Alejandro
Vergara: "...en nuestra república son unas rarae aves; quizás ahora ya hay
menos incentivos para serlo, dado que son despreciados en instituciones cuya
presencia sería natural y esperable...".
¿Podemos
imaginarnos una república sin juristas? De aquellos comprometidos
ideológicamente, ante cuya razonabilidad nos inclinemos, pero sin captura
político partidista. En Chile, un puñado de intelectuales relevantes cumple ese
doble canon, de independencia y erudición. Antaño, en sociedades no
democráticas, lo eran solo héroes o suicidas; hoy es una opción.
Nuestra
sociedad no los identifica bien y los confunde con otros técnicos del Derecho;
en el último tiempo se los ha ido alejando de lugares en los que una sana
democracia los necesita; pues no solo los políticos pueden interpretar los
anhelos del pueblo, dado que los juristas son un filtro insustituible de la
conciencia jurídica popular de su tiempo, y no deben ser desdeñados.
Es
mínima su presencia en el espacio público y, a este ritmo, su figura tenderá a
desaparecer. En los grandes debates, la ciudadanía necesita de respuestas
técnicas, desde fuera de la "comunidad de militantes conjurados"
propia del compromiso político partidista (Von Beyme) o de sus adláteres.
La
sociedad necesita y tolera las respuestas de sus juristas, aun cuando sean
ideológicamente comprometidas, y disputen entre ellos, dada la razonabilidad
que ello aporta. Incluso a los mismos partidos políticos les favorece escuchar
a técnicos independientes.
La
democracia sería irreconocible sin representantes del pueblo y sin partidos
políticos, pero su influencia debe estar acotada a su función; igualmente es
legítimo que algunos juristas se afilien a partidos políticos; pero pareciera
que es sano que también existan juristas e instituciones que se mantengan lejos
de tales compromisos.
En
la sociedad política conviven hombres del poder e intelectuales. Políticos
carismáticos y partidos dominan los poderes Legislativo y Ejecutivo; son los
"Hombres de acción". Aquellos ciudadanos que llamamos intelectuales,
son los "Hombres de estudio"; siempre son técnicos en alguna
disciplina específica; es el caso de todo jurista erudito. Ellos son
especialistas en alguna materia o disciplina de Derecho (administrativo, penal,
civil, laboral, constitucional u otra; no existen juristas enciclopédicos, que
sepan de todas las ramas del Derecho); se los reconoce por su estela cultural;
por una más o menos dilatada carrera profesoral, por el uso del método
científico, y escritos y libros reconocidos, citados o indexados.
El
ethos , carácter o modo de ser de tal jurista, es el propio de un intelectual o
científico; suele realizar otras labores anexas a su tarea investigadora
principal; por ejemplo la de profesor, de abogado o (a veces, cuando es llamado
por la sociedad) de juez o integrante de una institución (como sería el caso
del Tribunal Constitucional).
Pero
la sociedad no suele captar con nitidez el papel de un jurista erudito, y lo
confunde con cualquier abogado de la praxis, o con cualquier profesor de
Derecho, o con los filósofos del Derecho; y, además, pareciera no valorizar el
modelo de jurista independiente. Pero el espacio público necesita respuestas
técnicas independientes, cuya erudición lejos de la conjura política no corra
el peligro de perder razonabilidad.
La
sociedad necesita ver situados a tal tipo de juristas en aquellas
instituciones, como el Tribunal Constitucional, donde la militancia político
partidista es problemática, origina ambigüedades y pareciera que pudiese llegar
a impedir que ciertos objetivos de la democracia se cumplan.
En
el Tribunal Constitucional, están situados unos singulares "jueces",
quienes son (o debieran ser), a la vez, técnicos e independientes; de ahí que
en una democracia sólida y coherente, tal institución no debe ser infiltrada
por juristas no eruditos o adláteres de partidos políticos.
Por
diversas razones culturales, en nuestra república, los juristas eruditos e
independientes son unas rarae aves; quizás ahora ya hay menos incentivos para
serlo, dado que son despreciados en instituciones cuya presencia sería natural
y esperable. Esa impresión queda al observar, por ejemplo, el actual Tribunal
Constitucional, en que la captura político partidista, al menos parcialmente,
está bajo sospecha.
La
corrosión quizás solo ha comenzado; y de ahí a un paso de la destrucción de una
institución, o de su condena a la insignificancia jurídica y democrática.
Alejandro
Vergara Blanco
Profesor
titular de Derecho Administrativo
Pontificia
Universidad Católica de Chile
[Publicada
en El Mercurio, el 17 de febrero de 2015]
