Democracia, principios y control en García de Enterría. Nuevo homenaje.

 

Democracia, principios y control en García de Enterría. Nuevo homenaje.

"... Se trata de uno de los autores más leídos por los administrativistas de nuestro país, de ahí que quisiera destacar algunos de los aspectos que más unen a la cultura jurídica chilena e hispanoamericana con esa obra enorme que nos legó. Entre sus múltiples aportes a la ciencia de Derecho quisiera rememorar tres de sus contribuciones: al Derecho Administrativo, a la teoría del método jurídico y a la teoría de la democracia..:"

“…Democracia, método jurídico y control de la Administración, son temas que marcan la actual agenda jurídica, y ejes de la obra de un leído autor de Derecho Administrativo…”

En 2013 falleció Eduardo García de Enterría, sin lugar a dudas, el más grande jurista de Derecho Público y Administrativo de lengua hispana de la segunda mitad del siglo XX.

Se trata de uno de los autores más leídos por los administrativistas de nuestro país, de ahí que quisiera destacar algunos de los aspectos que más unen a la cultura jurídica chilena e hispanoamericana con esa obra enorme que nos legó. Entre sus múltiples aportes a la ciencia de Derecho quisiera rememorar tres de sus contribuciones: al Derecho Administrativo, a la teoría del método jurídico y a la teoría de la democracia, todas las cuales se conectan con los aspectos que marcan la agenda de las preocupaciones de los últimos tiempos en nuestro país. En el momento mismo en que este jurista de excepción nos dejó, y todavía hoy, las pulsaciones de tres relevantes aspectos de la agenda de discusión nacional pueden ser observados con el prisma de sus ideas y desarrollos.

Un homenaje más a un jurista inolvidable

Con sus escritos se formaron varias generaciones de juristas españoles, hispanoamericanos y, en especial, chilenos. Durante su brillante desempeño profesoral y científico recibió múltiples homenajes; fue investido del grado de doctor honoris causa por más de una docena de universidades; y su obra fue (y sigue siéndolo) objeto de un interés e impacto sin precedentes en la tradición jurídica hispanoamericana. Un primer homenaje académico son los Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría (Madrid, Editorial Civitas, 1991) 5 tomos; 4.345 pp.; y, el más reciente es La protección de los derechos frente al poder de la Administración. Libro homenaje al profesor Eduardo García de Enterría (Bogotá, Editorial Temis, 2014) 880 pp. Su impresionante curriculum, laudatorias, obituarios, escritos a propósito de su sensible fallecimiento, y hermosas fotografías pueden verse en el reciente volumen: Eduardo García de Enterría. Semblanzas de su vida y de su obra (Madrid, Civitas, 2014) 500 pp. En fin, cabe señalar un libro precioso, lleno de sentimiento de amistad y admiración, dedicado por Javier

Paricio: Eduardo García de Enterría: un recuerdo impresionista (Madrid, Marcial Pons, 2014) 86 pp.

Un renovador del Derecho Administrativo

Por la vía de sus múltiples libros, centenares de publicaciones y esa maravillosa generosidad de palabra y acogimiento sin límite con que prodigaba a quienes se le acercaran, ha dejado una huella tan honda que no hay casi nadie del mundo jurídico que no haya escuchado alguna cita o recuerdo suyo. Su luminosa presencia seguirá presente en nuestra cultura jurídica de un modo permanente, con esa huella histórica que sólo marcan los hombres de enorme grandeza. Sus reconocimientos en vida son tan impresionantes como la cálida sencillez de su extraordinaria personalidad.

Fue, ciertamente, el gran renovador del Derecho Público español; dan prueba de ello su influencia en aspectos sustanciales de la Constitución; su suave y decidido liderazgo en el nacimiento de la que se llamó, con honor y justeza, la “Escuela democrática del Derecho Administrativo español”; su rol en el renacimiento de los estudios jurídicos en la Universidad Complutense, y la creación de la Revista de Administración Pública, verdadera enciclopedia del Derecho Administrativo moderno.

El credo de un jurista: democracia, principios y control judicial

En un reciente ensayo, de una profesora francesa de Derecho Público, Lauréliene Fontaine, se pregunta por lo que es un «gran» jurista (Qu’estce qu’un «grand» juriste? Essai sur les juristes et la pensée juridique moderne, París, Lextenso éditions, 2012, 194pp.), analizando su actitudes íntimas y de frente a su comunidad; sus aportes y actitudes. Nosotros, en el caso del profesor García de Enterría, comprobamos empíricamente, asomándonos simplemente a su vida y obra, y respondemos al unísono: él fue, qué duda cabe, un gran jurista. El modelo de un gran jurista.

En primer lugar, siguiendo la juvenil y lúcida exposición de Kelsen sobre la democracia (Esencia y valor de la democracia, 2ª.ed. 1929; véase traducción castellana: Madrid, KRK ediciones, 2006, 231pp.), sin ningún complejo, apoya todo el desarrollo del control de las potestades discrecionales de la Administración, precisamente en su coherencia con ese valor fundamental de la convivencia que es la democracia, repitiendo una y otra vez ese apotegma según el cual el Derecho Administrativo todo no es sino el control de la discrecionalidad; mismo objetivo de la democracia: evitar la existencia de poderes desbocados, sin riendas en medio de la vida social. En esto luce un

libro imperecedero, lleno de fuerza, convicción y coherencia: Democracia, jueces y control de la Administración (5ª. ed., Madrid, Thompson, Civitas, 2000, 346 pp.), pleno de desarrollos densos y prácticos a la vez, que podría iluminar a jueces y juristas, en especial a cualquier legislador bienintencionado.

