CREACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa
de Derecho Administrativo Económico nació el año 1998, bajo el alero de la
Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, para amparar el trabajo
temático efectivo de un grupo de académicos, con líneas de investigación y
acciones bien definidas: la regulación económica, de recursos naturales (en
especial aguas y minas) y energía (en especial electricidad) y sus conexiones
con el derecho Administrativo.
Todas sus tareas tenían el objetivo de
investigar los principios jurídicos y sistematizar la legislación que entrega
posibilidades regulatorias al Estado-Administración en dichas áreas, y las
posibilidades de acción de los actores privados en cada sector en que
participen. Siendo la perspectiva escogida la del Derecho
Administrativo Económico.
Es importante destacar que también el deseo
fue proyectar y profundizar en estas áreas específicas la labor del Programa de
Derecho Administrativo Económico (PDAE), realizando no sólo la actividad
esencial de la Universidad, como es la investigación, sino también impregnar la
docencia y extensión con las materias
investigadas.
OBJETIVOS
A/Objetivos
generales
Los objetivos generales han sido:
1º Impacto
en la cultura jurídica. La principal orientación del Programa ha estado
dirigida a producir un impacto cultural significativo en el estudio del derecho
de los recursos naturales y de la energía, y que mejore no sólo la calidad y la
diversidad de las actividades al interior de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (y en especial de su Facultad
de Derecho), sino también que sirva para el mejoramiento del sistema jurídico
chileno.
2º Producir
nuevos conocimientos. Ha sido igualmente un objetivo esencial, y que ha
permitido cumplir el anterior, la producción de nuevos conocimientos en áreas
en que el ordenamiento jurídico chileno ha sufrido significativas
transformaciones. Al respecto, fue necesario:
a) Generar estudios interdisciplinarios que
permitan desarrollar una visión integrada de la regulación jurídica y la
actividad privada y administrativa en el ámbito de los recursos naturales y de
la energía, que se sustente en una acabada comprensión teórica de las materias
a tratar y a la vez permita ofrecer una aplicación concreta de sus resultados a
la comunidad nacional.
b) Incorporar a la investigación, extensión y
docencia del país, en un área en creciente necesidad de desarrollo, el análisis
que desde la economía, de la ingeniería, de la geografía, de la agronomía, y de
otras disciplinas sociales o empíricas, se pueda efectuar al Derecho, en sus
aspectos teóricos y prácticos. Este análisis ha tenido una sostenida evolución
en países de Europa y Norteamérica, que aún no ha sido integrada en forma
satisfactoria al desarrollo de la ciencia del derecho nacional, ofrece una
perspectiva que integra una variedad de conceptos desarrollados por áreas
ajenas al Derecho, como la economía, geografía, agronomía e ingeniería, que
necesitan ser integrados en su original extensión para lograr un análisis
jurídico adecuado.
3º Influir
en la profesión jurídica. Ha sido una prioridad del Programa apoyar la
formación de jóvenes investigadores y docentes con especialización en las distintas
áreas a desarrollar, destacándose por una formación abierta y
multidisciplinaria en las nuevas tendencias del Derecho. De ese modo, a través
de su actividad en congresos, publicaciones y enseñanza, se ha podido efectuar
un aporte a los operadores del derecho.
4º Influir
en las políticas públicas. La investigación, docencia y extensión a
desarrollar se centrará en el análisis de los fundamentos, antecedentes
provenientes de disciplinas no jurídicas, grandes principios e instrumentos de
la regulación que el Estado (a través de la legislación y de la administración)
realiza sobre actividades económicas que desarrollan los distintos agentes en
relación a los recursos naturales y energéticos, y su impacto en el medio
ambiente, estableciendo los denominados “marcos regulatorios”, lo que permitirá
profundizar, criticar, apoyar u obtener una mejor comprensión de los
instrumentos jurídicos.
