30 de diciembre de 2005

Prefacio a "Responsabilidad patrimonial del Estado administrador chileno"



Como frontispicio a este excelente aporte sobre el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado administrador cabe destacar, en primer término, los principales aspectos de la materia, para en seguida ofrecer una somera descripción del presente libro, que sirva de previa lectura.

1. Una responsabilidad administrativa indiscutida. La responsabilidad patrimonial del Estado administrador es un asunto indiscutido tanto legal, doctrinaria como jurisprudencialmente. A partir de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución se afirma claramente la obligación de todos los órganos del Estado y de las personas privadas, de someter toda su actividad a lo dispuesto en la misma y las demás normas de ella derivadas, fijándose que correlativamente, las infracciones y contravenciones a esta obligación generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

2. Naturaleza de la responsabilidad patrimonial del Estado administrador. Este aspecto es fuente de discusión doctrinaria y de variaciones jurisprudenciales.

a) Un sector de la doctrina, a partir del artículo 38 de la Constitución, estima que se encuentra consagrado en nuestro derecho una opción general por un determinado tipo de responsabilidad patrimonial [la objetiva] por parte del Estado, en la medida que no se condiciona el origen de ésta a la naturaleza de la actividad estatal ni a ninguna otra consideración adicional que no sea la propia actividad, el daño y la relación de causalidad entre ambas.
En todo caso, cabe precisar que el artículo 38 en comento, lo que efectivamente constituye es una habilitación general a las personas para accionar ante los tribunales de justicia, en el caso de cualquier lesión de derechos derivadas de la actividad estatal, sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario que hubiere causado el daño. Sin embargo, quienes sustentan la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado, realizan una interpretación extensiva, dado que suponen en el artículo 38 una norma general de responsabilidad, cuando en realidad lo que pretende es la habilitación del acceso a la jurisdicción civil o administrativa, según sea el caso, de todas las personas.

b) Otro sector de la doctrina, hoy claramente mayoritario, postula la responsabilidad patrimonial del Estado administrador en caso de falta de servicio; tratase de la responsabilidad subjetiva, extracontractual, en la clave usual de derecho civil. Esta posición se basa en diferentes disposiciones de la legislación nacional, además de las contenidas en la Constitución, tales como el artículo 4º de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el artículo 42 de la misma ley, que dispone una regulación específica en esta materia, aplicable a los órganos de la Administración central del Estado y sus instituciones derivadas.

3. La ineludible falta de servicio. Finalmente, es importante señalar que la «falta de servicio» es el elemento determinante de la responsabilidad patrimonial de la Administración estatal, similar en esto al sistema francés, y al civil extracontractual y que en la práctica implica que no basta acreditar la actividad de la administración estatal, el daño y la relación de causalidad, sino que es necesario probar además la antijuridicidad de la primera, manifestada en el incumplimiento total o parcial de los deberes jurídicos que el ordenamiento jurídico impone a la Administración: en toda hipótesis, la falta de servicio.

Esta es una discusión académica abierta y con claro reflejo en la activa jurisprudencia sobre la materia, y a esta discusión se viene a incorporar este libro.

4. El libro de Ricardo Sanhueza Acosta. Contiene en verdad este texto unas bases para una teoría general de la responsabilidad patrimonial del Estado administrador, y constituye un trabajo original, acucioso y completo.

El libro aborda la responsabilidad del Estado administrador desde la perspectiva de la doctrina y de la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia en el período de 22 años comprendidos entre los años 1980 a 2002.

Está estructurado en tres partes, seguida de anexos donde se contienen elementos gráficos y una muy completa revisión y análisis de la jurisprudencia pertinente, para terminar con la bibliografía consultada. En la Parte introductoria, se explican los motivos que inspiraron al autor para abordar esta investigación y su configuración general; luego, bajo el título de “Responsabilidad. Conceptos y tipos”, el autor se refiere a aspectos generales sobre el concepto tradicional de responsabilidad y de su clasificación, con el objeto de establecer las bases sobre las cuales se desarrolla el trabajo. También, se refiere al Derecho extranjero y a la responsabilidad patrimonial del Estado.