En segundo término, los principios generales del derecho fueron objeto de un premonitorio trabajo suyo, en 1961 (publicados después como: Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho, Madrid, Civitas, 1984, 182 pp.); tema que nunca abandonó, y fue un verdadero leit motiv de su obra, plagándola aquí y allá de nutritivas invocaciones a tales principios. Así, no cabe duda que la discusión contemporánea de la Filosofía y Teoría del Derecho sobre reglas y principios no se inauguró con la aguda crítica metódica que Dworkin lanzó en 1967 a la línea de flotación de la tradición filosófica del positivismo jurídico, incorporando principios al modelo formal de las reglas que esa tradición seguía propiciando con total irrealismo (véase Dworkin, Ronald,“The Model of Rules”, University of Chicago Law Review, 35 19671968, pp. 1446, luego incorporado a su: Taking Rights Seriously, 1977: Tomar los derechos en serio); sin perjuicio de que ese constituye el ataque más conocido y efectivo). La discusión de los principios, en medio de la más amplia del método, se había inaugurado antes en los juristas del «derecho continental», como es el caso de Eduardo García de Enterría (siguiendo epígonos famosos, como Betti, Esser, Del Vecchio, Larenz, entre otros), todo lo cual es anterior a la famosa formulación de Dworkin de 1967, en una escalada propia de una revolución científica, de cambio de un paradigma por otro, en el sentido de KUHN (The Structure of Scientific Revolutions, 1962: La estructura de las revoluciones científicas).

De ahí que cuando, en 2005, le pedí al profesor García de Enterría que prologase nuestra traducción a una serie de escritos de Franck Moderne, precisamente sobre el tema (Principios generales del derecho público, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, 301 pp.), su acogida no pudo ser más entusiasta.

En tercer término, el control judicial fue siempre objeto de todo su interés y desarrollos sustanciosos; todas sus investigaciones sobre el derecho subjetivo le dieron un signo especial a su obra, y todos sus últimos escritos están referidos a ello, en especial, una de sus últimas publicaciones, un bello y breve texto, es casi un epigrama (viendo su obra general), un verdadero concentrado: Las transformaciones de la justicia administrativa: de excepción singular a plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?, Madrid, Thompson, Civitas, 2007,148 pp.).

No deseo ni necesito citar aquí otras partes de su obra, la que seguramente ahora comenzaremos a visitar nuevamente (en aspectos a veces desconocidos: como es el caso de sus Dos estudios sobre la usucapión en derecho Administrativo, Madrid, Editorial Tecnos, 1974; 1ª.ed. 1954, en que se remonta al Derecho romano y a las fuentes medievales y modernas para dar con un caso práctico muy de actualidad). El único objetivo de estas líneas es rendirle un nuevo homenaje, sonsacando de su vasto legado, estos tres aspectos que parecen esenciales para el futuro del Derecho Administrativo chileno, y de cualquier país: su coherencia con la democracia; la necesidad de recurrir a los principios jurídicos, que están más allá de la ley; y, por último, no olvidar el fin de la disciplina: el control de la administración.

[El Mercurio Legal 2, de junio 2015]

Procedimiento concesional minero: desafíos para una mejor regulación

“…Existen desafíos y modernizaciones necesarias al procedimiento concesional minero, para dar seguridad y certeza a los actuales titulares de concesiones, como a los solicitantes…”

Quisiera comentar algunos problemas jurídicos del procedimiento concesional minero, que parecieran de actualidad. Una buena parte del desarrollo actual de la minería en Chile se sustenta en el libre acceso a las concesiones mineras, pues el ordenamiento jurídico actual disminuye considerablemente la discrecionalidad en su otorgamiento y, en la protección y seguridad jurídica de los títulos mineros, una vez constituida la concesión minera.

Ambos valores y objetivos están conectados con un sano procedimiento concesional.

En primer lugar, el fenómeno corrosivo de la superposición de concesiones mineras se produjo por deficiencias en los enunciados normativos (del Código de Minería, en especial). Esto origina dificultades para la explotación pacífica de ciertos yacimientos, en que un titular puede tener derechos preferentes, pero debe aceptar que el sistema legal sigue tolerando las superposiciones. Esta situación ocurre porque la doctrina del legislador ordinario del Código de Minería es distinta a la doctrina del legislador de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Así, mientras el Código de Minería parece propiciar la superposición de concesiones mineras, la Ley Orgánica Constitucional prohíbe tal superposición.

Esto lo ha venido a resolver la jurisprudencia en los últimos años. Pero se mantiene el incentivo a las superposiciones, dada la deficiente regulación al respecto.

Pero todos sabemos que, ante la ambigüedad del legislador, se ha producido una corrección por la vía jurisprudencial. En este contexto, existen al menos tres sentencias que tienen la virtud de aclarar la materia (las que mostré en una columna anterior). No obstante, vale la pena revisar esa regulación.

Un segundo tema, relacionado con el procedimiento, es la anomalía y oscuridad en torno a los Boletines Oficiales de Minería. A este tema me he referido en varias ocasiones, pero pareciera que todo esfuerzo crítico o doctrinario es inútil. Nadie más que yo se escandaliza. Es quizás una oscura trama que alguien oculta, no explicada a la opinión pública.

La necesidad de contar con este “Boletín” como parte del Diario Oficial, se encuentra establecida en el artículo 238 CM. Pero su vigencia quedó supeditada a la dictación de un reglamento especial. Este reglamento especial recién fue promulgado en 2005, mediante DS Nº6 del Ministerio de Minería, pero nunca ha entrado en vigencia, porque una seguidilla de doce Decretos Supremos han postergado esta situación; el último de ellos, publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de junio de 2014, establece que el reglamento entrará en vigencia el día 1º de julio de 2015.

A raíz de eso, siguen rigiendo disposiciones del Código de Minería de 1932; y las publicaciones deben hacerse en boletines departamentales cuya regulación está a cargo de la respectiva Gobernación (de la Intendencia, en el caso de Santiago) (arts. 4º trans. CM de 1983; 2º trans. RCM de 1983; arts. 222 y 242 CM de 1932), cuya regulación es oscura.

Lamentablemente, todo indica que este año celebraremos la décimo tercera prórroga del reglamento que regula la entrada en vigencia del Boletín Oficial de Minería como suplemento especial del Diario Oficial.

Un tercer tema, relacionado con el procedimiento, es muy práctico y “menor”: la absurda necesidad (establecida por el Código de Minería) de acompañar físicamente un ejemplar completo del Boletín Oficial de Minería en cada expediente de concesión minera.

Son incalculables los espacios que por esta pésima decisión regulatoria se han usado y seguirán usándose, en juzgados y archivos judiciales.

Los artículos 55 Nº 4 inc. 3º y 59 Nº 4 CM establecen la obligación de acompañar «un ejemplar» del Boletín Oficial de Minería en dos casos:

i)          cuando se presenta el escrito de solicitud de sentencia, en el contexto de una solicitud de concesión minera de exploración; y,

ii)         cuando se presenta el escrito de solicitud de mensura, en el contexto de una solicitud de concesión minera de explotación.

