21 de febrero de 2005

El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción contencioso administrativa especializada. Elementos para el análisis.



Se ofrece en este trabajo un sencillo análisis crítico de la situación de la jurisdicción contencioso administrativa en Chile[1], en especial del recurso de protección de garantías fundamentales como su parcial sustituto. Parte el autor exponiendo los criterios usuales de distinción de los sistemas contencioso administrativos en el derecho comparado. En seguida, se revisa la evolución histórica de la ausencia de un orden jurisdiccional especializado en lo contencioso administrativo; y luego, se expone la situación de búsqueda de una jurisdicción administrativa a través del recurso de protección, y los problemas que éste plantea. Cierra el trabajo algunas conclusiones.

Introducción: Sistemas comparados de contencioso-administrativo.

Para comprender la situación chilena, podemos revisar, siquiera brevemente, cómo se han establecido la jurisdicción contencioso administrativa en el resto del mundo, y compararla con Chile[2].

1. Definición. El contencioso-administrativo cabe definirlo como el conjunto de recursos abiertos a los administrados para someter a un juez los litigios que los oponen a la Administración.

a) Desde la perspectiva de los administrados, estos recursos garantizan sus libertades, sus derechos, incluso sus simples intereses contra los abusos de la Administración. Ellos pueden obtener, a la vez, la anulación de los actos ilegales (a través del llamado "contencioso de anulación") y la reparación de los daños de que ellos son víctimas ("contencioso de indemnización" o "de plena jurisdicción")

b) Desde la perspectiva de la Administración, estos recursos permiten al juez ejercer un control sobre la Administración, esto es, de obligar a respetar la regla de derecho (contencioso de anulación) y de obligar a reparar el perjuicio causado (contencioso de indemnización).

2. Características. Este contencioso se caracteriza por tres rasgos o características principales:

a) los recursos son entablados ante un juez, o una autoridad que, por definición debe ser imparcial, independiente del Gobierno y de la Administración;

b) el juez falla, sentencia o dictamina en derecho, no en equidad, y se limita a controlar el respeto de la regla de derecho; y

c) el control se ejerce a posteriori sobre las decisiones tomadas por la autoridad administrativa.

Estas tres características lo distinguen del control no jurisdiccional[3].

3. Los sistemas comparados de contencioso administrativo. Los recursos jurisdiccionales deben conciliar a la vez el respeto a la legalidad y a los derechos y libertades individuales; como también el respeto de las potestades y prerrogativas necesarias de la Administración para asumir su misión y dirigir los servicios públicos. Estos son elementos difíciles de conciliar, y los sistemas de control jurisdiccional son diferentes según los países y ninguno es perfecto. Existe en el mundo occidental tres grandes sistemas de control jurisdiccional:

a) el sistema francés. Este sistema consiste en someter a la vez el contencioso de la legalidad y el contencioso de la indemnización a un solo juez especializado, el juez administrativo, independiente del juez judicial de derecho común. Tiene la ventaja  de la independencia de la jurisdicción, y su carácter especializado. Tiene el inconveniente de los numerosos conflictos de competencia entre los dos órdenes jurisdiccionales.

b) los sistemas mixtos (Alemania, Italia, Países Bajos). Estos sistemas consisten en someter el contencioso de la legalidad al juez administrativo; mientras que los recursos de pleno contencioso en materia contractual y en materia cuasidelictual los conoce el juez judicial. La ventaja es que la repartición de competencias entre los dos órdenes es más lógica[4]: cuando la Administración actúa ejerciendo prerrogativas de potestad pública, es controlada por el juez administrativo; y cuando actúa como un particular (servicios públicos o causa daños) es tratada como una particular y se debe recurrir al juez de derecho común. El inconveniente es que la repartición de competencias conlleva dificultades.

 c) el sistema anglosajón y español (Gran Bretaña, Estados Unidos y España). Consiste en confiar al juez judicial la integridad del contencioso-administrativo. Pareciera ser el mejor sistema por su simplicidad, pero tiene ventajas e inconvenientes. Es ventajoso que los justiciables recurran al juez habitual. Pero es un in conveniente que usualmente los jueces judiciales manifiestan una cierta reserva para censurar a la Administración, a la que por lo demás suelen conocer poco. Pero en esto hay muchas variaciones, y existe una cierta tendencia a crear múltiples instancias especializadas de litigios administrativos.

4. La situación en Chile. Pues bien, ninguno de estos sistemas rige en Chile, aunque quizá se acerca a este último. Pues la situación es bastante anárquica: de partida, no existe orgánicamente la jurisdicción administrativa especializada, ni dentro del Poder Judicial ni como rama de la Administración, ni siquiera de manera independiente. No está definida como tal, y se trata de una ausencia y dispersión que ha originado cauces por vías anormales, según veremos infra.


l. Historia de la ausencia de una jurisdicción contencioso-administrativa especializada y actual situación.