5º Promover
vínculos intra y extra universitarios. Como fruto de la investigación,
docencia y extensión en las áreas que cubre el Programa, se ha intentado lograr
como objetivo general el desarrollo de todas las disciplinas jurídicas
relacionadas con los recursos naturales y la energía, y a partir de ello,
promover el diálogo dentro de la universidad y fuera de ella, con diversas
instituciones dedicadas a tales temas. Estos vínculos internos y externos
ayudarán a promover actividades en conjunto con organismos del Estado
instituciones académicas y de investigación, así como, con empresas privadas
del área.
Ha sido requisito fundamental para el éxito
del Programa la relación permanente con los organismos públicos del sector, y
con el empresariado de los recursos naturales y de la energía. Por tratarse
los recursos naturales de un área claramente interdisciplinaria, esta perspectiva
sistémica potencia la visión que de la regulación pueda obtener una sola
disciplina aislada.
El Programa ha pretendido proveer tanto al
sector privado como público, de asesorías especializadas (investigaciones),
enseñanza (cursos) y actividades de extensión (jornadas y seminarios), todos
necesarios para el país, aportando una visión completa, multisectorial, y a la
vez sustentada en los más altos niveles de excelencia académica propios de esta
Casa Universitaria.
B/Objetivos
específicos del Programa
Los objetivos específicos del Programa han
sido:
1º
Consolidar grupos de investigadores sobre las temáticas del Programa.
Ha sido esencial para la actividad del
Programa poder congregar investigadores de distintas disciplinas alrededor de
los temas específicos que abordan, los que son tratados aprovechando los
distintos enfoques que cada disciplina puede aportar, y generar una más amplia
difusión de la información de todos los participantes.
2º Potenciar
la investigación interdisciplinaria, y la prestación de servicios y
consultorías especializadas.
Se ha intentado lograr la integración de
profesionales de distintas disciplinas en el ámbito de los recursos naturales,
la energía y el medio ambiente.
Por ejemplo, en las Jornadas que ha
organizado el Programa siempre se ha
contado con la destacada participación de hidrólogos, agrónomos, geógrafos,
ingenieros y economistas, aportando datos y análisis frescos a las visiones
jurídicas de dichas áreas.
Estas instancias de cooperación han sido
reforzadas y sostenidas en forma permanente.
3º Consolidar
la realización de Jornadas académicas.
Desde 1998 en que el programa realizó exitosamente las Primeras Jornadas de
Derecho de Aguas, en 2001 se unieron las Jornadas de Derecho Eléctrico, y luego
jornadas de las temáticas mineras, urbanísticas, de telecomunicaciones y de
regulación económica; totalizando más de una veintena.
4º Consolidar
publicaciones especializadas en Recursos Naturales y Energía.
El Programa edité entre 1999 y 2006 la “Revista de Derecho Administrativo Económico”,
dedicada en especial a los recursos naturales, la energía y el medio ambiente,
única en su género en Chile y en una materia en la que casi no existen revistas
especializadas. La Revista editó dos
números al año, de aproximadamente 300 páginas cada uno, lo cual demuestra un
sostenido trabajo. Los investigadores del Programa y otros colaboradores han
tenido así un medio idóneo y propio del área de trabajo, para difundir sus
trabajos especializados, y captar colaboraciones de otros profesores chilenos o
extranjeros, junto con promover el crecimiento y consecuencial desarrollo de
las disciplinas acogidas en la Revista.
5º Formación
y capacitación académica.
Se ha preparado un grupo de investigadores y
profesores para mejorar su aporte a la docencia, y para posibilitar la creación
en 2003 del Diplomado en Derecho de
Recursos Naturales, el que luego en 2004 devino en Diplomado de derecho Administrativo Económico.
Los profesores del Programa han demostrado
ostentar un perfil docente fundado en la investigación especializada, con una
visión panorámica de estas áreas de enseñanza, que les ha permitido traspasar a
los alumnos no sólo los contenidos tradicionales, sino profundizar en nuevas
perspectivas de análisis, mucho más útiles como futuras herramientas
profesionales.