Hay dos soluciones mejores que la actual:

1º Eliminar la expresión «un ejemplar», reemplazar por la certificación del secretario; o

2º Soluciones como la establecida en la Ley Nº 19.903 de 2003, sobre Procedimiento para otorgar la posesión efectiva de la herencia, parecen más adecuadas a la realidad actual, toda vez que permiten la utilización de medios digitales, los cuales en definitiva hacen más transparente el procedimiento.

Pues bien, el Reglamento sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos establece que: “[l]a solicitud de posesión efectiva podrá también tramitarse a través de la página web del Servicio, caso en el cual deberá someterse a las disposiciones de la ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y su Reglamento (…)”.

La solución ofrecida por el legislador de la Ley Nº 19.903 de 2003 hace más operativa la norma para el caso del solicitante de la posesión efectiva. De igual modo, una modificación al Código de Minería y al Reglamento, en el sentido de incorporar medios tecnológicos en el procedimiento, haría más operativa la norma para el solicitante de una concesión minera.

En cuarto lugar, me atrevo a sugerir, el estudio de la eliminación de la operación de mensura.

Esta operación de medición del terreno, que es una actividad de campo, se enmarca en el procedimiento de constitución de una concesión minera de explotación, y consiste en construir en el terreno una estructura sólida que contiene una placa con información geo referencial; luego de eso, el perito geomensor acompaña al expediente judicial respectivo el acta de mensura, la cual contiene una serie de información técnica relacionada con las mediciones practicadas en terreno. Es el homólogo al deslinde que exige el Conservador de Bienes Raíces para inscribir un bien inmueble en el Registro de Propiedad.

En el siglo XIX, el deslinde de las minas era un requisito esencial para que los particulares adquirieran la llamada entonces “propiedad minera”. En pleno siglo XXI, parece anacrónico formular un “deslinde” en los términos de esa época, considerando que existe el sistema de coordenadas U.T.M., y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés).

Además, en atención a que el juez cuenta con una discrecionalidad muy reducida, pierde toda relevancia una medición a priori del terreno, y ese deslinde podría ser consolidado a posteriori.

De este modo, cada vez resulta más innecesario seguir continuamente mensurando los terrenos, pues bastaría con distribuir diferentes cuadrículas, a través de todo el país, de modo tal que si una concesionaria tiene una determinada cuadrícula minera, automáticamente, se debieran desestimar otras peticiones, con lo cual se evitaría el fenómeno de la superposición. Para esto, se necesitaría a lo menos una modificación legal de los arts.72, 74 y 79 CM.

Siguiendo la lógica enunciada en las sentencias previamente indicadas, cabe consignar que en un sistema sano de derecho minero, uno de sus principios ha de ser la proscripción de las superposiciones de concesiones mineras, pero falta decisión política para erradicar este problema, modificando la ley que regula el procedimiento (Código de Minería).

Estos cuatro temas, junto a otros, podrían ser analizados por el legislador para mejorar el procedimiento concesional minero.

 El Mercurio Legal, 2 de Abril de 2015. 

¡Tenía razón el contralor!

Señor Director,

A fines del año pasado el Contralor General de la República, de modo premonitorio, anticipaba que "...hay un montón de cosas inapropiadas o muy estúpidas que están pasando en el último tiempo...",  calificando con asertividad diversos cambios institucionales. 

No creo que exista un mejor observatorio que el órgano contralor, dirigido con singular éxito en los últimos años, para escrutar las fuentes del abuso, del descriterio, de la arbitrariedad, de la corrupción, del nepotismo, en fin, de la ilegalidad (y de la inmoralidad) en el sector público y privado. Por cierto, también para observar acciones nobles y correctas.

De ahí que el contralor tenía y tiene buenas fuentes para su certeza.

En lugar de indagar su pensamiento profundo y los temas de fondo, casi todos se escandalizaron, pues su aguijón habría tocado al hipersensible y supuestamente perfecto mundo de la política; pero sus palabras traslucían una ácida crítica tanto al mundo público como al privado,

Hoy observamos ciertos efectos del diseño institucional vigente y de la conducta de políticos, de sus parientes y de agentes públicos y privados.

La institucionalidad política pareciera no estar sana; los hombres que la manejan cuentan con una altísima desconfianza de la ciudadanía, y eso no cambiará hasta que no se realice la autocrítica y análisis de todo aquello que, con naturalidad, debamos calificar utilizando la asertividad, conducta o modo que pocos, tal como el Contralor, se atreven a utilizar.

Y los ciudadanos necesitamos representantes certeros.

Pero los modos que están más al uso son los extremos: o la pasividad o la agresividad, lo que sólo denota inseguridad.

[El Mercurio, 3 de marzo de 2015, Cartas,  p. A2]

¿Jueces politizados o creadores de principios jurídicos?

“…La jurisprudencia de nuestros tribunales, en especial de la Corte Suprema, suele despertar sospechas de activismo político, pues en varias materias es creativa, pretoriana, pero ¿no será que es la técnica de los principios jurídicos la que está detrás?…”

La jurisprudencia de nuestros tribunales, en especial de la Corte Suprema, en varias materias, es creativa, pretoriana, y eso a veces despierta sospechas de activismo político; pero pareciera que es necesario observar bien el fenómeno, pues quizás lo que está detrás de ello no es sino la ya vieja técnica de los principios jurídicos (o, como se les llama usualmente, principios generales del Derecho). Ahora bien, para evitar que esa libre creación jurisprudencial supere cotas intolerables de falta de razonabilidad, los juristas no podemos descuidar su escrutinio mediante comentarios sistemáticos, según nuestras especialidades.

La acusación de politización judicial es usual en nuestro medio

Es paradójico, pues la doctrina del poder Judicial, como tal, es tradicionalmente de apoliticismo. No obstante, un reciente editorial de El Mercurio (25 de diciembre, p. A-3), que analiza la jurisprudencia de 2014, en especial la emanada de la Corte Suprema, destaca dos aspectos “formales” (y su posible incidencia en el fondo de estas decisiones): la estrechez de las votaciones en las salas respectivas; y la incertidumbre que generan los cambios bruscos de doctrina. Se analiza en el editorial, asimismo, un fallo reciente que pareciera denotar un cierto activismo político contingente de la Corte Suprema. En fin, el editorial aboga por un esfuerzo en aunar líneas jurisprudenciales, “una mayor consistencia en la interpretación del derecho” y prescindencia de activismo político. Dejo de lado, por ahora, los temas del zigzagueo jurisprudencial y de la consistencia interpretativa; y sólo me refiero a esa acusación de activismo político.

