La práctica es altamente especulativa, incierta y demorosa: incorporar la teoría de los
juegos como mecanismo de resolución
de conflictos puede ser la solución.
El
Gobierno ha anunciado la creación de una "'carretera eléctrica
pública", para la instalación de la infraestructura de transporte
eléctrico. Tal idea de legislar debe ser analizada separadamente de los
problemas que existen actualmente en materia de servidumbres eléctricas.
Los
detalles que han transcendido del proyecto de "carretera": la
Administración del Estado definirá una franja de terreno, expropiará los
terrenos de esa franja y obtendrá las servidumbres y permisos ambientales
necesarios, y concesionará a privados un trazado de línea eléctrica. Esta línea
debe establecer un sistema de transmisión troncal de acceso abierto al que
accedan todas las generadoras, en el marco geográfico de un Sistema
Interconectado y se financiará con el pago de peajes de transmisión.
El
objetivo de esta iniciativa es facilitar la tramitación de proyectos
eléctricos, destrabando el aspecto relativo a la transmisión, que usualmente
entrampa este tipo de iniciativas.
Esta
propuesta es interesante y merece ser estudiada con detención. Pero no debe ser
confundida con un grave problema actual de la regulación eléctrica: el de las
servidumbres de ocupación del suelo privado para instalar torres y líneas; muy
necesarias para ese sinfín de proyectos eléctricos que comienzan a poblar el
país.
Los
empresarios eléctricos, desesperados por construir y conectar luego sus líneas,
aceptan la alta especulación de precios de los propietarios de los terrenos. En
algunas ocasiones, cuando pueden, intentan constituirlas utilizando
legislaciones vecinas, como la de aguas o mineras.
Entonces,
el Gobierno, en su tarea colegisladora, no puede olvidar el problema de la
oportuna instalación, operación y explotación de las estructuras de
transmisión. Los mecanismos existentes dilatan excesivamente la forma de
equiparar los intereses del propietario del terreno y del interesado en
desarrollar el proyecto, pudiendo observarse una alta especulación y algunos
excesos en la fijación de las indemnizaciones.
En
2010 fue ingresado al Congreso, un proyecto de ley modificatorio de la LGSE,
como el cambio de denominación de la Comisión de Hombres Buenos, a una o más
Comisiones Tasadoras; la agilización de su actuación, mediante multas; y la
simplificación del trámite de toma de posesión material de los terrenos
gravados, entre otros aspectos. Es un buen proyecto, en general, pero mantiene
la laguna legal respecto de un mecanismo que evite la especulación y los
excesos en las indemnizaciones.
Propongo,
como nueva respuesta a este problema, la aplicación de la teoría de los juegos,
tal como se ha hecho en la LGSE a propósito de la fijación de tarifas por el
Panel de Expertos, de tal modo que las Comisiones Tasadoras diriman entre dos
valores para las indemnizaciones: (i) el que proponga el propietario; o (ii) el
que proponga la empresa eléctrica, no estando facultadas para decidir por un
valor intermedio. Incluso, las resoluciones de las Comisiones Tasadoras podrían
ser apelables ante el Panel de Expertos.
De
este modo, se pacificaría uno de los aspectos de mayor especulación y
conflictos de la regulación actual: las servidumbres para instalaciones
eléctricas.
[Publicado en El Mercurio Legal, 25 de julio de 2011]
