17 de febrero de 2015

¿Una república sin juristas eruditos e independientes?


Alejandro Vergara: "...en nuestra república son unas rarae aves; quizás ahora ya hay menos incentivos para serlo, dado que son despreciados en instituciones cuya presencia sería natural y esperable...".

¿Podemos imaginarnos una república sin juristas? De aquellos comprometidos ideológicamente, ante cuya razonabilidad nos inclinemos, pero sin captura político partidista. En Chile, un puñado de intelectuales relevantes cumple ese doble canon, de independencia y erudición. Antaño, en sociedades no democráticas, lo eran solo héroes o suicidas; hoy es una opción.

Nuestra sociedad no los identifica bien y los confunde con otros técnicos del Derecho; en el último tiempo se los ha ido alejando de lugares en los que una sana democracia los necesita; pues no solo los políticos pueden interpretar los anhelos del pueblo, dado que los juristas son un filtro insustituible de la conciencia jurídica popular de su tiempo, y no deben ser desdeñados.

Es mínima su presencia en el espacio público y, a este ritmo, su figura tenderá a desaparecer. En los grandes debates, la ciudadanía necesita de respuestas técnicas, desde fuera de la "comunidad de militantes conjurados" propia del compromiso político partidista (Von Beyme) o de sus adláteres.

La sociedad necesita y tolera las respuestas de sus juristas, aun cuando sean ideológicamente comprometidas, y disputen entre ellos, dada la razonabilidad que ello aporta. Incluso a los mismos partidos políticos les favorece escuchar a técnicos independientes.

La democracia sería irreconocible sin representantes del pueblo y sin partidos políticos, pero su influencia debe estar acotada a su función; igualmente es legítimo que algunos juristas se afilien a partidos políticos; pero pareciera que es sano que también existan juristas e instituciones que se mantengan lejos de tales compromisos.

En la sociedad política conviven hombres del poder e intelectuales. Políticos carismáticos y partidos dominan los poderes Legislativo y Ejecutivo; son los "Hombres de acción". Aquellos ciudadanos que llamamos intelectuales, son los "Hombres de estudio"; siempre son técnicos en alguna disciplina específica; es el caso de todo jurista erudito. Ellos son especialistas en alguna materia o disciplina de Derecho (administrativo, penal, civil, laboral, constitucional u otra; no existen juristas enciclopédicos, que sepan de todas las ramas del Derecho); se los reconoce por su estela cultural; por una más o menos dilatada carrera profesoral, por el uso del método científico, y escritos y libros reconocidos, citados o indexados.

El ethos , carácter o modo de ser de tal jurista, es el propio de un intelectual o científico; suele realizar otras labores anexas a su tarea investigadora principal; por ejemplo la de profesor, de abogado o (a veces, cuando es llamado por la sociedad) de juez o integrante de una institución (como sería el caso del Tribunal Constitucional).

Pero la sociedad no suele captar con nitidez el papel de un jurista erudito, y lo confunde con cualquier abogado de la praxis, o con cualquier profesor de Derecho, o con los filósofos del Derecho; y, además, pareciera no valorizar el modelo de jurista independiente. Pero el espacio público necesita respuestas técnicas independientes, cuya erudición lejos de la conjura política no corra el peligro de perder razonabilidad.

La sociedad necesita ver situados a tal tipo de juristas en aquellas instituciones, como el Tribunal Constitucional, donde la militancia político partidista es problemática, origina ambigüedades y pareciera que pudiese llegar a impedir que ciertos objetivos de la democracia se cumplan.

En el Tribunal Constitucional, están situados unos singulares "jueces", quienes son (o debieran ser), a la vez, técnicos e independientes; de ahí que en una democracia sólida y coherente, tal institución no debe ser infiltrada por juristas no eruditos o adláteres de partidos políticos.

Por diversas razones culturales, en nuestra república, los juristas eruditos e independientes son unas rarae aves; quizás ahora ya hay menos incentivos para serlo, dado que son despreciados en instituciones cuya presencia sería natural y esperable. Esa impresión queda al observar, por ejemplo, el actual Tribunal Constitucional, en que la captura político partidista, al menos parcialmente, está bajo sospecha.

La corrosión quizás solo ha comenzado; y de ahí a un paso de la destrucción de una institución, o de su condena a la insignificancia jurídica y democrática.

Alejandro Vergara Blanco
Profesor titular de Derecho Administrativo

Pontificia Universidad Católica de Chile





      [Publicada en El Mercurio, el 17 de febrero de 2015]