Esos activismos que a veces sospechamos de los jueces también se pueden recelar de la Doctrina. Pues, igual que el juez, más que los valores de cada cual, el jurista (ante los vacíos de las leyes) debe intentar observar los designios del sistema de fuentes completo: los elementos normativos, ese espíritu del pueblo que anida en usos y costumbres y la jurisprudencia; en seguida, podrá ofrecer, con coherencia, sus doctrinas mediante esos principios y valores así auscultados. Por ejemplo, en el Derecho Administrativo, cada uno de sus cultores, como es natural, tiene y ostenta una tendencia ideológica, pero ello no los autoriza para desarrollar un activismo ideológico, en el sentido de alterar en sus interpretaciones los valores que el sistema ha instaurado a través de las fuentes del Derecho vigente, e intentar “llevar las aguas hacia su molino”, forzando o ignorando las fuentes democráticas del Derecho.

Para analizar este activismo político ocuparé una trilogía de ideas jurídicas archiconocidas: normas (unido al literalismo), principios (muy dworkiniano) y espíritu del pueblo (muy savignyniano).

Los jueces: ¿dictando sentencias más allá de la ley?

Lo que cabe preguntarse, en verdad, es si los jueces incorporan sus convicciones ideológicas personales en los fallos, o si lo que hacen (cada vez que van más allá de la ley) es simplemente fallar mediante la creación de principios jurídicos; lo primero, es deleznable; lo segundo, es legítimo y digno de elogio, no obstante que cabe hacer escrutinio de su razonabilidad.

Los jueces suelen usar la técnica de los principios con, al menos, tres propósitos:

1° para rellenar lagunas (carencias, vacíos, ausencias de normas), lo cual es obvio;

2° para salvar inexactitudes, ambigüedades, contradicciones de las normas que existen; y,

3° para acuñar fundamentos señalando que el espíritu de la legislación es tal o cual, o para invocar la equidad natural, aplicando el art.24 Código Civil.

[Cabe analizar más profundamente entre nosotros ese art.24; ahí ha estado siempre, se lo aplica sin citar en centenares de fallos y no nos hemos dedicado a teorizarlo. Es una no-norma, o auxiliar, o metódica; como queramos llamarle, pero no es una norma de fondo; la Corte Suprema lo ha captado bien y no acepta el recurso de casación en el fondo basado en la exclusiva infracción de este art.24, pues dice que es una norma «auxiliar», y no de fondo; eso significa que ese art. no es ni Derecho civil, ni nada. No es norma; ¿qué es? ¡Quizás un relleno metódico del Código Civil!] A través de estas tres vías, que han estado usando los jueces en materias de poca o mucha densidad normativa (un ejemplo de poca densidad normativa y alta creatividad jurisprudencial es el de la responsabilidad patrimonial civil y de la Administración), se ha desarrollado una jurisprudencia híper pretoriana y principialista.

A veces los jueces esquivan mencionar que usan la técnica de los principios, y dicen aplicar supletoriamente el Código Civil, pero la cita de tal Código suele ser innecesaria, pues en verdad el juez dicta su sentencia apelando a algún criterio de justicia contenido o que inspira alguna norma del mencionado texto. Por otro lado, hay una gran tendencia a citar normas; no suelen decir los jueces que no existen normas; quizás para evitar la nulidad de sus fallos.

Opción: jueces literalistas o principialistas

Pareciera que estos son los polos en que deambula el pensamiento judicial: literalismo o principialismo. Esta alternativa es más realista que pensar en una politización judicial en aquellos casos en que los jueces no pueden ser literalistas, y vayan más allá de la ley.

Quizás hace falta un análisis perspicaz de la técnica que parece estar presente cuando los jueces no son literalistas, pues el alejamiento del literalismo es usual y sucede en los casos en que los jueces perciben que la ley es contradictoria, ambigua o existen lagunas.

Debemos descartar que lo que se espera de los jueces es un legalismo literalista, y un apego estricto al texto aislado de las leyes; pues, si bien es en principio esperable el respeto a las leyes (alejándose de un mero literalismo), en la praxis existen ocasiones en que el apego a la letra no es ni posible ni aceptable, y todos esperamos que en tales casos los jueces sean principialistas.

En ese punto, el problema sigue siendo el escrutinio de la razonabilidad de ese salto dialéctico que realiza el juez desde la ausente ley al cielo de los principios; y es en este escrutinio donde se nota la ausencia de los juristas, como observadores críticos y sistemáticos de la jurisprudencia.

¿No son los principios jurídicos unos epigramas en los que se condensa el espíritu del pueblo?

Los principios jurídicos (esos que formulan los jueces cuando en su actuación observan y utilizan no sólo el desnudo texto de la ley, sino que la totalidad de las fuentes o dimensiones del Derecho) esconden, en su clásica fórmula epigramática, tan resumida y breve, un poso o sedimento del espíritu jurídico del pueblo, de la conciencia jurídica popular que ronda en los usos y costumbres, de la tradición jurídica actualizada en la mente y decisión del juez. Es, en fin, el modo que permite a los jueces cumplir la labor de “hacer justicia” (que es un valor), con o sin las leyes (normas) en aquellos casos en que no hayan leyes, o sean poco claras, o sea inútil todo intento de búsqueda de un espíritu general de la legislación, pues siempre el juez habrá de emitir un fallo.

Apelar a los usos y costumbres del pueblo, o a la conciencia o al espíritu popular, es no sólo romántico y democrático, sino que, además, real, verídico y necesario, pues ningún juez fallaría alejándose de lo que él cree que es el sentimiento de justicia popular, de ese pueblo del cual él es parte. Los jueces (y los juristas también) suelen tener un barómetro de esos sentires jurídicos del pueblo. Ese es un buen juez, aquel que entiende que la ley no es su única herramienta o fuente, que al fallar no se basa en sus convicciones personales, y que se eleva a la búsqueda del sentir jurídico popular, esto es, hacia esos principios que están en medio de la convivencia social, y que muchas veces no se han positivizado.

