que realizo.

c) Su Nueva introducción al estudio del derecho, que es un verdadero golpe en la mente del jurista actual.

d) En fin, sus libros de escritos reunidos: desde sus escritos varios sobre el derecho en crisis; sus papeles del oficio universitario; los nuevos papeles; sus ensayos de teoría política; su Parerga Histórica; si crítica romanística; escritos todos estos para ser leídos una y otra vez; su preciado por razones de vivencia personal, La violencia y el orden, en donde hay una frase que deseo citar. Dice pertenecer a “una estirpe odiada por las izquierdas, pero que no inspira confianza a las derechas, quizás por su carácter puramente intelectual”.

Pero es que ahí está el valor de la obra permanente de d’Ors: su carácter puramente intelectual.

El intelecto de un romanista para todos los juristas.

            Yo le debo tanto… y sepa el lector que me emociono al cerrar este escrito en su homenaje. 




[En: Álvaro d’Ors, homenaje a un maestro (Santiago, Universidad Santo Tomás), 2005, pp. 87-98]

16 de abril de 2005

Código de Aguas y quórum calificado



El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un proyecto de ley en que el Congreso ha aprobado por ley simple materias que debieron ser aprobadas por ley de quórum calificado.

El proyecto de ley que modifica el Código de Aguas ha sido aprobado con una amplia votación de nuestros representantes tanto en la Cámara de Diputados (voto favorable de 99 diputados de un total de 113 en ejercicio) como en el Senado (voto favorable de 33 senadores de un total de 48 en ejercicio); reuniendo el quórum necesario tanto para aprobar leyes simples, de quórum calificado y aun leyes orgánicas constitucionales.

Las modificaciones abarcan varios aspectos y durante su tramitación todos los ciudadanos y los parlamentarios tuvimos oportunidad de debatir ampliamente, y una vez que se convierta en ley no nos quedará sino cumplirla o analizarla (doctrinariamente, en el caso de los juristas). No obstante, cabe destacar un tema de técnica legislativa: el procedimiento legislativo utilizado para aprobar las nuevas normas relativas a la adquisición de los derechos de aguas quebranta el artículo 19 N° 23 de la Constitución, que establece como garantía ciudadana su aprobación por leyes de quórum calificado. Reclamo, entonces, como ciudadano.

Entre otros, los artículos 140 N° 6 (exigencia nueva de memoria explicativa), 147 bis (facultad administrativa nueva de disminuir caudales solicitados), 1° transitorio (aplicación retroactiva de nuevas exigencias y de remates públicos) del proyecto, debieron ser aprobados por ley de quórum calificado, y tal requisito legislativo no consta que fue cumplido. Ello sin perjuicio del mejor o peor mérito sustantivo de tales disposiciones.

En efecto, este proyecto no sólo contiene materias propias de leyes de quórum simple, sino también materias propias de leyes de quórum especial. Así, establece atribuciones a tribunales, las que fueron aprobadas correctamente con el quórum de ley orgánica constitucional. Pero también contiene materias propias de ley de quórum calificado: aquellas que establecen "limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes", como es el caso de los derechos de aguas, de acuerdo al artículo 19 N° 23 de la Constitución; pero estas materias fueron aprobadas mediante ley simple. En esto consiste el incumplimiento de la Constitución.

Resulta patente que el acuerdo político alcanzado por diputados y senadores permitía y permitió reunir la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, necesaria para aprobar tales materias mediante un quórum calificado, pero como consta en la historia de la ley que la aprobación de aquellas materias se hizo a través de una ley de quórum simple, se ha configurado un quebrantamiento sustantivo de la Constitución.

Además del claro desprecio a una garantía ciudadana (mayoría calificada), esto tiene consecuencia, pues si se legisla nuevamente en el futuro sobre estas materias en las cuales el Constituyente elevó el quórum de aprobación, a pesar de ello, podrá seguir haciéndose por leyes de quórum simple.

En esta materia el Congreso ha actuado con la complicidad del propio Tribunal Constitucional, el que en 1997, en una discutida sentencia, concluyó que la adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas no está sometido al estatuto de adquisición de bienes de la garantía del artículo 19 N° 23 de la Constitución, dado que tal derecho tendría "un estatuto especial propio de ley común". Según tal sentencia, es una ley simple la que puede regular todo lo atinente a la solicitud, tramitación y resolución administrativa relativas a la adquisición de los derechos de aguas; afirmación que causa perplejidad, pues es un verdadero vaciamiento, en materia de aguas, de la cláusula constitucional. Cabe pedir respetuosamente al Tribunal Constitucional la revisión de tal criterio.

El proyecto está en tramitación ante tal Tribunal sólo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas relativas a procedimientos judiciales. Pero, dado que el Tribunal Constitucional es el guardián de la constitucionalidad, y ha recibido mediante oficio del presidente de la Cámara de Diputados el texto completo del proyecto de ley, en el que consta el flagrante quebranto de la Constitución, quizás pueda encontrar algún sendero para hacer valer la primacía de la norma constitucional.


