25 de julio de 2011

Modificación legal necesaria en servidumbres eléctricas



La práctica es altamente especulativa, incierta y demorosa: incorporar la teoría de los juegos como mecanismo de resolución de conflictos puede ser la solución.


El Gobierno ha anunciado la creación de una "'carretera eléctrica pública", para la instalación de la infraestructura de transporte eléctrico. Tal idea de legislar debe ser analizada separadamente de los problemas que existen actualmente en materia de servidumbres eléctricas.

Los detalles que han transcendido del proyecto de "carretera": la Administración del Estado definirá una franja de terreno, expropiará los terrenos de esa franja y obtendrá las servidumbres y permisos ambientales necesarios, y concesionará a privados un trazado de línea eléctrica. Esta línea debe establecer un sistema de transmisión troncal de acceso abierto al que accedan todas las generadoras, en el marco geográfico de un Sistema Interconectado y se financiará con el pago de peajes de transmisión.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar la tramitación de proyectos eléctricos, destrabando el aspecto relativo a la transmisión, que usualmente entrampa este tipo de iniciativas.

Esta propuesta es interesante y merece ser estudiada con detención. Pero no debe ser confundida con un grave problema actual de la regulación eléctrica: el de las servidumbres de ocupación del suelo privado para instalar torres y líneas; muy necesarias para ese sinfín de proyectos eléctricos que comienzan a poblar el país.

Los empresarios eléctricos, desesperados por construir y conectar luego sus líneas, aceptan la alta especulación de precios de los propietarios de los terrenos. En algunas ocasiones, cuando pueden, intentan constituirlas utilizando legislaciones vecinas, como la de aguas o mineras.

Entonces, el Gobierno, en su tarea colegisladora, no puede olvidar el problema de la oportuna instalación, operación y explotación de las estructuras de transmisión. Los mecanismos existentes dilatan excesivamente la forma de equiparar los intereses del propietario del terreno y del interesado en desarrollar el proyecto, pudiendo observarse una alta especulación y algunos excesos en la fijación de las indemnizaciones.

En 2010 fue ingresado al Congreso, un proyecto de ley modificatorio de la LGSE, como el cambio de denominación de la Comisión de Hombres Buenos, a una o más Comisiones Tasadoras; la agilización de su actuación, mediante multas; y la simplificación del trámite de toma de posesión material de los terrenos gravados, entre otros aspectos. Es un buen proyecto, en general, pero mantiene la laguna legal respecto de un mecanismo que evite la especulación y los excesos en las indemnizaciones.

Propongo, como nueva respuesta a este problema, la aplicación de la teoría de los juegos, tal como se ha hecho en la LGSE a propósito de la fijación de tarifas por el Panel de Expertos, de tal modo que las Comisiones Tasadoras diriman entre dos valores para las indemnizaciones: (i) el que proponga el propietario; o (ii) el que proponga la empresa eléctrica, no estando facultadas para decidir por un valor intermedio. Incluso, las resoluciones de las Comisiones Tasadoras podrían ser apelables ante el Panel de Expertos.

De este modo, se pacificaría uno de los aspectos de mayor especulación y conflictos de la regulación actual: las servidumbres para instalaciones eléctricas.

            El modelo de resolución de conflictos entre empresas eléctricas ha sido exitoso desde su creación en 2004, y cabe aquilatar su aplicación a la materia de servidumbres.



[Publicado en El Mercurio Legal, 25 de julio de 2011]