Las fuerzas espontáneas del espíritu del pueblo son captadas a través de los principios jurídicos, verdaderos filtros que, bien calibrados, jueces (y juristas) manejan a la perfección. Ese es, en buena parte, el rol democrático de la Jurisprudencia y de la Doctrina; pues el más depurado producto cultural que jueces y juristas ofrecen a su comunidad son, precisamente, los principios jurídicos. Estos actores (jueces y juristas), naturalmente, desarrollan mecanismos para ir a su caza.

Entonces, pareciera que los jueces, cuando actúan razonablemente, no resuelven los juicios pensando en que su decisión esté politizando su función o incorporando valores personales o de cualquier corriente filosófica. Pareciera que la mente de los jueces, al fallar una causa, está puesta en el proceso, en la relación jurídica singular y en la disciplina que está detrás de ella (siendo relevante su experiencia en esa disciplina: civil, penal, laboral, etc.), en los hechos de la causa, en las instituciones principales; es de tales sitios que fluye el sentido de justicia (principio) que, según percepción y experiencia, emana del sentir popular y no con su sentir personal o íntimo. Esto último (esto es, que cada juez fallara de acuerdo a su personalísimo sentir) sería la degradación del valor social de la justicia; algo parecido a la justicia del Cadí, pero en este caso según el sentir de cada juez. Y, dado que los jueces son parte de nuestra democracia, la justicia más democrática es aquella que, ante la falta de ley, mira al espíritu del pueblo; y ese espíritu late en los principios jurídicos.

[Publicado en, El Mercurio Legal, el 23 de febrero de 2015]

¿Una república sin juristas eruditos e independientes?

Alejandro Vergara: "...en nuestra república son unas rarae aves; quizás ahora ya hay menos incentivos para serlo, dado que son despreciados en instituciones cuya presencia sería natural y esperable...".

¿Podemos imaginarnos una república sin juristas? De aquellos comprometidos ideológicamente, ante cuya razonabilidad nos inclinemos, pero sin captura político partidista. En Chile, un puñado de intelectuales relevantes cumple ese doble canon, de independencia y erudición. Antaño, en sociedades no democráticas, lo eran solo héroes o suicidas; hoy es una opción.

Nuestra sociedad no los identifica bien y los confunde con otros técnicos del Derecho; en el último tiempo se los ha ido alejando de lugares en los que una sana democracia los necesita; pues no solo los políticos pueden interpretar los anhelos del pueblo, dado que los juristas son un filtro insustituible de la conciencia jurídica popular de su tiempo, y no deben ser desdeñados.

Es mínima su presencia en el espacio público y, a este ritmo, su figura tenderá a desaparecer. En los grandes debates, la ciudadanía necesita de respuestas técnicas, desde fuera de la "comunidad de militantes conjurados" propia del compromiso político partidista (Von Beyme) o de sus adláteres.

La sociedad necesita y tolera las respuestas de sus juristas, aun cuando sean ideológicamente comprometidas, y disputen entre ellos, dada la razonabilidad que ello aporta. Incluso a los mismos partidos políticos les favorece escuchar a técnicos independientes.

La democracia sería irreconocible sin representantes del pueblo y sin partidos políticos, pero su influencia debe estar acotada a su función; igualmente es legítimo que algunos juristas se afilien a partidos políticos; pero pareciera que es sano que también existan juristas e instituciones que se mantengan lejos de tales compromisos.

En la sociedad política conviven hombres del poder e intelectuales. Políticos carismáticos y partidos dominan los poderes Legislativo y Ejecutivo; son los "Hombres de acción". Aquellos ciudadanos que llamamos intelectuales, son los "Hombres de estudio"; siempre son técnicos en alguna disciplina específica; es el caso de todo jurista erudito. Ellos son especialistas en alguna materia o disciplina de Derecho (administrativo, penal, civil, laboral, constitucional u otra; no existen juristas enciclopédicos, que sepan de todas las ramas del Derecho); se los reconoce por su estela cultural; por una más o menos dilatada carrera profesoral, por el uso del método científico, y escritos y libros reconocidos, citados o indexados.

El ethos , carácter o modo de ser de tal jurista, es el propio de un intelectual o científico; suele realizar otras labores anexas a su tarea investigadora principal; por ejemplo la de profesor, de abogado o (a veces, cuando es llamado por la sociedad) de juez o integrante de una institución (como sería el caso del Tribunal Constitucional).

Pero la sociedad no suele captar con nitidez el papel de un jurista erudito, y lo confunde con cualquier abogado de la praxis, o con cualquier profesor de Derecho, o con los filósofos del Derecho; y, además, pareciera no valorizar el modelo de jurista independiente. Pero el espacio público necesita respuestas técnicas independientes, cuya erudición lejos de la conjura política no corra el peligro de perder razonabilidad.

La sociedad necesita ver situados a tal tipo de juristas en aquellas instituciones, como el Tribunal Constitucional, donde la militancia político partidista es problemática, origina ambigüedades y pareciera que pudiese llegar a impedir que ciertos objetivos de la democracia se cumplan.

En el Tribunal Constitucional, están situados unos singulares "jueces", quienes son (o debieran ser), a la vez, técnicos e independientes; de ahí que en una democracia sólida y coherente, tal institución no debe ser infiltrada por juristas no eruditos o adláteres de partidos políticos.

Por diversas razones culturales, en nuestra república, los juristas eruditos e independientes son unas rarae aves; quizás ahora ya hay menos incentivos para serlo, dado que son despreciados en instituciones cuya presencia sería natural y esperable. Esa impresión queda al observar, por ejemplo, el actual Tribunal Constitucional, en que la captura político partidista, al menos parcialmente, está bajo sospecha.

La corrosión quizás solo ha comenzado; y de ahí a un paso de la destrucción de una institución, o de su condena a la insignificancia jurídica y democrática.