Pero, dado que el Tribunal Constitucional es el guardián de la constitucionalidad, y ha recibido mediante oficio del presidente de la Cámara de Diputados el texto completo del proyecto de ley, en el que consta el flagrante quebranto de la Constitución, quizás pueda encontrar algún sendero para hacer valer la primacía de la norma constitucional.



[Publicado en El Mercurio, 16 de abril de 2005]

11 de abril de 2005

Reforma al Código de aguas: Un aspecto de técnica legislativa



El destacado académico y abogado especialista en Derecho de Aguas de la Universidad Católica expone a La Semana Jurídica su visión crítica sobre la Reforma.

Nos explica primeramente que el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, con el voto favorable de 99 diputados, de un total de 113 en ejercicio, y en el Senado, con el voto favorable de 33 senadores de un total de 48 en ejercicio. Claramente, reuniendo la mayoría absoluta exigida por la Constitución tanto para las leyes simples, como las de quórum calificado como las orgánicas constitucionales. "Actualmente dicho proyecto está en tramitación ante el Tribunal Constitucional, el que únicamente  deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de aquellas normas que establecen procedimientos judiciales. En el resto del articulado aprobado por ambas Cámaras ya no queda otro trámite que realizar, por lo cual, una vez emitida la sentencia del Tribunal Constitucional, el proyecto de Ley podrá ser promulgado y publicado como Ley por el Presidente de la República.

A modo do breve comentarlo crítico sobre esta reforma, le interesa recalcar al profesor Vergara Blanco que, sin perjuicio de los méritos de fondo de este proyecto,  la forma en que se aprobaron algunas de sus normas, se ha hecho con quebranto del artículo 19 Nº 23 de la Constitución. “El artículo 19 Nº 23 de la Constitución establece como garantía ciudadana que la adquisición o requisitos para adquirir derechos debe aprobarse por leyes de quórum calificado. Entonces, el Proyecto de ley, en aquellas materias que limita o establece requisitos a la adquisición de derechos de aguas –como el caso del artículo 147 bis del proyecto- debió ser aprobado por ley de quórum calificado, y tal requisito consta que no fue cumplido”, enfatizó.

Fundamenta lo anterior en cuanto un análisis atento de la constitución permite concluir que es este proyecto de ley se incluyen materia que podían y debían ser aprobadas con los tres caracteres señalados. “En primer lugar, todas aquellas que dicen relación con atribuciones de los tribunales – como fluye del artículo 74 de la Constitución- deben y fueron aprobados con el quórum de ley orgánica constitucional. Por otra parte, todas aquellas normas “que establezcan limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes”, como es el caso de los derechos de aguas –como fluye del artículo 19 Nº 23 de la Constitución- deben ser aprobados mediante una ley de quórum calificado, lo que no se hizo así. En fin, el resto de las normas pueden ser aprobadas mediante quórum simple (artículos 60 y 63 de la Constitución). Esta última es la regla general; aquellas –las leyes de quórum especial- son la excepción, manifestó este abogado especialista en Derechos de Aguas. Complementa lo antes expuesto, sosteniendo al respecto que “en efecto, lamentablemente, ambas Cámaras han aprobado este proyecto de ley distingüendo solo dos tipos de normas: las de carácter de ley orgánica constitucional y las de rango de ley común; olvidando que varias de las materias contenidas en dicho proyecto debieron aprobarse por ley de quórum calificado. Con ello, el Congreso ha vaciado de contenido el señalado artículo 19 Nº 23 de la Constitución. Agrega que si bien resulta patente que el acuerdo alcanzado por diputados y senadores permitía y permitió reunir la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio necesaria para aprobar ese tipo de leyes de quórum calificado, al no dejar constancia que el señalado artículo 147 bis fue aprobado como ley de quórum calificado, ha quedado en la historia legislativa escrita un quebrantamiento sustantivo del artículo 19 Nº 23 de la Constitución, con la anuencia de todos los votantes, y sin ningún voto disidente. “Y esto tiene una clara consecuencia: en el futuro; si se desea modificar por ejemplo este artículo 147 bis o se legisla nuevamente sobre las materias de la adquisición de derechos de aguas, ello podrá seguir haciéndose por leyes de quórum simple” sostuvo.


Concluye afirmando que, a su juicio en esto el Congreso ha actuado con la complicidad del propio Tribunal Constitucional, el que en una sentencia de 1997, en una discutible interpretación del texto constitucional, concluyó que la adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas no está sometido al estatuto de adquisición de bienes de la garantía del artículo 19 Nº 23 de la Constitución, dado que tal derecho tendría a su juicio, "un estatuto especial propio de ley común: argumentando que en esta materia prima el estatuto de "ley sin adjetivos” del artículo 19 Nº 24 inciso final de la Constitución “según tal sentencia  es una ley simple la que puede regular todo lo atinente a la solicitud, tramitación y resolución administrativa relativas a la adquisición da los derechos de aguas; afirmación que causa perplejidad, pues es un verdadero vaciamiento, en materia de aguas, de la cláusula constitucional”, opinó Alejandro Vergara Blanco.



[Publicado en La Semana Jurídica, Nº 231, 11 de abril, 2005]