1. Historia de la ausencia de un contencioso especializado de general aplicación. Aun a riesgo de difundir algo ya muy conocido, para los efectos de este trabajo panorámico, es necesario señalar los hitos fundamentales de la ausencia de contencioso-administrativo especializado en Chile.

a) La Constitución Política de 1925 contenía una disposición, que se tornó de aquellas que dramáticamente hubo que llamar "programáticas", en virtud de la cual se previó la creación de tribunales administrativos. Al mismo tiempo la ley limitaba la jurisdicción del Poder Judicial a las causas civiles y criminales que estableciera la ley. A raíz de eso la doctrina y la jurisprudencia judicial de la época mayoritariamente entendieron que en virtud del principio de la separación de poderes, tales tribunales no tenían la competencia para conocer causas de la materia contencioso administrativa.

En virtud de ello se concluía que se trataba de un vado legal y que mientras el legislador no actuara, los Tribunales ordinarios debían abstenerse de llevar a juicio a la Administración.

Esto produjo una gran indefensión de los particulares en sus pretensiones de frente a la Administración, en aquellos casos en que ésta lesionaba sus derechos; sin perjuicio del papel limitado que cabe reconocer a la Contraloría General de la República[5].

b) El texto primigenio de la Constitución Política (CP) de 1980, sin embargo, persistió en la idea de la creación especializada de estos tribunales de lo contencioso administrativo. Así, en su art. 38 inc. 2° reiteró la necesidad de creación de los "tribunales contencioso-administrativos que determine la ley"; y, en seguida, en el art. 79 CP restringió la potestad del Poder Judicial sólo a los "negocios de su competencia", fórmula que excluía, entonces, a la materia contencioso-administrativa. Todo parecía indicar que esta vez los tribunales especiales administrativos no quedarían sólo en el texto desnudo de la CP, sino que serian creados. Pero ello no ocurrió así...

c) En 1989, mediante plebiscito, la CP de 1980 fue modificada en variados aspectos, y en la materia se incluyeron las dos siguientes modificaciones: 1 °) se suprimió la frase "contencioso-administrativo" del art. 38 inc. 2° CP, quedando la frase genérica, dirigida a los "tribunales que determine la ley"; y 2°) en el art. 79 se eliminó la referencia explícita a los tribunales contencioso-administrativos.

A raíz de estas modificaciones constitucionales, en todo caso no se ha concluido, ni por la doctrina ni por la jurisprudencia (como antaño), que la Administración tendría inmunidad jurisdiccional por virtud del sacrosanto principio de separación de poderes. Sino que se ha impuesto la sana doctrina de la plenitud jurisdiccional de los Tribunales que integran el Poder Judicial, dada la inexcusabilidad a que están sujetos[6].

Este es el contexto histórico. Ahora un análisis dogmático.

2. Órdenes de jurisdicción vigentes y justicia contencioso-administrativa.  ¿Cómo está determinada la competencia jurisdiccional en materia contencioso administrativa en Chile? Si es difícil usualmente identificar el juez habilitado para resolver un conflicto, en nuestro país ello tiene dificultades irritantes, pues en el caso de la jurisdicción administrativa, ésta no existe orgánicamente, y cabe recabarla en los tres órdenes de jurisdicción existentes.

En efecto, funcionalmente, la justicia chilena comprende tres órdenes de jurisdicción:

a) Primer orden jurisdiccional: la justicia constitucional. Le corresponde tanto al Tribunal Constitucional (TC) como a la Corte Suprema (CS) reunida en Pleno:

(i) El TC es juez a priori y realiza un control concentrado de constitucionalidad: declaración de inconstitucionalidad de los proyectos de ley, ya sea por la vía de una cuestión de constitucionalidad o por la vía del control preventivo de las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificado. En este caso, se trata de contencioso anulatorio de leyes, y en virtud de la sentencia el proyecto de ley no se podrá convertir en ley.

(ii) la CS es juez a posteriori: declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes para causas especificas, sin efectos generales. En este caso, la sentencia sólo tiene efectos relativos para la causa en que se invoca y declara la inaplicabilidad; la ley sigue vigente.

Este es un sistema mixto de control de constitucionalidad: mitad al estilo europeo; mitad al estilo norteamericano.

b) Segundo orden jurisdiccional: la (dispersa) justicia contencioso-administrativa. No hay organicidad alguna; más bien una gran dispersión, como analizamos infra. Le corresponde tanto al Tribunal Constitucional, como a los Tribunales ordinarios y especiales de justicia, que integran el poder judicial, como también a otros órganos independientes (tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial ni de la Administración). A veces también la ley, con una dudosa legitimidad constitucional, le asigna el papel de juez a un órgano de la Administración.

(i) El TC ejerce la función de jurisdicción contencioso-administrativa al resolver la constitucionalidad de los decretos y reglamentos (art. 82 N°s. 3, 5, 6 y 12 CP).

(ii) Los tribunales ordinarios que integran el poder judicial ejercen la plenitud de la jurisdicción contencioso-administrativa, de modo supletorio y general, ante la inexistencia de tribunales especiales de lo contencioso administrativo con competencia general. Conocen de todas las acciones contencioso-administrativas especiales, como por ejemplo las reclamaciones en contra de superintendencias y servicios, contenidas en leyes especiales (reclamos especiales contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios; en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; en contra del Director General de Aguas, etc.). Son estas acciones especiales de reclamación contencioso-administrativas, y dan origen a un proceso contencioso-administrativo.

