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El voto del jurista es doble: por una parte, tolerancia y lealtad ante lo que
el sistema jurídico ofrece; y, por otra parte, independencia y distancia de las
batallas político-partidistas..."
Desde que recibí la invitación como columnista en el sitio
electrónico El Mercurio legal, como especialista en las ciencias que cultivo
(Derecho Administrativo, y algunas otras que se desgajan de esa disciplina
matriz, como el Derecho Minero, el Derecho de Aguas, el Derecho Eléctrico, el
Derecho de Bienes Públicos), no he podido sino ser fiel a mi principal
vocación: la de ser jurista. En esta columna he actuado guiado por esa vocación
y oficio. La sociedad espera que los juristas cumplan un rol, y parece adecuado
explicarlo, sobre todo ante la ausencia crónica de actores sociales que
resalten tal papel.
Es que particularmente el jurista debe asumir una importante
responsabilidad para con la sociedad, y ello se hace notorio en sus actividades
docentes y «literarias». Es parte de la labor de todo jurista hacerse cargo con
dedicación de actividades teóricas esenciales para las sociedades modernas,
como la delimitación o fijación de los contornos de la disciplina jurídica que
cultiva; la formulación de los principios jurídicos de esa disciplina. Esos
roles los cumple usualmente mediante los libros y artículos en revistas
científicas que publica. También los cumple el jurista mediante su aporte
crítico a las decisiones de los órganos políticos, por ejemplo criticando las
leyes existentes, observando sus vacíos o inconsistencias; también criticando
las decisiones jurisprudenciales. Todo ello, con independencia y lealtad al sistema
jurídico. Al escribir mis colaboraciones a este sitio he intentado ser fiel a
ese rol.
El jurista carece de interés político partidista o contingente.
Eso está muy lejos de las labores de todo jurista; y quienes vean las
trayectorias académicas de los que se dejan llamar juristas no deben dudar de
ello: si alguien se ha dejado llevar por el activismo político de un grupo de
conjurados políticos (un partido político), habrá cambiado de rol en la
sociedad; ya no es un jurista. Siempre he considerado la labor de jurista como
antitética a la de un activista político. Todo legislador, para que no produzca
ingeniería social artificial, cada vez que dicta nuevas reglas, tiene el deber
de dictar sólo aquellas que están en íntima conexión con el pueblo que las sufre.
Y los juristas, proporcionamos esa conexión entre el sentimiento popular y el
legislador. Lo mismo respecto de las sentencias de los jueces. Ese es el
conocimiento nuevo que le damos a la sociedad. Y para ello es necesaria cierta
distancia con la arena político partidista. Sin perjuicio de que cada jurista
(es evidente) alberga sus propias convicciones ideológicas, que podrían ser más
o menos lejanas con aquellas que quedan plasmadas en las legislaciones.
Entonces, el voto del jurista es doble. Por una parte, tolerancia
y lealtad ante lo que el sistema jurídico ofrece, producto del verdadero
armisticio que es cada Ley en nuestra democracia, y sin perjuicio de los
principios que puede buscar en medio de ello. Y, por otra parte, independencia
y distancia de las batallas político-partidistas.
Y retomo este viejo tema del compromiso político de los
intelectuales, en este caso de aquellos intelectuales del derecho, que llamamos
juristas, pues es acuciante.
Siempre está en tela de juicio el rol de los juristas y de la
ciencia del Derecho que, se supone, ellos construyen cada día. Aún más, siempre
está en tela de juicio su independencia, pues la sociedad espera de ellos
ciertos productos que no se entregarán si el jurista pierde tal independencia,
y es capturado por la arena política.
Dos ejemplos puedo dar al efecto.
1º) El inicio de mi colaboración a mediados de 2011, coincidió con
un
editorial lleno de valentía, franqueza y lucidez, del
mismo diario El Mercurio, en su versión en papel de 20 de julio de 2011, a
través del cual no sólo dejaba en evidencia la necesidad de revisar el papel y
la conformación del Tribunal Constitucional en nuestra democracia, sino que se
quejaba ácidamente del lamentable papel que, a su juicio, cumplen los “juristas
eruditos” y la “ciencia del Derecho”, en esa instancia.
Al respecto, dirigí una carta al Director del mismo Diario
El Mercurio, que fue publicada el día 27 de julio de 2011, en que me referí a
la ciencia del derecho y los juristas eruditos, a la cual me remito.
Señalaba el editorial que hay dos posiciones inquietantes.
Primero, critica la facilidad con que los “juristas eruditos” que comparecen
ante el Tribunal Constitucional pueden fabricar las argumentaciones o
contra-argumentaciones que sean del caso para llevar adelante la defensa de la
causa de sus mandantes políticos. Critica, en seguida, la marcada y evidente
alineación de los integrantes del Tribunal Constitucional con la sostenida por
quienes los han elegido como tales.
Dirigí esa carta al Diario con el fin de corregir el lugar en que
el editorialista creyó identificar a los juristas o a la ciencia del derecho:
entre los abogados que representan a las partes interesadas en tal instancia. La verdad es que esos
abogados comparecientes ante el Tribunal, aunque pudiesen en algunos casos ser
calificados de juristas, se desdoblan al participar ante esa instancia en
defensa de clientes político-partidistas; no actúan como juristas eruditos, sino
como abogados de una causa. Y ello es perfectamente legítimo, y cada cual verá
si lo hace de manera consistente con lo que enseña o escribe. Pero al
comparecer no está actuando en nombre de la ciencia del derecho; sino de su
cliente de turno.
Por otra parte, los integrantes del Tribunal Constitucional no
están llevando adelante un rol científico al emitir, colectivamente, una
sentencia. Del mismo modo que no lo hacen ni los jueces de un Tribunal
Ordinario de Justicia al emitir una sentencia; ni tampoco los parlamentarios al
votar una Ley. Simplemente están forjando en conjunto eso que llamamos las
“fuentes” del derecho.
Entonces, ¿dónde están los juristas y la ciencia del derecho? No
allí donde creía verlos el editorialista (sin perjuicio de que su queja de
fondo era atendible), sino que están en aquella comunidad de cultores de
disciplinas relacionadas con las fuentes del derecho (con las leyes y
sentencias), pero no creando tales fuentes, sino sistematizándolas, criticándolas.
Eso lo hacen a través de Tratados, Monografías, conferencias, escritos, en que
lo que importa no siempre es la forma, sino la actitud ante esa fuente: una
mezcla de lealtad y distancia a ellas mismas. Es que el del jurista es un
verdadero sacerdocio (en sentido literal), parecido al del sacerdote y juez
que, de manera tolerante, independiente y leal, de acuerdo a sus convicciones
más profundas, cumple su rol distante de las posiciones que se adoptan cada día
en la arena política.
2º) Ahora, a propósito de la reciente sentencia que la Corte
Suprema ha dictado en el caso Castilla, nuevamente se ha hecho sentir la
ausencia de una sólida voz de los juristas independientes, especializados en
los temas de esa sentencia, de tal manera de guiar las decisiones de la
jurisprudencia mediante sus criticas independientes y tolerantes del sistema.
En tal labor ha cumplido un importante rol este periódico,
mediante múltiples editoriales, cartas de lectores y columnas de abogados y
juristas. Cabe ampliar el escrutinio que, de modo independiente, desde estas
páginas se realiza a la jurisprudencia.
[Publicado en: El Mercurio Legal, 24 de septiembre,
2012]