Alejandro Vergara Blanco

Profesor titular de Derecho Administrativo

Pontificia Universidad Católica de Chile

      [Publicada en El Mercurio, el 17 de febrero de 2015]

El fenómeno de la «interpretación administrativa» de las leyes

“…La «interpretación administrativa» es una figura surgida al hilo del ingenio chilensis, que se ha enquistado en leyes y práctica de los órganos administrativos…”

La «interpretación administrativa» es una figura surgida a principios del siglo XX, al hilo del ingenio chilensis, que se ha enquistado en leyes y práctica de los órganos administrativos. Hoy, casi no hay Proyecto de Ley que reforme el marco regulatorio de los órganos de la Administración que no incorporen (o potencien) la pseudo-potestad de interpretar administrativamente las leyes sectoriales; además, suele ser utilizado este mecanismo, por la propia Administración, para mejorar su posición en diversos procedimientos ya judiciales o de control (mediante la estratagema de intentar hacer “vinculantes” tales auto-interpretaciones, tanto de frente al administrado o incluso ante los propios tribunales).

La interpretación jurídica es una herramienta, antes que nada, para la labor del Juez, y que en tal caso resulta vinculante, por la aplicación del Derecho que corresponda a una contienda suscitada entre partes, con un alcance limitado a éstos. No podemos dejar de mencionar la importante y útil interpretación efectuada por la Doctrina especializada en cada materia. El efecto de ésta última frente a terceros no es vinculante, si bien siempre puede resultar provechosa y de respaldo en la interpretación que realicen los otros actores de la escena jurídica.

Ambos (Jueces y Doctrina) integran lo que podríamos llamar “clasificación clásica” de intérpretes jurídicos; eso, en cualquier país, pero resulta que en el Derecho chileno, desde fines de la década de los años veinte del siglo XX, ha venido surgiendo una nueva y poco usual figura en la interpretación jurídica: el “intérprete administrativo”. Es a este tema que Alejandro Guzmán Brito dedica su reciente monografía jurídica: La interpretación administrativa en el Derecho chileno (Colección “Ensayos jurídicos”, Thomson Reuters, La Ley – Legal Publishing, Santiago, 2014) 235

páginas; y sobre la que deseo dar esta breve noticia, siguiendo la documentada investigación que ofrece este libro.

Esta figura nació con la Contraloría General de la República y su Contralor, la cual en la actualidad se dota no únicamente de funciones consultivas, sino también interpretativas. No obstante ello, este modelo paradigmático de “intérprete administrativo”, no es el único competente hoy en día para interpretar jurídicamente las normas administrativas. A partir de la década de los sesenta germinaron otros, como el caso del Director General del Servicio de Impuestos Internos, el cual ostenta la facultad de “aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”, de acuerdo al Código Tributario (CT); e “Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de impuestos” (según la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos); facultad que también se extiende a los

Directores Regionales. Y así sucesivamente fue otorgándose competencias de interpretación administrativa a diferentes Jefes del Servicio, órganos con facultades de supervigilancia o, en general, órganos con potestad de mando sobre inferiores jerárquicos en la escala funcionarial, hasta contar en la actualidad —según el autor— con veinte ejemplos.

En esta línea, Guzmán Brito sostiene, en su completísima y erudita obra, que no hay un molde concreto o pauta de diseño para esta potestad, por lo que apunta que se ha estado asistiendo a una implantación inorgánica, ante la cual, el autor, observando la realidad jurídica, se propone construir una senda o establecer un marco general, a través de los cuales pueda guiarse frente a la profusión del otorgamiento atomizado de la mentada facultad.

El autor parte situando al “intérprete administrativo”, proponiendo su delimitación frente a prototipos concretos de Derecho chileno y comparado, cuya ubicación, si bien en la mayoría de casos citados entronca dentro de la Administración pública, difieren de la función de la “Interpretación Administrativa”; pues dicen mayor relación con los órganos consultivos. De igual manera que no toda “interpretación administrativa” llevada a cabo por los funcionarios supone tal, será sólo la del Jefe de Servicio u órgano con potestad de mando la que deberá imperar por último. Es decir, no estamos ante un poder interpretativo difuso, sino más bien concreto.

En seguida, tras establecer el marco general de esta figura, así como los ejemplos más destacados, el autor va perfilándola en torno a diversas cuestiones de indudable interés, tanto teórico como práctico: cuál es su fuente de atribución; sobre quién recae su titularidad; el ámbito material de actuación interpretativa; la tipología de normas que puede interpretar; el grado de vinculación que genera frente a distintos sujetos; cómo solucionar posibles conflictos competenciales entre órganos con la misma función y similar campo de actuación, o inclusive qué debe hacerse ante la posibilidad que dos o más Jefes del Servicio interpreten la misma norma; la clasificación de dicha interpretación entre la diversa tipología existente, así como la naturaleza jurídica del acto interpretativo; el momento u ocasión de interpretación, así como la posibilidad de modificar con posterioridad; los límites hermenéuticos a los cuales dicha interpretación está sometida; y, por último, toda vez que Guzmán Brito defiende la naturaleza jurídica del acto interpretativo como acto administrativo, de conformidad con la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, su posibilidad de impugnación por parte de ciertos sujetos en vía administrativa y judicial.

Destaca en especial una conclusión a la que llega el autor, tras un exhaustivo análisis de los textos que examina; postula que la facultad de “interpretar” no únicamente proviene de una atribución expresa en ese sentido, sino que también puede surgir, por un lado, de la atribución en la aplicación de normas y, por el otro, de la posibilidad de supervigilar, por parte del Jefe del Servicio, a órganos distintos de los que éste encabeza.

Adicionalmente, este trabajo no se limita únicamente a exponer la realidad y sistematizarla, sino que también incorpora modelos de soluciones, de mayor o menor consistencia, con el propósito de cubrir ciertas lagunas que pueden eventualmente crearse ante la actuación de estos órganos. A mayor abundamiento, da respuesta a cuestiones suscitadas ante el factum del actuar de los “intérpretes administrativos”, planteando preguntas con sus respectivas respuestas, o en algunas ocasiones, formulando interrogantes que podrían ser abordados ajenamente con posterioridad.

La obra cierra su contenido con un completo y útil anexo, que contiene tres apéndices relacionados con el desarrollo de la temática expuesta, los cuales servirán de respaldo a quienes interese un posterior estudio, a partir de los parámetros fijados por el autor; a saber: una compilación de los textos legales que confieren la facultad de interpretar administrativamente a ciertos servicios o jefes de servicio, reproduciendo su contenido esencial y ordenado cronológicamente; una circular del año 2001 extendida por el Director del Servicio de Impuestos Internos sobre consultas y, por último, un dictamen del Contralor General de la República, de 1970, sobre los criterios interpretativos sobre leyes y reglamentos, emanados de dicho ente público.