JUSTIFICACION ACADÉMICA DEL PROGRAMA
A/ Necesidades de investigación en un área
crecientemente regulada.
Las regulaciones que existen para el
aprovechamiento de los recursos naturales y la energía, o para el asentamiento
humano en ciudades y territorios, o los mecanismos para prevenir la polución o
daño al medio ambiento natural impactan sobre actividades sociales y económicas
que representan no sólo un mercado sino también un gasto público que crece
exponencialmente con las necesidades de la población, cada año.
Esto no siempre se ha visto acompañado de un
crecimiento de la investigación en las regulaciones existentes, y cualquier
esfuerzo al respecto debe apoyarse en los desarrollos de las disciplinas, cuyo
objeto es distinto del Derecho, pero que proporcionan elementos centrales para
comprender los recursos naturales, la energía, su naturaleza y aprovechamiento
humano.
Incluso, dentro de la misma ciencia jurídica
es problemática la investigación del derecho de los recursos naturales y de la
energía.
a)
Aspectos generales.
La actividad de los particulares, de
relevancia jurídica, en el ámbito de los recursos naturales y energía, descansa
sobre dos principios contradictorios: la libre iniciativa de los particulares, por
una parte, y la intervención reguladora del Estado, por otro lado, en cuyo
juego y prevalencia se define la naturaleza del orden económico de la sociedad. Y las
antinomias que como consecuencia de la aplicación de estos principios-fuerzas
puedan producirse han sido resueltas por la Constitución chilena bajo ciertas
normas cuya orientación general es la de disciplinar y enmarcar la actividad
del Estado mediante la institucionalización y racionalización de su poder a
través del Derecho. Así, además de posibilitar la libre acción de las personas,
las políticas públicas deben intentar que se cuiden bienes sociales relevantes,
como los recursos naturales y energéticos, y se intente propender al desarrollo
y a la superación de la pobreza.
Como consecuencia de la realidad chilena, es
un hecho fácil de comprobar que el Estado continúa siendo un gran interventor
de la actividad privada en materia económica, la que no puede quebrantar los
principios de la Constitución; a raíz de lo cual el objetivo del Programa ha
sido ofrecer investigación sobre el marco jurídico legítimo y adecuado de la
actuación privada y de la Administración pública en las áreas de interés. La
novedad quizás ha sido internalizar para los no-juristas que esta búsqueda es
científica (en el sentido que se realiza con un método adecuado), a pesar de
que se opera con el derecho vigente (es esa por lo demás, la Ciencia del
derecho-Dogmática).
b)
Fundamentos del aporte del Programa
Aunque las normas de la Constitución por su
jerarquía y conocimiento presunto, las ideas centrales de la intervención del
Estado en el área económica en general, y en especial en los recursos naturales
y energía no siempre son conocidos por legisladores, jueces y, desde luego, por
la Administración.
Por otra parte, la actual crisis de la
jurisprudencia chilena, caracterizada por la dispersión y anarquía de las
doctrinas contenidas en las sentencias, por su profundidad, también afecta
gravemente la necesaria claridad y ausencia de conflictos en torno a las
facultades de la autoridad y a los derechos de propiedad en sectores económicos
tan especializados para la mirada clásica del derecho, como el derecho
eléctrico, de aguas, de minas, forestal, urbanístico, y otros relativos a los
recursos naturales.
Esto se agrava por una realidad
incontestable: las codificaciones o conformaciones de cuerpos legislativos
armónicos fueron hechas en Chile con mentalidad decimonónica, regulando
sectores cada vez más especializados y sin considerar una inmensa gama de
legislación extravagante (esto es, más allá de la codificación del llamado
«derecho común»).
