30 de diciembre de 2008

Explicando el Programa de Derecho Administrativo Económico: Antecedentes, objetivos y fundamentos de un programa de Investigación UC



CREACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Derecho Administrativo Económico nació el año 1998, bajo el alero de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para amparar el trabajo temático efectivo de un grupo de académicos, con líneas de investigación y acciones bien definidas: la regulación económica, de recursos naturales (en especial aguas y minas) y energía (en especial electricidad) y sus conexiones con el derecho Administrativo.

Todas sus tareas tenían el objetivo de investigar los principios jurídicos y sistematizar la legislación que entrega posibilidades regulatorias al Estado-Administración en dichas áreas, y las posibilidades de acción de los actores privados en cada sector en que participen. Siendo la perspectiva escogida la del Derecho Administrativo Económico.

Es importante destacar que también el deseo fue proyectar y profundizar en estas áreas específicas la labor del Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE), realizando no sólo la actividad esencial de la Universidad, como es la investigación, sino también impregnar la docencia y extensión con  las materias investigadas.

OBJETIVOS

A/Objetivos generales

Los objetivos generales han sido:

Impacto en la cultura jurídica. La principal orientación del Programa ha estado dirigida a producir un impacto cultural significativo en el estudio del derecho de los recursos naturales y de la energía, y que mejore no sólo la calidad y la diversidad de las actividades al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile (y en especial de su Facultad de Derecho), sino también que sirva para el mejoramiento del sistema jurídico chileno.

Producir nuevos conocimientos. Ha sido igualmente un objetivo esencial, y que ha permitido cumplir el anterior, la producción de nuevos conocimientos en áreas en que el ordenamiento jurídico chileno ha sufrido significativas transformaciones. Al respecto, fue necesario:

a) Generar estudios interdisciplinarios que permitan desarrollar una visión integrada de la regulación jurídica y la actividad privada y administrativa en el ámbito de los recursos naturales y de la energía, que se sustente en una acabada comprensión teórica de las materias a tratar y a la vez permita ofrecer una aplicación concreta de sus resultados a la comunidad nacional.

b) Incorporar a la investigación, extensión y docencia del país, en un área en creciente necesidad de desarrollo, el análisis que desde la economía, de la ingeniería, de la geografía, de la agronomía, y de otras disciplinas sociales o empíricas, se pueda efectuar al Derecho, en sus aspectos teóricos y prácticos. Este análisis ha tenido una sostenida evolución en países de Europa y Norteamérica, que aún no ha sido integrada en forma satisfactoria al desarrollo de la ciencia del derecho nacional, ofrece una perspectiva que integra una variedad de conceptos desarrollados por áreas ajenas al Derecho, como la economía, geografía, agronomía e ingeniería, que necesitan ser integrados en su original extensión para lograr un análisis jurídico adecuado.

Influir en la profesión jurídica. Ha sido una prioridad del Programa apoyar la formación de jóvenes investigadores y docentes con especialización en las distintas áreas a desarrollar, destacándose por una formación abierta y multidisciplinaria en las nuevas tendencias del Derecho. De ese modo, a través de su actividad en congresos, publicaciones y enseñanza, se ha podido efectuar un aporte a los operadores del derecho.

Influir en las políticas públicas. La investigación, docencia y extensión a desarrollar se centrará en el análisis de los fundamentos, antecedentes provenientes de disciplinas no jurídicas, grandes principios e instrumentos de la regulación que el Estado (a través de la legislación y de la administración) realiza sobre actividades económicas que desarrollan los distintos agentes en relación a los recursos naturales y energéticos, y su impacto en el medio ambiente, estableciendo los denominados “marcos regulatorios”, lo que permitirá profundizar, criticar, apoyar u obtener una mejor comprensión de los instrumentos jurídicos.

Promover vínculos intra y extra universitarios. Como fruto de la investigación, docencia y extensión en las áreas que cubre el Programa, se ha intentado lograr como objetivo general el desarrollo de todas las disciplinas jurídicas relacionadas con los recursos naturales y la energía, y a partir de ello, promover el diálogo dentro de la universidad y fuera de ella, con diversas instituciones dedicadas a tales temas. Estos vínculos internos y externos ayudarán a promover actividades en conjunto con organismos del Estado instituciones académicas y de investigación, así como, con empresas privadas del área.

Ha sido requisito fundamental para el éxito del Programa la relación permanente con los organismos públicos del sector, y con el empresariado de los recursos naturales y de la energía. Por tratarse los recursos naturales de un área claramente interdisciplinaria, esta perspectiva sistémica potencia la visión que de la regulación pueda obtener una sola disciplina aislada.

El Programa ha pretendido proveer tanto al sector privado como público, de asesorías especializadas (investigaciones), enseñanza (cursos) y actividades de extensión (jornadas y seminarios), todos necesarios para el país, aportando una visión completa, multisectorial, y a la vez sustentada en los más altos niveles de excelencia académica propios de esta Casa Universitaria.