(iii) Existen órganos independientes que no forman parte ni de la Administración ni del Poder Judicial, con potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. Es el caso especial del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos[7].

(iv) Existen órganos de la Administración con potestad jurisdiccional en el orden contencioso administrativo (en que ésta puede tener el carácter de juez y parte: es el caso del Director del Servicio de Impuestos Internos, en el contencioso administrativo tributario).

En todo caso, el sistema de control de la juridicidad administrativa también incorpora un órgano independiente de la Administración que ejerce la supervigilancia: la Contraloría General de la República (cuyo papel se analiza en el capitulo siguiente).

c) Tercer orden jurisdiccional: la justicia ordinaria. Está confiado a los Tribunales que integran el Poder Judicial, que tienen potestad de imperio y que están sujetos a la Superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

Son en general estos tribunales los que conocen todo tipo de conflictos, civiles y criminales. Conocen de todo tipo de conflictos, en especial aquellos que no caben dentro de los órdenes anteriores, pues tienen otorgada la plenitud jurisdiccional común; y en especial a ellos también les están confiados los recursos extraordinarios relativos a las garantías fundamentales. Es el caso de las dos siguientes acciones extraordinarias:

(i) Recurso de Amparo. Es el tradicional hábeas corpus. En su virtud "todo individuo que se halle arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes" puede ocurrir ante los tribunales en busca de protección de su libertad (art. 21 CP).

(ii) Recurso de Protección. Para el caso de las garantías fundamentales de contenido patrimonial la CP creó esta acción especial y extraordinaria, en virtud de la cual "el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de los derechos y garantías" que enumera la CP (propiedad, libre empresa, igualdad y otras), puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que según la CP: "adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes" (art. 20 CP).

Al recurso de protección no es posible considerarlo per se en ninguno de los órdenes jurisdiccionales desarrollados supra (constitucional o contencioso-administrativo), pues: 1º no constituye esencialmente un control de constitucionalidad como el que ejerce el TC; y, 2° ni cabe calificarlo de proceso únicamente contencioso-administrativo.  No obstante este origen del Recurso de Protección, inserto en el orden judicial ordinario, y dirigido a garantizar la propiedad, la igualdad y otros derechos fundamentales, ante cualquier atentado, ha devenido, según veremos, en un sustituto del orden jurisdiccional administrativo, ante la ausencia de un adecuado orden administrativo especializado.

Este es el esquema dogmático fundamental. Ahora nos infiltraremos en los entresijos de la práctica.


II. Búsqueda de justicia administrativa en un sistema que carece de tribunales especializados: el recurso de protección como sustituto.

1. La búsqueda de justicia administrativa en medio de la anarquía chilensis. Entonces, cabe preguntarse, ante qué jurisdicción pueden recurrir los particulares que se sientan lesionados por actos de la administración, tanto para solicitar la anulación de tales actos (contencioso  de anulación o de excés de pouvoir) y la consiguiente indemnización (contencioso indemnizatorio o de responsabilidad; o de plena jurisdicción). Debemos recordar que en Chile no existe, como se ha señalado, ni una jurisdicción ni un procedimiento especial o de efecto general supletorio para las contiendas contencioso-administrativas.

La respuesta lógica sería la siguiente: que se debe recurrir ante el Poder Judicial respecto de las causas contra actos de la  Administración. Pero ello envuelve nuevos inconvenientes, a raíz de la falta de un procedimiento general. ¿Qué actitud han tomado los justiciables en Chile? Sin perjuicio de una serie de contenciosos especial izados establecidos en diversas materias especiales (amparo económico; reclamaciones a la autoridad sanitaria; a la autoridad eléctrica, y otros), cabe referirse al contencioso de general aplicación.

2. Las vías ordinarias (ante el lento juez judicial) en un país sin tribunales especiales del contencioso-administrativo

a) La nulidad (el exceso de poder chileno: el contencioso anulatorio). Una primera vía es la del contencioso anulatorio general, ante un tribunal de primera instancia, mediante el procedimiento civil, supletorio, y ante los Tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial. Es el llamado juicio de "nulidad de derecho público", que se ha intentado recurrentemente, para obtener una primera declaración anulatoria, y en seguida  indemnizatoria, mediante la cesación de los efectos del acto anulado. El intento permanente es producir un contencioso de plena jurisdicción, y no una sentencia meramente declarativa. Es una acción muy utilizada, con algunos excesos, por ejemplo, la tesis de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los actos de la administración, lo que ha venido recientemente a ser objeto de un cambio jurisprudencial[8].

b) La plena jurisdicción: responsabilidad del Estado Administrador. Una segunda vía, ante los mismos tribunales, es la relativa a los juicios de responsabilidad de la administración, por actos de sus agentes, de plena jurisdicción. Son contenciosos bastante generalizados, en que se ha impuesto una jurisprudencia muy sólida de frente a la Administración, pasando poruña época de acogimiento al menos formal de una teoría de la responsabilidad objetiva, con algún apoyo doctrinario; hasta la actual época de acogimiento de una tesis dé responsabilidad subjetiva, con un apoyo mayoritario de la doctrina y la jurisprudencia[9].

