La liberalización económica de los bienes y recursos naturales en Chile (a partir de 1980)

Ofrezco un esquema sobre la regulación básica de las cosas ante el derecho chileno; del modo en que se han clasificado las cosas, ya sea que las consideremos como bienes (desde la perspectiva del derecho civil) o como recursos naturales o de uso común (desde la perspectiva de las especialidades respectivas: aguas, minas, calles, plazas, por ejemplo), y la estructura de su dominio. A partir de este esquema podremos comprender, ante la Constitución, las posibilidades de adquisición del dominio, o de derechos reales, respecto de ellas, y el papel que le corresponde tanto al Estado (como regulador/legislador o como administrador) como a los particulares (ya sea las personas naturales como a las personas jurídicas privadas o públicas que en este caso han de actuar como tales: es el caso del fisco, los gobiernos regionales y las municipalidades, y otras personas jurídicas de derecho público, con estatutos especiales).

Hoy la propiedad, en su acepción constitucional es más bien una garantía: la titularidad protegida. Es una suprainstitución; y su relación con la expresión "dominio" no siempre es de sinonimia.

Si nos centramos en la propiedad raíz, y observamos su estatuto histórico-jurídico, veremos que éste ha tenido una evolución marcada por dos grandes sistemas opuestos: por una parte, lo que se ha llamado la "propiedad simultánea", que habría regido en los derechos europeos desde el s. X hasta fines del s. XVIII y, por otra, la "propiedad exclusiva", impuesta a partir de la Revolución Francesa, utilizando para ello elementos (más o menos renovados o deformados) del derecho romano. No podemos olvidar que la raíz de la codificación civil chilena (en donde se reguló por vez primera de modo sistemático la propiedad de las cosas y bienes) descansa en la francesa, llevada adelante en ese modelo de lo exclusivo; de ese modo se extendió a todo el territorio nacional el estatuto de la propiedad. Si bien el Código Civil estableció una regulación básica, la propiedad ha ido siendo re-configurada de distintos modos, dada su constitucionalización, que devino más intensa a partir de 1967, regulaciones constitucionales que no sólo consagraron la usual inviolabilidad sino vinieron a alterar su estatuto íntegro.

I. La summa divisio: publicatio/apropriatio

Pero la realidad es más amplia, y junto a esos bienes tradicionalmente resguardados por la titularidad propietaria descubrimos otros recursos (a), los cuales originan una dualidad en el derecho general de los bienes, que podemos llamar publicatio/apropriatio (b), en que las titularidades estatales y posibilidades de acceso de particulares han recibido un rediseño a partir de la Constitución de 1980 (c).

a. Bienes, recursos naturales y de uso público. No son reguladas por las legislaciones aquellas cosas susceptibles de propiedad, sino también aquellas otras que quedan fuera de su alcance, como las cosas que llamamos "recursos naturales" (aguas, minas) y aquella cosas abiertas al uso público (calles, plazas), todas las cuales tienen una importante interrelación.

A partir de la delimitación indicada, quedan fuera de este análisis el contenido de la propiedad civil, su inviolabilidad u otros análisis relativos al papel de la misma como titularidad de otros derechos (que llamo en trabajos anteriores la "propietarización de los derechos"), por la vía de considerarlos bienes incorporales. Sólo me centraré en ofrecer el esquema indicado y alguna referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

b. La bipolaridad publicatio/apropriatio. Los bienes, el dominio y su adquisición es un tema que, a primera vista, pareciera que sólo cabe analizarlo desde la perspectiva del derecho civil; pero resulta que sólo aquellos que son susceptibles de propiedad son regulados por esa parcela del derecho. El sector jurídico de la realidad que abarca el derecho civil en relación a las cosas, es aquel que llamo de la "apropriatio"; el que se distingue de su bipolaridad, de su contrario: la "publicatio".

La disciplina que, entre otros aspectos, estudia y sistematiza las relaciones de los particulares con las cosas es el derecho civil, el que siempre ha visto reducido su análisis a aquellos bienes que han quedado situados por el ordenamiento jurídico en el gran sector de los bienes "apropiables", esto es, susceptibles de apropiación, de hacerlos propios; susceptibles, en definitiva, de propiedad. Y tal propiedad puede ser adquirida por los modos normales que disciplina el derecho civil para las relaciones inter privatos: transferencias (compraventas), prescripción, previa ocupación o posesión más un plazo. Así, los particulares libremente van transfiriendo los bienes de propietario (re)conocido; o los particulares van, en su caso, ocupando, poseyendo y prescribiendo aquellos otros de propietario (des)conocido (o que se le desea desconocer su titularidad). Ese es el gran sector de los bienes que podemos llamar de la "apropriatio", o sea de todos aquellos bienes que el régimen jurídico permite a los particulares  apropiar(se): ya sea directamente (a través de un titulo histórico que hoy ha devenido legitimo por su inscripción registral incluso) o traslativamente (a través de la transferencia o adquisición a quien ostentaba previamente la titularidad respectiva). Y este sector de la apropriatio es el sector de las cosas regulado por el derecho civil.

