El editorial de 20 de julio, relativo al TC y
a la supremacía constitucional, es acertado, valiente y franco; debiera abrir
un amplio debate. Como ciudadano, deseo comentar la referencia a los juristas y
a la ciencia del Derecho.
Critica el editorial la actitud de algunos
abogados que comparecen ante el TC en causas de relevancia política (a quienes
llama "juristas eruditos") al argumentar "a favor de cualquier
decisión" que por razones políticas interese adoptar. Agrega que tal
actitud afecta la percepción de la "ciencia del Derecho
constitucional", la que es "una disciplina indispensable en una
democracia de calidad". La crítica es ácida, no hay dudas.
Pero la crítica está circunscrita a los
abogados que comparecen ante el TC en casos de relevancia política, los que
tienen como clientes a poderes del Estado y, detrás de ellos, a partidos
políticos o a coaliciones políticas. Todo pareciera indicar que tales abogados
de esos empoderados clientes son elegidos más por su lealtad política que por
su versación en el tema técnico-jurídico de que se trate, y que usualmente
ellos también forman parte de la "comunidad de militantes conjurados"
(Von Beyme). Si esa identificación política entre abogados y sus clientes es
real en todos estos casos, no tiene nada de ilegítima; pero no es necesaria, y
es sospechosa de captura, de pérdida de imparcialidad e independencia de
juicio; y, en esas circunstancias, conlleva la pérdida de la prestancia, del
rol social de los abogados de guiar a sus clientes hacia la justicia y de una
sincera y deseable especialización de la disciplina práctica del Derecho
constitucional. Sería un gran daño a la profesión legal que los prácticos del
Derecho constitucional, antes que nada, pudiesen ser identificados con
posiciones políticos-partidistas. Son ellos mismos quienes tienen que negar tan
grave acusación. Pues sólo en una corroída cultura los
"constitucionalistas" de un país podrían ser identificables más
fácilmente por su inclinación político partidista que por su conocimiento
profundo de las instituciones constitucionales; o que se les pudiese buscar su
historial de captura política según las comparecencias que les han
correspondido ante el TC en los casos de relevancia de un solo conglomerado
político. En tal escenario, Carl Schmitt quedaría pequeño como ejemplo por la
transitoria seducción que el régimen nazi le produjo.
Pero tal crítica no debiera extrapolarse a la
ciencia del Derecho, pues son los abogados de la práctica los que han sido
denunciados de captura política; y ellos sabrán defenderse de esa acusación o
justificar su actitud ante la sociedad que los mira. Estos abogados
"constitucionalistas" no son necesariamente, o casi nunca, científicos
del derecho; esto es, no son "juristas" en sentido estricto, aunque
usualmente, con la utilización de un lenguaje técnico-jurídico, intenten
mimetizarse como "juristas eruditos": de ahí que el editorialista ha
pensado que los que comparecen ante el TC, lo son. No siempre forman parte de
comunidades científicas asentadas y sólidas.
La ciencia del Derecho constitucional no se
nutre ni está en esos escritos que son presentados por los abogados ante el TC,
interesados en hacer ganar la causa de un cliente; sino que esa ciencia del
derecho más bien se encuentra en libros y revistas, realmente científicas, en
las clases universitarias de real calidad científica. Si bien esa ciencia es
más bien modesta en nuestro país, y se reduce a un puñado de científicos jurídicos,
ella existe, no obstante que sería deseable esperar su ampliación.
[Publicado en El Mercurio (Cartas al director), 27 de
julio, 2011]