Las dos vías anteriores, podríamos decir, son las ordinarias en un sistema que carece de una jurisdicción especializada de lo contencioso-administrativo de general aplicación. Pero es indudable que este cauce tiene todas las dificultades de la justicia ordinaria, su lentitud y la falta de remedios urgentes, o de verdaderas medidas cautelares.

3. Una vía extraordinaria (y rápida) en un país sin contencioso-administrativo especializado: el recurso de protección como sustituto incompleto. Ante la falta de esa jurisdicción especializada del contencioso administrativo, cada vez que un particular se enfrenta con la Administración y no es  posible recurrir a otras vías de reclamo (administrativas: ante la Contrataría General de la República; o jurisdiccionales: ante la no existencia de un recurso especial de lo contencioso-administrativo, como es el caso municipal, o eléctrico, o de aguas, u otros; en fin, ante la respuesta inadecuada de los juicios de primera instancia señalados en el párrafo anterior: nulidad y responsabilidad), la vía de acción más utilizada, desde su creación n 1976-1980, es el recurso de protección (contenido en el artículo 20 de la Constitución).

Pero, ¿qué ha ocurrido? Que este recurso de protección de las garantías constitucionales no fue creado como un sustituto de la jurisdicción contencioso-administrativa; y, a pesar de eso, dada la fuerte presión de los justiciables, y la laxa interpretación que las Cortes han dado a algunas garantías constitucionales, en gran medida esta vía se ha convertido en un jurisdicción doble:

a) por una parte, sigue respondiendo al molde primigenio de la CP, como amparo de garantías constitucionales de contenido patrimonial, y al respecto hay una nutrida, notable y valiosa jurisprudencia; y,

b) por otra parte, encontramos aquí el cauce por donde los justiciables que se enfrentan a lesiones en sus derechos provenientes de actos de la Administración, han convertido, con algún éxito, esta acción en un contencioso no sólo cautelar sino con sentencias claramente anulatorias, con el mismo efecto de un proceso de exceso de poder.

4. Crítica del recurso de protección como sustituto permanente de un proceso contencioso-administrativo. Sin perjuicio de la clara situación de justicia concreta a que ha llevado el recurso de protección, que con razón se la ha calificado de "revolución silenciosa" (Soto Kloss), no podemos considerar a este remedio como permanente. Claramente, como queda en evidencia una superficial mirada a su jurisprudencia, tan disímil, sólo es la solución para el mejor amparo de los derechos y garantías patrimoniales; pero no es la solución a la ausencia del contencioso-administrativo.

a) Pero esta situación, al no estar claramente regulada, ni al ser la jurisprudencia muy uniforme, dista de ser siquiera una solución ideal permanente para las garantías fundamentales de orden patrimonial.

Lo más grave es que este recurso de protección, a pesar de dar lugar a un verdadero juicio, que es el marco insoslayable en que se realiza la jurisdicción[10], no siempre se tramita a través de un proceso en que se cumplan los más mínimos cánones o estándares de un debido y racional proceso, como lo exige para todo proceso el art. 19 N° 3 CP.

Dado lo escueto del texto que lo consagra en la CP (art. 20), cabe una intervención legal, pues los auto-acordados de la CS no han dado una solución medianamente aceptable, fijando plazos nada razonables y una ausencia de garantías procesales mínimas para los justiciables.

b) En el caso del recurso de protección como sustituto del contencioso-administrativo, ha sido, es verdad, la palanca desesperada de los particulares lesionados por actos de la administración, motivados por la ausencia de un contencioso-administrativo especial y de efectos generales[11].

De un tipo de recurso del que no se debiera esperar más que la cautela extraordinaria de derechos (pues eso es, en esencia la acción de protección consagrada en la CP), se ha llegado a un verdadero anulatorio de actos (recurso de excés de pouvoir), a través de sentencias que a pesar de lo extraordinario y cautelar del recurso (a la espera del juicio de lato conocimiento posterior en el plan de la propia CP), en algunas ocasiones producen no sólo cosa juzgada formal sino la nulidad para siempre de actos de la Administración. En algunos casos ese remedio ha sido notable en cuanto a justicia concreta, pero dado el zigzagueo constante de la jurisprudencia, no hay criterios seguros a los cuales atenerse ni en los cuales los justiciables puedan confiar su certeza. Y, cabe recordar, que la certeza en el sistema jurídico es un valor del Derecho, es un fin al cual cabe dirigir a la legislación.

c) Una de las características más notables de la jurisprudencia del recurso de protección es la concentración de casi todas las protecciones a sólo dos garantías constitucionales: propiedad e igualdad.

(i) A través de la garantía de la igualdad, y a través de alguna dialéctica asociada, se llega al principio de la legalidad o de la juridicidad; esto es, el amparo de la garantía de la igualdad se transforma en el contencioso del exceso de poder, anutatorio.

(ii) A través de la garantía de la propiedad (y aún, de la "propietarización" de los derechos[12] se llega al principio de la potestad invalidatoria; y, al ampara de la garantía de la propiedad, se transforma igualmente en contencioso del exceso de poder, invalidatorio.

CONCLUSIONES:

1° El recurso de protección es una acción rápida y eficaz establecida por el constituyente chileno para la protección y cautela de las garantías constitucionales de orden patrimonial. Debe seguir prestando ese servicio; pero reconducido a través de un verdadero proceso, con garantías de racional y justo.