B/Objetivos específicos del Programa

Los objetivos específicos del Programa han sido:

1º Consolidar grupos de investigadores sobre las temáticas del Programa.

Ha sido esencial para la actividad del Programa poder congregar investigadores de distintas disciplinas alrededor de los temas específicos que abordan, los que son tratados aprovechando los distintos enfoques que cada disciplina puede aportar, y generar una más amplia difusión de la información de todos los participantes.

Potenciar la investigación interdisciplinaria, y la prestación de servicios y consultorías especializadas.

Se ha intentado lograr la integración de profesionales de distintas disciplinas en el ámbito de los recursos naturales, la energía y el medio ambiente.

Por ejemplo, en las Jornadas que ha organizado el Programa siempre se ha contado con la destacada participación de hidrólogos, agrónomos, geógrafos, ingenieros y economistas, aportando datos y análisis frescos a las visiones jurídicas de dichas áreas.

Estas instancias de cooperación han sido reforzadas y sostenidas en forma permanente.

Consolidar la realización de Jornadas académicas.

Desde 1998 en que el programa  realizó exitosamente las Primeras Jornadas de Derecho de Aguas, en 2001 se unieron las Jornadas de Derecho Eléctrico, y luego jornadas de las temáticas mineras, urbanísticas, de telecomunicaciones y de regulación económica; totalizando más de una veintena.

Consolidar publicaciones especializadas en Recursos Naturales y Energía.

El Programa edité entre 1999 y 2006 la “Revista de Derecho Administrativo Económico”, dedicada en especial a los recursos naturales, la energía y el medio ambiente, única en su género en Chile y en una materia en la que casi no existen revistas especializadas. La Revista editó dos números al año, de aproximadamente 300 páginas cada uno, lo cual demuestra un sostenido trabajo. Los investigadores del Programa y otros colaboradores han tenido así un medio idóneo y propio del área de trabajo, para difundir sus trabajos especializados, y captar colaboraciones de otros profesores chilenos o extranjeros, junto con promover el crecimiento y consecuencial desarrollo de las disciplinas acogidas en la Revista.

Formación y capacitación académica.

Se ha preparado un grupo de investigadores y profesores para mejorar su aporte a la docencia, y para posibilitar la creación en 2003 del Diplomado en Derecho de Recursos Naturales, el que luego en 2004 devino en Diplomado de derecho Administrativo Económico.

Los profesores del Programa han demostrado ostentar un perfil docente fundado en la investigación especializada, con una visión panorámica de estas áreas de enseñanza, que les ha permitido traspasar a los alumnos no sólo los contenidos tradicionales, sino profundizar en nuevas perspectivas de análisis, mucho más útiles como futuras herramientas profesionales.

JUSTIFICACION ACADÉMICA DEL PROGRAMA

A/ Necesidades de investigación en un área crecientemente regulada.

Las regulaciones que existen para el aprovechamiento de los recursos naturales y la energía, o para el asentamiento humano en ciudades y territorios, o los mecanismos para prevenir la polución o daño al medio ambiento natural impactan sobre actividades sociales y económicas que representan no sólo un mercado sino también un gasto público que crece exponencialmente con las necesidades de la población, cada año.

Esto no siempre se ha visto acompañado de un crecimiento de la investigación en las regulaciones existentes, y cualquier esfuerzo al respecto debe apoyarse en los desarrollos de las disciplinas, cuyo objeto es distinto del Derecho, pero que proporcionan elementos centrales para comprender los recursos naturales, la energía, su naturaleza y aprovechamiento humano.

Incluso, dentro de la misma ciencia jurídica es problemática la investigación del derecho de los recursos naturales y de la energía.

a) Aspectos generales.

La actividad de los particulares, de relevancia jurídica, en el ámbito de los recursos naturales y energía, descansa sobre dos principios contradictorios: la libre iniciativa de los particulares, por una parte, y la intervención reguladora del Estado, por otro lado, en cuyo juego y prevalencia se define la naturaleza del orden económico de la sociedad. Y las antinomias que como consecuencia de la aplicación de estos principios-fuerzas puedan producirse han sido resueltas por la Constitución chilena bajo ciertas normas cuya orientación general es la de disciplinar y enmarcar la actividad del Estado mediante la institucionalización y racionalización de su poder a través del Derecho. Así, además de posibilitar la libre acción de las personas, las políticas públicas deben intentar que se cuiden bienes sociales relevantes, como los recursos naturales y energéticos, y se intente propender al desarrollo y a la superación de la pobreza.

Como consecuencia de la realidad chilena, es un hecho fácil de comprobar que el Estado continúa siendo un gran interventor de la actividad privada en materia económica, la que no puede quebrantar los principios de la Constitución; a raíz de lo cual el objetivo del Programa ha sido ofrecer investigación sobre el marco jurídico legítimo y adecuado de la actuación privada y de la Administración pública en las áreas de interés. La novedad quizás ha sido internalizar para los no-juristas que esta búsqueda es científica (en el sentido que se realiza con un método adecuado), a pesar de que se opera con el derecho vigente (es esa por lo demás, la Ciencia del derecho-Dogmática).

b) Fundamentos del aporte del Programa

Aunque las normas de la Constitución por su jerarquía y conocimiento presunto, las ideas centrales de la intervención del Estado en el área económica en general, y en especial en los recursos naturales y energía no siempre son conocidos por legisladores, jueces y, desde luego, por la Administración.