Estamos ante una obra notablemente novedosa en cuanto a su desarrollo y posicionamiento frente a una realidad fuertemente apegada al Derecho chileno, que sin dudas brindará posteriores ocasiones de estudios dogmáticos en profundidad sobre los temas que plantea, los cuales ya cuentan con este gran avance, pudiendo ahora partir de la exhaustiva tarea sistematizadora, del desarrollo de teorías y formulación de principios efectuada por Guzmán Brito; es, en suma, un verdadero regalo que un autor del Derecho privado le brinda a la Doctrina y a la práctica del Derecho Administrativo, pues viene a llenar un vacío notable en la materia, y a proporcionar una inestimable ayuda para la explicación de este fenómeno tan arraigado en nuestro país.

[Publicado en El Mercurio Legal, el 31 de diciembre de 2014]

La larga ausencia de la Teoría y el Método en la enseñanza e investigación jurídicas

Diciembre de 2014

Al inicio de nuestra iniciativa dirigida a editar estos ensayos de Teoría del Derecho, no puedo sino justificarla con una reflexión sobre el olvido de esta disciplina en la actual enseñanza e investigación jurídicas en nuestro país, y las consecuencias que ello conlleva en la formación de los futuros abogados, jueces y juristas eruditos.

Agrego, igualmente, algunas palabras sobre el origen y contenido de este libro.

1. El olvido de la Teoría del Derecho en la actual enseñanza jurídica. La enseñanza de la Teoría del Derecho, esto es, del método jurídico, parece estar ausente del pregrado, post-grado y doctorado en Derecho. Ello es perceptible, sin perjuicio de destacables excepciones en algunas curricula.

Este olvido seguirá marcando negativamente a generaciones de jueces y abogados chilenos; el efecto es aún más grave en los programas de doctorado pues significa renunciar a formar juristas eruditos sino legistas ilustrados.

La enseñanza jurídica de pregrado dirigida a preparar a los futuros jueces y abogados prácticos, no solo debe estar dirigida a dar a conocer los más importantes microsistemas jurídicos (esto es, las distintas especialidades o disciplinas), sino que debe incorporar al menos un curso dedicado a la Teoría del Derecho; pues los juristas prácticos (jueces y abogados), necesitan conocer y utilizar con cierta soltura las destrezas o técnicas básicas del método jurídico.

Eso que es necesario, y a un nivel básico, en la formación de abogados y jueces, se torna esencial en la formación de un jurista erudito, y el método ha de ocupar un lugar de máxima relevancia en los programas de doctorado en Derecho.

Entonces, la Teoría del Derecho debe enseñarse, primero, en el pregrado de la carrera de Derecho, en el primer año. Al respecto cabe evitar dos usuales confusiones:

a) Confusión con el sucedáneo curso chilensis de “Introducción del Derecho”; y

b) Confusión con la Filosofía del Derecho, cuyo núcleo disciplinario es distinto al Derecho (partiendo por el dato epistemológico de que esa disciplina es parte de la “Filosofía”, y no del “Derecho”). Ello, no obstante la alta relevancia que cabe reconocer a la Filosofía del Derecho en la formación jurídica en los valores; igualmente es el caso de otras disciplinas fronterizas, como la Historia del Derecho o la Sociología del Derecho, muy relevantes para la enseñanza jurídica.

La ausencia de la enseñanza de la Teoría del Derecho en el pregrado impide comprender teóricamente el fenómeno jurídico y adquirir, en la etapa quizás más decisiva de la preparación de un abogado o de un juez, destrezas que le permitirían un saber jurídico profundo; es que un juez y un abogado sin elementos teóricos o metodológicos básicos, tiene un saber más superficial, y sus respuestas prácticas, probablemente, apenas abarcarán el mero dato legal.

Pero tal ausencia es culturalmente mucho más grave en un programa de doctorado en Derecho, pues ello puede llegar a marcar la diferencia entre la formación de un jurista erudito o de un simple legista (si bien algo más ilustrado que un licenciado), y esto podría estar ocurriendo. Ese puñado de universidades chilenas que actualmente ofrecen programas de doctorado en Derecho, tienen la oportunidad de autoevaluarse en este sentido; pues si la misión esencial de un programa de esta índole es formar investigadores en alguna de las ciencias o disciplinas especializadas del Derecho (Derecho administrativo, civil, penal, constitucional, etc.), que sean capaces de producir conocimiento nuevo y que lleguen a realizar docencia de excelencia, no se ve cómo se podrá lograr esos objetivos sin una intensa enseñanza del método jurídico. Formar a los juristas del futuro implica tener la certeza de que, con los elementos entregados desde el inicio de sus estudios hasta terminar su doctorado, ellos han conocido y lograrán manejar el método jurídico.

Es que el jurista erudito, una vez formado, cumple habitualmente dos misiones en el medio social:

i) tiene el deber ineludible de participar en la discusión de los temas relevantes para la sociedad en que vive, orientando la acción privada y pública con sus opiniones. La existencia de un grupo de juristas, formados en el método, fomenta además, la formación de verdaderas comunidades, integradas por personas de orientación científica, formadas en el hábito de la desapasionada y constructiva discusión interdisciplinaria; pues su propia formación los impele usualmente a crear, en general, un estilo intelectual abierto a la reflexión autónoma, y no sujeta a compromisos, capturas o conjuras, ya sea político-partidistas o de otra índole; ello sin perjuicio de las naturales tendencias ideológicas de los juristas.

ii) además, los juristas pueden ser unos excelentes colaboradores de los profesionales prácticos del Derecho: de jueces y abogados en el desempeño de sus respectivas labores, a través de la ampliación del conocimiento jurídico que producen con sus libros y ensayos, y con la docencia de pre y post grado que habitualmente imparten.

Los fundamentos teóricos que tiene a la vista un jurista erudito están indisolublemente unidos a la práctica jurídica, y la formación que se debe obtener en los programas de doctorado en Derecho debe contribuir de manera decisiva a mejorar no sólo la calidad y profundidad de ese análisis, sino esta indisoluble conexión del investigador con los profesionales de la práctica.

Esa conexión de la teoría con la práctica la posibilita el método jurídico; y al desconocer los profesionales del Derecho ese lenguaje común de la Teoría del Derecho (muchas veces, verdaderas contraseñas), la necesaria conexión entre juristas, por una parte; y abogados y jueces por otra, se pierde.