2° El recurso de protección, ante la ausencia de un tribunal o de una jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ha transformado en un sustituto de tal jurisdicción administrativa especial, de un modo inorgánico, incompleto y que no llena en ningún caso los estándares mínimos de justiciabilidad ante los abusos administrativos.

3° Cabe esperar que este fenómeno de desorden jurisprudencial que se ha asentado en las Cortes chilenas se mantenga incólume e impune una buena parte de la acción administrativa arbitraria hasta que no se establezca en Chite una justicia administrativa de general y supletoria aplicación.





[1] Este trabajo corresponde a la Conferencia Inaugural que el autor tuvo el honor de pronunciar en las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo (Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, noviembre de 2004). Aparecerá publicado en las Actas de ese encuentro.
[2] Una perspectiva comparada, vid. en: LEMASURIER, Jeanne, Le contentieux administratif en droit comparé (París, Economica, 2001) 108 pp., que seguimos en el esquema. Respecto de España: GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo (Madrid, Civitas, 2004), tomo 2; SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo (Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1999) vol. II, pp. 615ss. Respecto de Francia: CHAPUS, René, Droit du contentieux administratif (París, Montchrestien, 1993, 4a. edición) 1045 pp.
[3] Como es el caso en Chile del control, usualmente a priori, realizado por la Contraloría General de la República. Además, cabe recordar que una vez reclamada la intervención de los tribunales por un particular, el órgano contralor se abstiene de intervenir, según reiterada jurisprudencia administrativa.
[4] Cfr.: LEMASURIER, cit., p. 5.
[5] Vid. Soto Kloss, Derecho Administrativo (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1996), t. 1, p. 357; y SILVA CIMMA, Derecho Administrativo chileno y comparado (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994), p. 192.
[6] Vid. Soro KLOSS, El recurso de protección (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1992), p. 397 ss.; SILVA CIMMA, Derecho administrativo, cit., 1994, p. 193.
[7] Respecto del caso del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, que es un órgano independiente que ejerce jurisdicción y que no forma parte ni del Poder Judicial ni de la Administración, vid.: VERGARA BLANCO, Alejandro, Derecho eléctrico (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004) pp. 34-41; y ÉL MISMO, "El contencioso-administrativo en materia eléctrica: naturaleza jurisdiccional de las funciones del "Panel de Expertos", en: Actas de las Primeras Jornadas de Derecho Administrativo, Valdivia, noviembre de 2004, en
prensas.
[8] Vid., el actualizado y completo análisis de: Jara Schnettler, Jaime: La nulidad de derecha público ante/a doctrina y la jurisprudencia (Santiago, Editorial Libromar, 2004) 285 pp., con  una exhaustiva bibliografía.
[9]  Vid.: CORDERO VEGA, Luis, La responsabilidad de la administración del Estado (Santiago, LexísNexis, 2003) 202 pp.; FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos, "La responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado de Chile: una
breve revisión al estado actual de la discusión" en: La responsabilidad patrimonial del Estado (compilador: Marín González, Juan Carlos, México, Editorial Porrúa, 2004) pp. 107-135; y, SANHUEZA ACDSTA, Ricardo, Teoría general de la responsabilidad-patrimonial extracontractual del estado administrador (Santiago, Lexis-Nexis, 2005); y,  VERGARA BLANCO, Alejandro, prefacio a SANHUEZA, Teoría, cit.
[10] Cfr.: FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos; BORDAÜ SALAMANCA, Andrés; CAIDR AIISTC, Kamel. "El Recurso de Protección como mecanismo de control jurisdiccional ordinario dé los actos administrativos: Una respuesta inapropiada a un problema jurídico complejo", en: Revista de Derecho (Universidad Austral), Vol. XIV, Julio 2003, p. 74.
[11] Vid. FERRADA, BORDAD y CAZOH, cit., 2003, p. 77
[12] Vid. VERGARA BLANCO, Alejandro, "La propietarización de los derechos", en: Revista de Derecho (Universidad Católica de Valparaíso), vol. 14, (1992), pp.281-291.
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[Publicado en: La Semana Jurídica, Nº 224, semana del 21 al 27 de febrero (Parte 1), pp. 14-15  y en Nº 225, semana del 28 de febrero al 6 de marzo (Parte 2), pp. 14-15.]

31 de diciembre de 2004

Derechos de autor y citas en revistas científicas


El equipo editorial cuida que los autores de trabajos que se publican en esta revista científica, citen adecuada y honestamente sus fuentes. Igualmente, cabe que otros autores que publiquen en otros sitios citen la fuente, titulo y autor de los trabajos aquí publicados.

En este contexto, deseamos aportar algunas ideas.

a. Con el fomento de las nuevas tecnologías de la información y la consolidación de las redes electrónicas y bases de datos como fuente fundamental de la investigación, es cada vez más deseable que las revistas científicas sean publicadas en formato impreso y además en formato electrónico. Producto de lo antes descrito, crece gradualmente el flujo internacional de información sobre investigaciones que antes estaban al alcance de una reducida comunidad y que hoy pueden ser leídas en el mundo entero. Todo esto plantea nuevo desafíos y obliga a los ordenamientos jurídicos internacionales y locales a proteger adecuadamente los derechos de los autores, puesto que las violaciones al copyright son cada vez más fáciles de cometer y por tanto frecuentes.