Sobre todo en materia de recursos naturales y
energía, no basta el deseo de redactar leyes reguladoras de los sectores
respectivo (ley eléctrica, de uso del suelo, etc.), o de interpretarlas en tal
sentido; también se requiere el conocimiento especializado y el trabajo en
equipo de juristas, economistas y especialistas del área de que se trate para
llevar a la realización concreta de manera que su impacto sea beneficioso para la sociedad. Al lograr
unir de manera coordinada las distintas perspectivas que cada ciencia aporta a
la creación y aplicación de normas jurídicas, el trabajo los juristas ganará en
eficiencia y certeza. Será un aporte a la cultura jurídica, esperable de toda
Universidad.
Todo lo anterior resalta la gran
responsabilidad de los centros universitarios de investigar y desarrollar el
derecho legítimamente aplicable a todos estos sectores especializados en
recursos naturales, y energía, escasamente
abordados en la práctica en todos los currículos de las carreras de Derecho en Chile, a
pesar de la importancia que tienen, y sobre lo cual hasta ahora existe escasa
investigación, docencia y publicación especializada, a pesar de una necesidad
evidente de contar con ellas.
IV. RELEVANCIA DEL PROGRAMA
La característica central de este Programa es
que ha pretendido abrir un espacio que había mantenido una investigación de muy
bajo desarrollo en el país, en materias que pese a su gran importancia
económica (uso de recursos naturales, como el agua, los minerales, los bosques;
aprovechamiento de la energía, y de su impacto en el medio ambiente; y de los
bienes públicos), no ha tenido ni una enseñanza ni una preocupación
investigativa sistemática e integrada en Derecho, como tampoco haberse
integrado una amplia visión interdisciplinaria. Este Programa, con su aporte,
decidido y modesto a la vez, ha permitido en alguna medida alterar ese estado
de situación. Ese aporte ha implicado un avance tanto en el ámbito del derecho
como en cada una de las ciencias involucradas.
La relevancia del Programa puede medirse dado
que ha abordado los tres aspectos esenciales de la Universidad
- la investigación, tanto en su sentido
teórico como aplicado, que ha permitido identificar las instituciones propias
de cada área de regulación de los recursos naturales y de la energía y aportar
elaboraciones conceptuales frescas para la discusión nacional.
- la extensión y difusión a través de
publicaciones especializadas, como la Revista
de Derecho Administrativo Económico (que se especializa en recursos
naturales y energía), de los resultados de las investigaciones realizadas y de
materiales para facilitar la labor de los demás autores en la materia. Ha sido
relevante el Programa como sostenedor intelectual y material de una nueva
revista especializada de la Universidad, que la proyecta como innovadora y
promotora de renovación investigativa en disciplinas importantes para el país.
- la docencia (en desarrollo dentro de la
Facultad en cursos de Licenciatura, Magister y Doctorado, y con la creación del
Diplomado en Derecho de Recursos
Naturales, devenido luego Diplomado
de Derecho Administrativo Económico) ha sido sin duda la mejor forma de
contribuir a la formación de profesionales capaces de utilizar herramientas de
análisis más integradas, esperando no sólo el apoyo de las demás disciplinas de
derecho sino que también que el proceso permita abrir estas experiencias a las
demás Facultades involucradas en este Programa, aportando una visión jurídica a
los estudios actuales de la economía, de
la ingeniería, etc.
V. PROYECCIÓN FUTURA DEL PROGRAMA
La proyección futura del Programa es el
potenciamiento y creación, en su caso, de variadas
líneas de investigación, en relación con funciones estatales de bien común
y con actividades económicas relevantes, lo que podrá significar un aporte
efectivo a la renovación del Derecho, constituyéndose el Programa en forjador
de investigadores y de profesionales del área; e informador permanente (a
través de sus publicaciones, análisis y eventos) de académicos profesionales,
empresarios y autoridades.
["Prólogo" a Una década del Programa de Derecho Administrativo Económico 1998-2008,
(Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 200)]