¿Cómo ha de ser entonces la enseñanza jurídica para lograr esa conexión entre saber práctico y saber teórico? La enseñanza debiese estar sólidamente asentada en los dos pilares indispensables de la formación jurídica:

i) en la metaciencia llamada “Teoría del Derecho”; y,

ii) en la formación de disciplinas especializadas.

En el pregrado, entonces, ofreciendo el curso de Teoría del Derecho; y, de modo equilibrado (entre aquellas de derecho público y derecho privado), las disciplinas más relevantes.  En el doctorado, ambos objetivos, en buena parte, se logran a través de la redacción de la tesis doctoral; dirigida, se supone, por un jurista erudito en el método y en la disciplina respectiva. Pero bien vale la pena incorporar también cursos regulares de Teoría del Derecho.

Es bifronte entonces el saber en que se sustenta todo el conocimiento jurídico; y ello cabe incorporarlo a la enseñanza de pregrado (dirigida a formar abogados y jueces, los prácticos del derecho), y a la enseñanza de doctorado (dirigida a la formación de un jurista).

En otras palabras, la enseñanza jurídica es completa si da a conocer no sólo el sistema de fuentes y los conceptos básicos de las ramas especializadas del Derecho, sino que, además (en especial a aquellos que pasarán a ostentar el denso calificativo social de juristas), también debe formar en la metodología de la ciencia del Derecho.

Sólo así, todo jurista, todo juez, todo abogado, podrá caracterizar con soltura los elementos básicos del fenómeno jurídico: por ejemplo, conocerá la teoría del ordenamiento, comprenderá la fenomenología de la interpretación, sabrá buscar los principios generales del derecho; reconocerá la dogmática jurídica como ciencia y arte; en fin, conocerá la literatura de los autores que conforman la doctrina de la disciplina que desarrolla; y las actuales líneas jurisprudenciales.

El marco adecuado de una docencia de doctorado en Derecho, ciencia esta que es per se práctica (esto es, no especulativa), pero necesitada de teoría. Su cumplimiento orientará a los egresados a iniciar sin temores el camino para convertirse en jurista erudito; esto es, aquel científico habilitado teóricamente para ofrecer a la sociedad algo más que ingeniosas elucubraciones o repeticiones basadas en la desnuda ley, sino esa amalgama de principios y valores que superan a la mera lex.

Los actuales programas de doctorado serán verdaderamente exitosos si sus egresados, en el mediano plazo, se transforman en juristas eruditos, que es lo que necesita nuestra sociedad, para (entre otros fines, como los señalados antes), realizar con prestancia el escrutinio del sistema legal y judicial.  Pero para formar un jurista más completo, los actuales programas de doctorado pudieran estar descuidando la metadisciplina de la Teoría del Derecho.

El actual olvido o ausencia de la enseñanza de la real disciplina de la Teoría del Derecho en muchas curricula de pregrado puede llegar a ser, en verdad, un verdadero estigma para los egresados de licenciatura en Derecho, y probablemente el origen de la criticada superficialidad de la enseñanza/aprendizaje del Derecho. Pero si este olvido se está comenzando a reproducir igualmente en los Programas de doctorado, puede llegar a marcar la diferencia del esperado aporte de las futuras generaciones de juristas; es la distancia entre la temida superficialidad y la esperada densidad de la cultura jurídica.

2. Origen y contenido de este libro. En este libro ofrezco los trabajos de mis alumnos en los cursos de Teoría del Derecho que impartí en programas de Doctorado. Entonces, el protagonismo es de aquellos jóvenes profesores que iniciaron en esa fecha su carrera doctoral; en efecto, es una selección y compilación de los trabajos realizados por los entonces alumnos de los cursos “Dogmática Jurídica y Sistema del Derecho vigente”, “Metodología Jurídica” y “Fundamentos Teóricos de la Ciencia del Derecho” del programa de Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que estuvo bajo mi dirección a principios de la década de los años 2000; y del curso “Sistema y Autonomía del Derecho Administrativo. El Mito del Código Civil como ‘Derecho Común’” del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Los Andes. Algunos de dichos artículos han sido publicados previamente por nuestros autores, aunque no de manera sistematizada, en revistas jurídicas nacionales.

Hemos compilado y organizado estos trabajos con la finalidad de proporcionar una obra dedicada exclusivamente a la Teoría del Derecho, como acercamiento, desde una visión actual e integral, a los principales temas que conforman dicha disciplina.

Me acompañó en esta empresa Daniela Rivera Bravo, como editora asociada, excelente universitaria e igualmente estudiosa de la metadisciplina metódica.

Entre las temáticas abordadas en esta recopilación destacan: los principios jurídicos y los valores; los métodos de interpretación jurídica, en especial, el gramatical y el literal; la concurrencia de normas y las técnicas para su integración; la teoría del hecho jurídico en la labor de jueces y juristas; la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados; la construcción de los núcleos dogmáticos de las disciplinas jurídicas; en fin, la jurisprudencia como fuente del Derecho.

Junto con venir a llenar un vacío existente en nuestra literatura y cultura jurídica, en que no existen publicaciones dedicadas únicamente a la Teoría del Derecho, hemos pretendido reafirmar la relevancia de esta metadisciplina para el estudio y comprensión de las ciencias jurídicas. Esperamos que este libro sea una herramienta que materialice el diálogo teórico que necesariamente debe producirse entre los especialistas de las distintas disciplinas especializadas del Derecho.

Finalmente, debo agradecer la valiosa contribución efectuada por los autores de los artículos que componen esta obra, quienes, en definitiva, la concretan y hacen posible, así como al equipo de investigadores y ayudantes del Programa de Derecho Administrativo Económico UC, en especial a Valeria Moyano Aquije, que han participado en su preparación. Todos estos esfuerzos han sido desplegados para una mejor difusión del conocimiento de la Teoría del Derecho, de manera de dar vida y dinamismo a una disciplina esencial para el estudio y comprensión del fenómeno jurídico.

[en: Dogmática y Sistema. Estudios de Teoría del Derecho, Vergara Blanco, Alejandro,Edit.(Santiago, ThomsonReuters – La Ley). 2014]



La larga ausencia de la teoria y el método en la enseñanza e investigación jurídicas