La protección de los derechos de autor en Chile tiene un fuerte respaldo constitucional y legal. A grandes rasgos, por una parte la Constitución Política en su articulo 19 N° 25 asegura el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales, lo que comprende la propiedad de las obras y otros derechos; como la paternidad, la edición y la integridad de la obra. Por otra, la legislación que regula la materia, contenida fundamentalmente en la Ley N° 17.335 sobre Propiedad Intelectual, protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende derechos patrimoniales y morales. El derecho patrimonial confiere al titular las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros; los morales serán explicados más adelante.

b. Las revistas científicas podrían definirse como obras colectivas, es decir, creadas por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que divulga, coordina o publica bajo su nombre, y constituidas por la fusión de aportaciones de diferentes autores.

En las obras colectivas existe la presunción de que todos los derechos relacionados con la misma han sido transmitidos ab initio y tácitamente a la persona física o jurídica a cuyo nombre aparece la publicación, con el solo hecho del envió de un artículo para su publicación. Opinamos, sin embargo, que dicha transmisión alcanzaría exclusivamente a los llamados derechos patrimoniales de autor y de ninguna forma a los derechos morales, que incluyen los de exigir reconocimiento de autoría, decidir modificaciones a la obra, como alteración del título e incluso del contenido, etc.

De esta forma, son los editores de las revistas científicas los titulares de los derechos de sus autores colaboradores y por tanto están plenamente habilitados para ejercerlos, por ejemplo, impidiendo la ilegal reproducción, explotación o divulgación de sus contenidos.

Sobre este punto, la misma ley sobre Propiedad Intelectual contiene una norma, que se define a sí misma como excepcional, y que declara lícito reproducir (en obras de carácter cultural, científico o didáctico) fragmentos de obras ajenas protegidas, sin remunerar u obtener autorización del autor, siempre que se mencione su fuente, titulo y autor. Esta disposición es fundamental en el caso de una obra o revista, puesto que señala uno de los presupuestos básicos para publicar y ser publicado: el respeto irrestricto a una normativa de citas.

c. En el caso de las revistas científicas, creemos que la norma señalada opera como un derecho-deber de los editores.

1° Por una parte, permite exigir y obtener de terceros la correspondiente mención específica a la propia revista.

2° Por la otra, obliga a ser extremadamente estrictos con sus propios colaboradores para lograr de ellos un siempre correcto y expreso reconocimiento de sus fuentes.

De ahí que en la etapa de arbitraje, en esta publicación, seamos cada vez más estrictos con las citas de autores, no solo en lo formal, sino en los aspectos de fondo que hemos destacado.



[Publicado en Revista Chilena de Derecho, Vol. 31, Nº 2, 2004]

Nueva sección: Grandes Juristas


Al inicio del año 31 de la Revista Chilena de Derecho, deseamos continuar con la promoción y fortalecimiento de la investigación en materia jurídica, incorporando a sus páginas una nueva sección destinada a destacar a los artífices de la ciencia jurídica chilena de los siglos XIX y XX.

A esta tarea ha aportado con su esfuerzo intelectual un vasto número de juristas, tanto nacionales como extranjeros, los que han influido directa e indirectamente en nuestra doctrina e instituciones jurídicas.

Esta idea de mostrar la vida y obra de juristas relevantes para nuestra ciencia, surgió el año 2003 a propósito de un Ciclo de Conferencias sobre Grandes Juristas ofrecido por el Programa de Doctorado en Derecho, iniciativa que pretendía brindarles un merecido reconocimiento por su valiosa, siempre sacrificada y a veces olvidada labor y, además, motivar a revitalizar aquellas vetas y bríos en la investigación jurídica a nuestros alumnos de doctorado.

Creemos que esta propuesta servirá para valorar el aporte científico que puede llegar a realizar un investigador en Derecho, quien trabaja teniendo como centro de su estudio en definitiva una realidad insoslayable, más allá de ese producto doctrinario como son los libros y artículos de revista: al hombre jurista como tal con sus valores y circunstancias históricas. La “vida y obra” de cada jurista permite comprender no solo el aporte intelectual a la ciencia jurídica nacional de cada uno de ellos, sino además comprender que el origen de toda solución jurídica se encuentra en la visión que del Derecho y de sus cuestionamientos históricos, éticos y sociales se tenga por cada científico.

El estudio de la relevancia de la figura de los juristas que nos antecedieron y sus ideas sobre el Derecho de su tiempo, se extiende además a la discusión sobre el efecto de sus obras ante el Derecho del presente, lo que debería abrir nuevos horizontes en nuestro estudio.

Sin duda que durante los siglos XIX y XX los cambios en el Derecho han sido sustanciales, y ello debe llevar a las actuales generaciones de investigadores a aquilatar cada nuevo cambio, pero enriquecidos por la permanente discusión sobre el concepto mismo de Derecho.