La Primera parte, el autor la dedica a lo que titula “La responsabilidad patrimonial extracontractual en el Derecho nacional” comenzando por el análisis de los elementos básicos que configuran normativamente el instituto responsabilidad patrimonial extracontractual en el Derecho privado, y lo que sucede en los casos sobre responsabilidad de la Administración del Estado.

La Segunda parte, el autor la divide en cuatro capítulos. En el capítulo segundo ofrece unas “Bases para una teoría general de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado administrador chileno”, desarrollando los aspectos discutidos del tema. Además, estudia y analiza la Constitución, los textos legales pertinentes y los aportes de la doctrina científica nacional y comparada. En el capítulo tercero el autor desarrolla de manera interesante y fructífera los “Deslindes entre las instituciones limitación de derechos, expropiación y responsabilidad patrimonial de la Administración”, estableciendo las diferencias que existen entre cada una de ellas. En el capítulo cuarto, se refiere a “La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado administrador chileno”, en el que aborda la descripción de este sistema de responsabilidad.

Resaltamos, en este punto, la idea sostenida por el autor en el cuerpo de su trabajo y, luego, reiterada en las conclusiones, en el sentido que la responsabilidad patrimonial de la Administración surge sólo si se prueba su falta de servicio. En fin, el capítulo quinto constituye  un examen en profundidad de la abundante jurisprudencia que posteriormente se analiza en forma sistemática y coherente en uno de los Anexos de la investigación. En efecto, el libro contiene una sección de Anexos donde se observa un encomiable esfuerzo por incluir una exhaustiva compilación, bajo la forma de fichas, de la jurisprudencia existente en la materia. Además, de un catálogo bibliográfico exhaustivo.

5. Una obra seria, completa y oportuna. Resulta positiva la motivación del autor en realizar un trabajo de tesis, hoy publicado como libro en la Casa Editorial LexisNexis, sobre un tema de relevancia, respecto del cual, como hemos descrito más arriba, existen diferentes posturas doctrinarias, lo cual puede desmotivar a cualquier autor que no desee navegar en mares encrespados.

El autor ha logrado con su tema algo que parecía difícil, como es la originalidad. Porque la materia escogida para la investigación ha sido objeto de tantas monografías recientes que era muy fácil que la investigación terminara siendo un trabajo reiterativo o una mera compilación. Si ello no ha ocurrido se debe, en gran medida, a la capacidad del autor por identificar un punto de vista novedoso para tratar un tema tantas veces visitado.

El autor distingue claramente instituciones distintas que al parecer  tienden a confundirse, para posteriormente adoptar la posición según la cual solo hay responsabilidad de la Administración ante la falta de servicio, que la sustenta en los artículos 1º inciso cuarto, 6º y 7º, artículo 19 números veinte y veinticuatro, y artículo 38 inciso segundo de la Carta Fundamental, contraponiéndose a la tesis que sustenta la responsabilidad de carácter objetiva.

El trabajo, en cuanto enfoca hacia el análisis de la responsabilidad del Estado administrador, es un desarrollo profundo de los aspectos discutidos de este instituto, en especial, el estatuto jurídico aplicable y su naturaleza jurídica.

El autor en este libro para sustentar la explicación y defensa de sus planteamientos se funda principalmente en sus ideas, apoyada en criterios y aportes doctrinales, pero lo hace sin obviar la revisión de abundante jurisprudencia, a la cual destina un completo Anexo de su investigación, esforzándose por darle sistematicidad y coherencia, lo que será un gran aporte a la disciplina.

          En suma, se trata este libro de un excelente trabajo, en el cual es digno de destacar la abundante doctrina empleada, que ha sido adecuadamente citada y aprovechada. También, se recurre a una completa revisión de la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia. Es un trabajo concebido, investigado, desarrollado y concluido con planificación, rigor, exhaustividad y con conclusiones coherentemente formuladas. En este sentido, estamos ante un aporte valioso para un debate todavía en curso.


[Prefacio a Responsabilidad patrimonial del estado administrador chileno
de Ricardo Sanhueza Acosta 
(Santiago, LexisNexis, 2005)]