Por otra parte, la actual crisis de la jurisprudencia chilena, caracterizada por la dispersión y anarquía de las doctrinas contenidas en las sentencias, por su profundidad, también afecta gravemente la necesaria claridad y ausencia de conflictos en torno a las facultades de la autoridad y a los derechos de propiedad en sectores económicos tan especializados para la mirada clásica del derecho, como el derecho eléctrico, de aguas, de minas, forestal, urbanístico, y otros relativos a los recursos naturales.

Esto se agrava por una realidad incontestable: las codificaciones o conformaciones de cuerpos legislativos armónicos fueron hechas en Chile con mentalidad decimonónica, regulando sectores cada vez más especializados y sin considerar una inmensa gama de legislación extravagante (esto es, más allá de la codificación del llamado «derecho común»).

Sobre todo en materia de recursos naturales y energía, no basta el deseo de redactar leyes reguladoras de los sectores respectivo (ley eléctrica, de uso del suelo, etc.), o de interpretarlas en tal sentido; también se requiere el conocimiento especializado y el trabajo en equipo de juristas, economistas y especialistas del área de que se trate para llevar a la realización concreta de manera que su impacto sea beneficioso para la sociedad. Al lograr unir de manera coordinada las distintas perspectivas que cada ciencia aporta a la creación y aplicación de normas jurídicas, el trabajo los juristas ganará en eficiencia y certeza. Será un aporte a la cultura jurídica, esperable de toda Universidad.

Todo lo anterior resalta la gran responsabilidad de los centros universitarios de investigar y desarrollar el derecho legítimamente aplicable a todos estos sectores especializados en recursos naturales, y energía, escasamente abordados en la práctica en todos los currículos de las carreras de Derecho en Chile, a pesar de la importancia que tienen, y sobre lo cual hasta ahora existe escasa investigación, docencia y publicación especializada, a pesar de una necesidad evidente de contar con ellas.

IV. RELEVANCIA DEL PROGRAMA

La característica central de este Programa es que ha pretendido abrir un espacio que había mantenido una investigación de muy bajo desarrollo en el país, en materias que pese a su gran importancia económica (uso de recursos naturales, como el agua, los minerales, los bosques; aprovechamiento de la energía, y de su impacto en el medio ambiente; y de los bienes públicos), no ha tenido ni una enseñanza ni una preocupación investigativa sistemática e integrada en Derecho, como tampoco haberse integrado una amplia visión interdisciplinaria. Este Programa, con su aporte, decidido y modesto a la vez, ha permitido en alguna medida alterar ese estado de situación. Ese aporte ha implicado un avance tanto en el ámbito del derecho como en cada una de las ciencias involucradas.

La relevancia del Programa puede medirse dado que ha abordado los tres aspectos esenciales de la Universidad

- la investigación, tanto en su sentido teórico como aplicado, que ha permitido identificar las instituciones propias de cada área de regulación de los recursos naturales y de la energía y aportar elaboraciones conceptuales frescas para la discusión nacional.

- la extensión y difusión a través de publicaciones especializadas, como la Revista de Derecho Administrativo Económico (que se especializa en recursos naturales y energía), de los resultados de las investigaciones realizadas y de materiales para facilitar la labor de los demás autores en la materia. Ha sido relevante el Programa como sostenedor intelectual y material de una nueva revista especializada de la Universidad, que la proyecta como innovadora y promotora de renovación investigativa en disciplinas importantes para el país.

- la docencia (en desarrollo dentro de la Facultad en cursos de Licenciatura, Magister y Doctorado, y con la creación del Diplomado en Derecho de Recursos Naturales, devenido luego Diplomado de Derecho Administrativo Económico) ha sido sin duda la mejor forma de contribuir a la formación de profesionales capaces de utilizar herramientas de análisis más integradas, esperando no sólo el apoyo de las demás disciplinas de derecho sino que también que el proceso permita abrir estas experiencias a las demás Facultades involucradas en este Programa, aportando una visión jurídica a los estudios actuales de la  economía, de la ingeniería, etc.

V. PROYECCIÓN FUTURA DEL PROGRAMA

La proyección futura del Programa es el potenciamiento y creación, en su caso, de variadas líneas de investigación, en relación con funciones estatales de bien común y con actividades económicas relevantes, lo que podrá significar un aporte efectivo a la renovación del Derecho, constituyéndose el Programa en forjador de investigadores y de profesionales del área; e informador permanente (a través de sus publicaciones, análisis y eventos) de académicos profesionales, empresarios y autoridades.



["Prólogo" a Una década del Programa de Derecho Administrativo Económico 1998-2008,
(Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 200)]