La evolución del Derecho desde el arte a la ciencia; el entendimiento del Derecho como sistema; la fijación de los contenidos dogmáticos en la expresión legal; y el surgimiento de nuevas visiones del Derecho, ya desprendidas simplemente de la fuente potestativa o enriquecidas con las ineludibles consideraciones éticas y naturales.

         Todo aquello podría incluso cambiar el concepto mismo de justicia. De la realidad de los hombres que hacen al Derecho, al Derecho que deja hacer a los hombres.



[Publicado en Revista Chilena de Derecho, Vol. 31, Nº 1, 2004]

30 de diciembre de 2004

Nueva etapa de la Revista de Derecho Administrativo Económico



El derecho administrativo económico designa un sector del derecho administrativo: aquellas materias y disciplinas especializadas desgajadas de aquél, hoy autónomas, relativas a la intervención administrativa en las actividades económicas. Es la materia que intenta cubrir del modo más amplio posible esta publicación.

La Revista de Derecho Administrativo Económico es una publicación semestral editada por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE), de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a partir de este número es distribuida por la editorial LexisNexis.

La Revista ha cumplido un lustro y una primera etapa. A partir de este número, ofrecemos un reordenamiento de las disciplinas y materias objeto de su interés, y se incorpora a su quehacer un nuevo Comité Asesor, integrado por reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, a quienes recibimos con profunda satisfacción.

l. Relevancia de !m temas abarcados y motivación académica. Esta publicación surge en 1999, ante la relevancia de las materias y disciplinas que conforman el derecho administrativo económico, y a raíz de una constatación básica: la intensa, diversa y compleja intervención que realiza el "Estado-Administración" en el área económica, en especial en algunos sectores muy significativos, a través de distintos mecanismos y órganos, en cuyo núcleo se encuentra la tensión entre potestad (de los órganos del Estado) y libertad(de las personas/ ciudadanos/ "administrados"); todo lo cual es objeto de análisis por la ciencia del derecho administrativo.

a) En general, existe todo un poder del Estado (la Administración) que lleva adelante una intensa y amplia actividad, dadas las potestades que la ley otorga a sus diversos órganos. A partir de la amplia posibilidad que el orden interno otorga a los particulares para adoptar decisiones económicas de manera libre y descentralizada, lo que origina el funcionamiento de los "mercados", ha ido adquiriendo cada vez una mayor importancia el derecho administrativo de la economía; de ahí que el estudio de sus fundamentos y de la regulación (o de los "marcos regulatorios", como se suele decir en la práctica por los profesionales no juristas) es imprescindible.

Sólo unos pocos conocedores logran sistematizar con propiedad la gama de órganos y materias que cubren esta actividad administrativa. Esta disciplina general es importante para la praxis que desarrollan los abogados que apoyan la acción administrativa (fiscales y asesores de los entes administrativos, centrales, regionales y municipales); para quienes ejercen el control de dicha acción (abogados del órgano contralor), como para aquellos que asesoran a los particulares y empresas en sus contactos con la Administración. También para jueces y juristas.

Muchos sectores de la economía, por diferentes motivos, presentan problemas de técnica jurídica en sus regulaciones, tanto para la delimitación de los derechos de los particulares como de las potestades de la Administración, y sus disputas suelen ser de una creciente complejidad.

Incluso en sectores económicamente más exitosos no es posible negar su alta conflictividad, sumado a una creciente incertidumbre de la jurisprudencia judicial.

b) La dogmática jurídica (mediante su trabajo propio de sistematización, comprensión y análisis de la legislación vigente y de la jurisprudencia, y de la constatación de los valores ínsitos en el orden interno) debe ofrecer modelos de solución a los conflictos entre los particulares y el Estado-Administración en materia económica. Esta revista es y seguirá siendo la sede normal de publicación de análisis dogmáticos, en que queda en evidencia el servicio que prestamos los juristas a la praxis ius administrativa.

El derecho administrativo ha tenido un desarrollo normativo y jurisprudencial  extraordinario en los últimos años, y la tarea científica, de enseñanza jurídica y editorial debe responder a las necesidades crecientes de los operadores jurídicos. No existe actualmente en nuestro país una publicación que cubra en toda su especificidad y con exclusividad la disciplina del derecho administrativo, ni a su rama económica. Respondemos así a la amplia necesidad práctica de información.

Es además esperable (y los administrativistas estamos esperanzados en ello; en especial, en lo relativo a la Nueva justicia Administrativa: esto es, los tribunales de lo contencioso administrativo) que sigan apareciendo en el Diario Oficial novedades legislativas relevantes en materias de derecho administrativo (como la más importante del último tiempo: la Ley N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos, en 2003). Todo lo cual será objeto de nuestra atención.

2. El derecho administrativo y las actuales publicaciones especializadas en el área. Actualmente no existe en Chile ninguna revista especializada únicamente en el derecho administrativo. Las que existen tienen un carácter más amplio y cubren todo el "derecho público".

En efecto, la Revista de Derecho Público, que edita la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es un volumen anual, que cubre tanto el derecho constitucional como, usualmente en menor medida, el derecho administrativo. Publica estudios y bibliografía. Por su parte, la revista Ius Publicum, que edita la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, es de un carácter similar a la anterior, y edita no sólo estudios de derecho constitucional y administrativo, sino también de filosofía del derecho o incluso de doctrina religiosa. Destina algunas páginas a comentarios jurisprudenciales.

