"A nuestra sociedad le haría bien que los
jueces se insertaran un poco más en las instancias de diálogo, y no mantuviesen
esa notoria distancia con los demás actores del sistema de la justicia. Casi no
se los ve participar en la vida académica, asistiendo a los congresos de los
especialistas, exponiéndose al diálogo y al fuego cruzado de la crítica
civilizada; su lejanía del resto de los ciudadanos no es sana. Sería deseable
verlos discutir y conversar más sueltamente. La vida académica no es sólo hacer
clases, es también dialogar con los pares..."
La sentencia judicial del caso Castilla impactó de un modo inusitado al Ejecutivo por los
eventuales efectos negativos para las necesidades futuras de energía; además,
trascendió a la opinión pública por la sobrerreacción de la Corte Suprema a la
crítica deslizada por una ministra de Estado. A pesar de que los poderes del
Estado han dado por superado el incidente, cabe observar este caso en
perspectiva más amplia, pues ha dejado traslucir algunas características
negativas de nuestro sistema de justicia, que involucra también a la sociedad
toda, y al estamento de los juristas, sin bien poco numeroso y débil en nuestro
medio.
La sociedad espera que los tribunales emitan
decisiones plenas de racionalidad práctica y que le den certeza, evitando
cambios bruscos de criterio. Los jueces son servidores públicos y toda
sentencia debe ser objeto de escrutinio del público. El papel de los jueces no
es aplicar mecánicamente las normas, sino "hacer justicia", aun
cuando no haya ley, y muchas veces esperamos que ellos rellenen los vacíos de
las leyes o esquiven hábilmente a aquellas que consideren injustas. Aún se
reprocha en la arena política a aquellos jueces que "en otras épocas"
no se atrevieron a ir más allá de la reglas.
Esta "arbitrariedad" judicial es natural,
pero debe estar sometida a comentarios, discusiones o derechamente críticas.
En este caso los comentarios de los representantes de la empresa que ha debido soportar la decisión han pasado a un segundo plano; es la crispación entre dos poderes del Estado la que se disputó el protagonismo.
En verdad, el caso trascendió extraordinariamente porque el Gobierno y el Congreso han demostrado en materia de energía un inmovilismo exasperante, omitiendo importantes decisiones regulatorias; y la paralización que la sentencia produce a un importante proyecto originó nerviosismo. Es que esta decisión de la Corte Suprema puso en evidencia el triste espectáculo de una ineficiente administración de la energía y un mal pronóstico para relevantes inversiones. Si este caso se hubiese referido a otra materia menos "urgente", quizás nada habría ocurrido.
Por otra parte, trascendió porque una ministra realizó un natural y leve análisis técnico a una decisión judicial que dice relación con el sector bajo su gestión. Pero esto no fue nada de grave ni es poco frecuente. No es la primera vez que ocurre, y debe seguir ocurriendo. Es sano que en democracia se produzca un transparente diálogo entre los poderes del Estado y que trasciendan sus opiniones.
Cabe recordar, por ejemplo, que la misma Corte Suprema y sus presidentes han sido muy críticos en sedes académicas y periodísticas de la actitud gubernativa y legislativa de crear tribunales especiales; y ello no ha afectado a la independencia de los poderes colegisladores.
Pero a partir de este episodio se han dejado traslucir dos aspectos negativos de nuestra cultura jurídica.
En primer lugar, en nuestro país se observa una falta crónica de crítica a las decisiones de los jueces, proveniente de juristas eruditos e independientes.
Este escrutinio es propio de una sociedad moderna. En nuestro medio casi no existe aquel denso análisis de todas y cada una de las sentencias judiciales relevantes de parte de un grupo de cultivadores de la ciencia del derecho, de intelectuales del derecho, que más allá de sus propias y naturales convicciones, pueden y deben captar igual que los jueces el espíritu de la legislación de su tiempo, y convertirse en el filtro entre las esperanzas de justicia de la sociedad y las decisiones judiciales.
Si en nuestra sociedad existiese una masa de juristas, en número e independencia adecuada, no uno que otro, y realizaran el escrutinio sistemático de la jurisprudencia bajo el prisma de la racionalidad práctica, tales críticas se transformarían en algo mucho más atemorizador para el juez que las palabras de una ministra de Estado. Pero la falta de una voz fuerte y decidida de juristas es el resultado de una débil cultura científica en el ámbito jurídico, carencia que no sólo la espontaneidad de las facultades de Derecho deben superar, sino que en este caso se ha demostrado que es una cuestión de interés público.
En segundo lugar, aunque los representantes de los poderes del Estado ayer en pugna hoy se han dado la mano, cabe aprender la lección y podemos tomar este suceso como una oportunidad de que los jueces mantengan la tranquilidad ante el esperado escrutinio de los ciudadanos, de los juristas o de los otros poderes del Estado.
A nuestra sociedad le haría bien que los jueces se insertaran un poco más en las instancias de diálogo, y no mantuviesen esa notoria distancia con los demás actores del sistema de la justicia. Casi no se los ve participar en la vida académica, asistiendo a los congresos de los especialistas, exponiéndose al diálogo y al fuego cruzado de la crítica civilizada; su lejanía del resto de los ciudadanos no es sana. Sería deseable verlos discutir y conversar más sueltamente. La vida académica no es sólo hacer clases, es también dialogar con los pares.
En fin, la mayor ausencia en nuestra sociedad es la de una masa crítica de juristas eruditos (no sólo de prácticos abogados, de los cuales hay muchos, y cumplen un gran papel de asistencia y defensa de clientes), de científicos del derecho que de modo sistemático se atrevan a criticar con fuerza o a resaltar con generosidad las sentencias judiciales.
[Publicado en: El Mercurio,
A2, 20 de septiembre, 2012]
