…En las aguas están repartidos los poderes para el Estado, la sociedad y
el mercado; y una exacerbación de lo estatista, ¿no irá a romper ese razonable
equilibrio?...
El más reciente intento de estatización de las aguas es el anunciado en
los últimos días, que repite un proyecto de la actual Presidenta del final de
su primer mandato (mensaje de 6 de enero de 2010), y su programa de candidatura.
Lo que se propone no sólo es modificar la Constitución para declarar que
las aguas “son bienes nacionales de uso público”; sino también para eliminar la
garantía de la propiedad de los derechos de agua; y así posibilitar amplios poderes
de la Administración del Estado para extinguir o caducar derechos de aguas,
autorizar o denegar transferencias, y otras que se anuncian profusamente en
estos días.
Dos preguntas que cabe formular: ¿es necesario estatizar las aguas? ¿Con
la estatización se solucionan los problemas de las aguas?
Declarar a las aguas como “bienes nacionales de uso público” es
innecesario, pues el Código Civil y el Código de Aguas ya contienen esa
declaración; y darle nivel constitucional no agrega nada. ¡Salvo que sea para
justificar una estatización del modelo de las aguas, y así, por ejemplo,
eliminar la garantía de la propiedad de los derechos de aguas, estableciendo
potestades administrativas para declarar caducidades y limitaciones por
doquier, eliminando cualquier huella del mercado!
Además, si se observa la realidad, las aguas ya son bienes públicos (del
pueblo), comunes de los usuarios de cada río, de cada acuífero! ¿Se ha
consultado a ese pueblo usuario de las aguas si tal estatización les sirve para
algo? No debe olvidarse que las aguas de cada río, de cada acuífero, sólo las
pueden usar quienes tienen derecho a extraerlas; y tales aguas están sujetas al
reparto o autogestión colectiva de sus titulares de derechos, a través de
juntas de vigilancia.
Se dice que para regular ese recurso natural es
necesario declararlo previamente del dominio del Estado, pero quienes piensan así olvidan que la desestatización de los recursos
naturales ha sido una consolidada tendencia legislativa en nuestro país; y el
último ejemplo ha sido la Ley de Pesca, en 2012. En el caso de los peces era
ridículo (pues se llegó a plantear que era necesario declararlos previamente
del dominio del Estado), pero el Poder Legislativo actuó con sensatez, y
simplemente reguló la pesca, sin declaración apriorística alguna de los peces
como propiedad del Estado.
Si bien los problemas que hoy aquejan a las aguas no fueron todos resueltos
en la reforma introducida por la Ley 20.017, de 2005, y subsisten
conflictos y temas pendientes, por ejemplo, en las aguas subterráneas;
discrecionalidad excesiva y graves retrasos de la Dirección General de Aguas;
mejorar definición de derechos de aprovechamiento no consuntivos; mejorar
regulación de las organizaciones de usuarios; nuevas fuentes de aguas (recarga
artificial de acuíferos, desalinización, entre otros). Pero para solucionarlos
basta dictar una ley adecuada a tales problemas, pero no se ve la necesidad de
estatizar previamente las aguas.
Esta tendencia estatizante está mal enfocada, pues una vaga declaración
constitucional por sí sola no soluciona los problemas de la gestión del agua; y
la realidad muestra que las aguas, más que estatales, son bienes comunes
(autogestionadas por quienes las usan); y el rol de la Nación no es disputar
una especie de propiedad de las aguas, sino regularlas a través de decisiones
legislativas adecuadas. Que la Nación haga propias las aguas no tiene
significado alguno; es una mera consigna.
El sólo anuncio de una estatización siembra inquietud en una legislación
esencial, pues el agua es insumo de relevantes actividades económicas (minería,
hidroelectricidad, servicios sanitarios, agricultura, fruticultura,
viticultura) y puede afectar tales regulaciones especiales.
La realidad del derecho viviente torna inútil e irreal la estatización
de las aguas. ¿Cuál será el sentimiento del pueblo que usa las aguas? Si se
hace una encuesta a todos los usuarios (agricultores, fruticultores, indígenas,
industriales) podrá descubrirse el verdadero sentir y se apercibirá lo desajustado
de querer entregar al Estado lo que el pueblo, de modo consuetudinario, siente
como un bien común.
En las aguas están repartidos los poderes para el Estado, la sociedad y
el mercado, y ahora se desea entregar una cuota enorme de ese poder a la
burocracia estatal. Con una exacerbación de lo estatista, ¿no se irá a romper un
razonable equilibrio?
[Publicado en: El Mercurio, 26 de agosto de
2014]