Mención aparte merecen las sedes de edición de jurisprudencia. La Revista de Derecho y jurisprudencia dedica, en su segunda parte, una sección íntegra a la jurisprudencia de derecho público (la 5ª); entre los años 1999 y 2001 dedicó una sección especial (la 7ª) a editar jurisprudencia de recursos naturales y servicios públicos, la que fue suprimida. La Gaceta Jurídica publica, con resumen de sus doctrinas, sentencias de índole administrativa y dictámenes de la Contraloría General de la República, pues es una revista general de jurisprudencia, pero sin dedicar una sección especial al derecho administrativo.

A aquellas revistas especializadas se ha unido en 1999 nuestra Revista de Derecho Administrativo Económico, la que ha cubierto aspectos generales del derecho administrativo general y de disciplinas y materias del derecho administrativo económico. No obstante, dada su conexión con un programa de investigación jurídica en su sede universitaria, ha debido dedicar hasta ahora muchas de sus páginas a trabajos sobre recursos naturales y a algunos servicios públicos (es el caso de las aguas, minas, y de los servicios sanitario y eléctrico).

La Revista se planteó en 1999 un ambicioso plan, el que no pudo ser cumplido íntegramente, lo que ahora se intentará. A partir de este primer número de 2004, se ha  reajustado su plan editorial y de un modo igualmente ambicioso que en sus inicios, intentaremos cubrir un amplio panorama de las disciplinas y materias del derecho administrativo económico; pero ahora avizoramos un porvenir promisorio, dada la inestimable ayuda que ya estamos recibiendo de su renovado Comité Asesor, y de la casa editorial LexisNexis.

3. Nueva etapa de una Revista para la práctica del derecho administrativo económico. En esta nueva etapa la Revista cubrirá de un modo más amplio toda información general y especial relevante de las disciplinas y materias del derecho administrativo económico, a través de sus secciones habituales de Estudios; Jurisprudencia (analizada, esto es, con resumen de "doctrina'' y en lo posible comentada; sección dedicada tanto a la jurisprudencia emanada de los Tribunales ordinarios y especiales, como dictámenes de la Contraloría General de la República); y Bibliografía (destinada a dar noticia de novedades bibliográficas nacionales o extranjeras de la disciplina).

El reordenamiento de las materias es la siguiente:
(1º) Derecho Administrativo General: Organismos reguladores de la actividad económica / Procedimiento y actos administrativos / Contratos, concesiones y autorizaciones / Fiscalización, supervigilancia y sanciones / Control/ Responsabilidad;

(2º) Recursos naturales, energía y medio ambiente: Derecho de aguas / Derecho de minería / Derecho de pesca, acuicultura y concesiones marítimas / Derecho forestal y áreas silvestres / Derecho de la energía y combustibles / Derecho del medio ambiente;

(3º) Mercado y servicios públicos: Derecho de la competencia / Derecho eléctrico y del gas / Derecho sanitario (agua potable y alcantarillado) / Derecho de telecomunicaciones; y

(4°) Bienes públicos, urbanismo y territorio: Derecho de bienes públicos / Derecho urbanístico y ordenamiento territorial / Expropiación, servidumbres y limitaciones administrativas del dominio.

A estas materias se ha abocado la Revista desde 1999 y seguirá haciéndolo con renovadas fuerzas. El aporte realizado en estos años quedará en evidencia en el índice que anunciamos para el próximo número de este año 2004.

4. Periodicidad semestral y cambio de numeración. Son diversas las decisiones formales que todo editor de una revista debe adoptar, con efectos prácticos evidentes, como es el caso de dos criterios relacionados: la periodicidad y la numeración.

a) En cuanto a la periodicidad, la revista nació con una definición semestral, salvo el año 2001, en que se editaron 3 números, por lo que la revista ese año fue cuatrimestral. Esta periodicidad semestral se mantiene.   

b) En cuanto a la numeración, desde el primer número se eligió un triple criterio: hacer mención al año calendario; al n° de ejemplar de ese año (con numeración arábiga, vinculada a su aparición semestral); y al n ° de volumen (con numeración romana), cuyo ritmo de cambio es equivalente al año. La inclusión de una numeración anual de cada volumen suele agregarse imaginando que los suscriptores empastarán los ejemplares aparecidos en cada año en un mismo "volumen" material.

Hemos comprobado que este doble criterio de numeración anual (de año calendario y de volumen) no facilita la citación y ubicación material de los ejemplares de la Revista, por lo que hemos querido aprovechar esta nueva etapa para modificarlo. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda originar.


Por lo tanto, a partir de este ejemplar, se efectuará la numeración de un modo simplificado, indicando solamente el número correlativo de la Revista junto al año calendario de edición de la misma. Para hacer operativo lo anterior hemos tenido que intervenir el pasado y asignar un número a cada uno de los once ejemplares de la Revista editados hasta ahora, de lo que se deriva que este primer ejemplar de 2004 corresponde al N° 12.


[Publicado en Revista de Derecho Administrativo Económico, Nº 12, 2004]