Los
mayores desafíos del sector debiesen dotar al país de seguridad energética,
limpia y sustentable tanto económica como ambiental.
Estamos expectantes ante los nuevos desafíos
que el mercado eléctrico nos depara. Ya es sabido que en los últimos años el
país ha presentado un crecimiento sostenido en la demanda, debido a las
actividades extractivas en la gran minería del norte y al incremento de las
industrias forestales y pesqueras en el sur. Ello, sumado a una mayor demanda
energética, ha determinado la necesidad de aumentar la matriz energética de
Chile para abastecer tanto la demanda del sector productivo como el consumo
residencial.
¿Qué puede hacer el Derecho para responder a
estos desafíos?
Esencialmente, establecer reglas claras y una
regulación coherente que otorgue seguridad a este mercado, consolidando
garantías constitucionales como la libertad en materia económica y el derecho
de propiedad, sumado a la defensa del medio ambiente.
En materia jurídica, los últimos años de
legislación eléctrica pueden calificarse como de consolidación y mejoría de un
modelo, reflejo de decisiones y políticas públicas sucesivas. Además, en esta
materia se destaca la presencia de dos organismos relevantes, como el Centro de
Despacho Económico de Carga (CDEC), y el órgano de resolución de conflictos denominado
Panel de Expertos.
Este es el escenario que rodea a la
regulación eléctrica, que pronto cumplirá 30 años, y ningún análisis de sus
desafíos puede obviar sus bases iniciales, enfocadas en un proceso de descentralización
y privatización del sector. No obstante, el Estado mantiene su rol normativo, regulador
y principalmente fiscalizador.
Por este motivo, los objetivos de las nuevas políticas
deberían estar dirigidos a dotar de mayor eficiencia al sector eléctrico.
En la actualidad, los mayores desafíos
debiesen estar orientados a ajustar la regulación de este mercado acorde a la
realidad; dotando al país de seguridad energética, limpia y sustentable tanto económica como
ambientalmente.
En esta línea y con el fin de acelerar el
procedimiento concesional y la constitución de las servidumbres respectivas, se
está modificando el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y
existe un Proyecto de Ley que también busca permitir el establecimiento, en
forma rápida, de una mejor infraestructura.
En cuanto a los órganos que intervienen en la
industria, resulta imperioso definir la naturaleza de los CDEC, siendo
necesaria una modernización institucional de los mismos.
Asimismo, cabe mencionar la necesidad de
regulación de algunas iniciativas económicas del mercado eléctrico que no han
sido tratadas en la legislación, pero que encuentran sustento en la libertad
económica garantizada por la Constitución, tales como la autogeneración, la
comercialización de energía y la instalación, mantención y reparación de
alumbrados públicos.
El Gobierno ha depositado su interés en los medios
de generación energética, buscando soluciones para el calentamiento global. En este
sentido, es de vital importancia el plan de diversificación de la matriz
energética, fomentado por el Ministerio de Energía y conocido como Plan 2020,
que se centra en establecer al año 2020 una matriz donde el 20% de la
generación de energía se base en Energías Renovables No Convencionales.
Este ambicioso plan, requiere de grandes
esfuerzos regulatorios, jurídicos y económicos; necesitando una normativa
sectorial que regule estas energías, que posibilite a sus desarrolladores
procedimientos concesionales destinados a instalar y explotar unidades
generadoras de este tipo.
De esta manera, las instalaciones de
producción de energía eólica, solar, biomasa y minicentrales, presentarán una
importante alternativa destinada a lograr la meta propuesta.
[Publicado en Revista Nueva Minería & Energía, Nº 34, Diciembre 2010]
