¿Debe la ciudadanía seguir pagando para ello
a una empresa semifiscal/semiprivada, cuyos precios no tienen competidor?
El limitado y costoso acceso a través de internet
al Diario Oficial es incoherente con el deber constitucional de dar publicidad a
las leyes y normas de los órganos del Estado y con la transparencia; además, existe
un negocio asociado, cuya competitividad y compatibilidad cabe revisar.
El Diario Oficial se edita en Chile desde 1876
en una edición en papel. En internet no hay libre acceso ciudadano a su
contenido; lo que sí hay es un curioso negocio, con participación accionaria de
particulares, inaceptable para una tarea que la Constitución encarga al Presidente
de la República, cuya naturaleza es de servicio público y esencial para la
información ciudadana y para la transparencia pública.
¿Qué podemos exigir los ciudadanos al titular
de la potestad-deber de realizar la única publicación oficial de las fuentes
del derecho? Principalmente, que la edición se adecué a la exigencia
constitucional de publicidad, de tal modo que la ciudadanía esté inmediata y
oportunamente informada de las normas que la constriñen. Eso no sucede hoy,
pues no es posible consultar el Diario Oficial vía internet. Salvo los
restringidos índices, o pagando una costosa suma de dinero a una empresa “coligada”.
¿Es coherente con las necesidades de
información de la ciudadanía, con la transparencia y con el desarrollo de
internet? ¿Es un verdadero servicio abierto al público, esto es, al pueblo, a
los ciudadanos? ¿No tienden la Constitución y todas las políticas públicas
actuales a un amplio acceso a la información?
Es, obviamente, necesaria una renovación del
Diario Oficial tanto en su contenido como en su formato, sobre lo cual ha
habido crítica académica desde hace varios años. Su arcaico formato debiera
modernizarse y editarse en un tamaño que facilite su lectura y archivo; es
necesario estudiar la organización de su contenido, pues algunas normas, por su
jerarquía, como las leyes, reglamentos y actos generales de la administración, merecen
ser archivadas por su vigencia y carácter permanente; pero el formato actual no
ofrece la posibilidad de separar y archivar sólo las normas generales, y
eliminar o dejar en archivos secundarios aquellas informaciones de menor
importancia.
La Presidencia de la República, como titular de
la potestad-deber de editar este periódico oficial, puede prestar un mejor servicio
a todos los ciudadanos, y no sólo a los que a la fuerza nos hemos tenido que habituar
a sus entresijos. Pero las sugerencias formales no cierran el listado de las necesarias
para su real modernización. Es que hay algo mucho más grave: la actual cobertura
pública del Diario Oficial es parcial, pues su acceso a través de internet es
no sólo limitado, sino comercializado a un alto precio, cuya competitividad y compatibilidad
se desconocen, lo cual es incoherente con el papel constitucional que debe
cumplir y con la transparencia.
El Diario Oficial no está sino parcialmente abierto
al servicio del público, dado que su contenido no puede ser revisado por
internet y la suscripción a sus contenidos por esta vía tiene un valor casi
millonario; es poco equitativo con quienes no pueden pagar ese costo, pues este
servicio ha sido creado para producir una igualdad popular al acceso a la
información y transparencia de los actos del Estado, y en el mundo moderno no
basta con el papel, sino también es necesaria la cobertura vía internet. Un
recorrido por la web nos permite descubrir el estándar de cualquier democracia
en materia de ediciones oficiales.
Considero injusto tener que pagar una alta suma
de dinero a una empresa que por mail me ofrece una suscripción al "Diario Oficial
electrónico", en que "usted podrá revisar el diario del día, a
primera hora de la mañana, en el mismo formato del diario impreso", con un
gran respaldo y confiabilidad, pues "todos los textos han sido extraídos directamente
de los talleres del Diario Oficial". ¡Qué privilegio! El ofrecido no es un
precio competitivo; huele a monopolio.
La Contraloría General de la República, desde
hace poco, en un gesto admirable, ha cambiado su equivocada política anterior de
no facilitar el acceso ciudadano a toda su información. El Parlamento y el
Poder Judicial han avanzado mucho igualmente. En medio del notorio impulso que
los órganos del Estado han realizado para facilitar el acceso ciudadano a la
información y a la transparencia, ¿se podrá revisar este servicio público y
permitirle a la ciudadanía siquiera leer el Diario Oficial día a día por vía
internet? ¿Debe la ciudadanía seguir pagando para ello a una empresa
semifiscal/semiprivada, cuyos precios no tienen competidor?
[Publicado en El Mercurio,. 27 de Diciembre de 2006]