De frente, y como una bipolaridad, esto es, contraponiendo naturaleza jurídica, principios e instituciones cardinales, podemos situar el sector de los bienes que han sido publificados, esto es, el sector de la "publicatia"; en el que han quedado relegadas las demás cosas no susceptibles de ser apropiadas por los particulares: es un sector jurídico en el que se sitúan las cosas y bienes publificados, que no son susceptibles de propiedad. Usualmente son recursos naturales y bienes abiertos al uso público, de especial significación social. La doctrina y las legislaciones a estos últimos bienes les llaman de diversos modos: dominio público, bienes públicos, o (como es el caso chileno desde el Código Civil de 1857), bienes nacionales de uso público. Pero, en todo caso, todos percibimos la existencia de esta dualidad de regímenes, en especial de estos bienes o cosas publificadas. A estos bienes publificados se les suele asignar características de la propiedad, previos algunos "retoques"; así, se dice, por ejemplo, que constituirían unas "propiedades especiales"; o se predica de tales cosas, para distinguirlas por oposición, de la propiedad, su: (in)alienabilidad, su (in) embargabilidad, su (im) prescriptibilidad.

Esta bipolaridad está incorporada a nuestro derecho desde inicios del siglo XIX, pero hoy a partir de la Constitución de 1980 ha adquirido una nueva estructuración, en especial en cuanto a la regulación estatal y a las posibilidades de que tal ente pueda ostentar titularidades especiales.

c. Reserva de bienes públicos y acceso al dominio de los bienes. Estos dos ámbitos jurídicos que llamo apropriatio y publicatio, en cuanto a su contenido, deben ser establecidos por las leyes, de acuerdo a un mandato constitucional hoy existente. En palabras breves, veremos que de acuerdo al actual texto de la Constitución (art. 19 Nº 23), podemos decir que "todas las personas" tienen garantizado que el legislador no impedirá la adquisición de "toda clase" de bienes o cosas, salvo que, en casos calificados, hayan sido declaradas res communis omnium o res publicae (esto es, en este segundo caso, pertenezcan a la nación toda). Así, se ha establecido por la Constitución una "reserva nacional" de cosas o bienes; una efectiva posibilidad de que el legislador (actuando con un quórum calificado) pueda reservar ciertas categorías de bienes (o, masas de bienes) a la "nación toda", esto es, establecer bienes públicos. Al mismo tiempo, se ha dejado en esa misma condición de reserva o inapropiabilidad privada a los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres.

Con el objetivo de identificar claramente el ámbito de esa garantía, desarrollaré el contenido de esta summa divisio establecida en la Constitución.

II. La summa divisio de los bienes en el derecho chileno

Esta summa divisio está incorporada en una disposición constitucional que limita el régimen legal a que pueden ser sometidas las cosas o los bienes (es la novedosa disposición del art. 19 N° 23), que modifica y reconfigura el ordenamiento jurídico chileno a este respecto.

A partir de los términos de la Constitución se precisa una antigua clasificación, describiendo ahora el texto constitucional las posibilidades de acceso de los particulares al dominio de los bienes y, de paso, dejando claramente eliminadas las posibilidades de que el Estado pueda llegar a ostentar un papel de titular de los bienes no privados. Así, según veremos (dejando de lado los bienes comunes a todos los hombres), las cosas en Chile, hoy: o son públicas (nunca estatales, a raíz de la clara contraposición Estado/Nación que articula la Constitución en esta materia) o son privadas.

A la dualidad pública/privado (publicatio/apropriatio), que hemos reseñado antes (y que es la que tiene una real operatividad práctica), la Constitución ha antepuesto las res communis omnium; por lo que la summa divisio de las cosas que resulta de la CP es la siguiente: bienes comunes a todos los hombres (A), públicos (B) y, en fin, privados (C). Desarrollaré algunas ideas básicas sobre el estatuto jurídico de cada una de estas clases de bienes.

A. Los bienes comunes a todos los hombres. Usualmente se considera en tal categoría al aire (no el espacio geográfico) y el alta mar (y la estratosfera). El régimen de estos bienes es de la no apropiabilidad. Son los llamados bienes "libres". Su régimen jurídico consiste precisamente en su no-regulación.

B. Los bienes públicos o nacionales. En una situación claramente definida han quedado los bienes públicos o nacionales de uso público o "que deban pertenecer a la nación toda", concepto éste cercano a "pueblo", en quien reside la soberanía, y que por eso mismo los aleja de cualquier titularidad estatal. Por lo tanto, estos bienes que deban pertenecer a la "nación toda" no corresponden ni pertenecen al Estado, ni a alguno de sus órganos. Debe recordarse que el Estado es un concepto al que la propia Constitución le da expresamente un contenido diferente a "nación"; aclaración esta que podrá parecer trivial, pero que en el habla común suele confundirse o teñirse de confusiones, lo que hace al tema algo ambiguo; así, se suele decir que existirían bienes "nacionales del Estado", como si decir que un bien "es" de la nación fuese lo mismo que decir que un bien "es" del Estado.

Son bienes públicos los que la legislación denomina "bienes nacionales de uso público", como las "calles, plazas, puentes y caminos", o las aguas; o los álveos o lechos de ríos o lagos, el mar adyacente, entre otros.

Algunos rasgos del régimen de estos bienes:

a. abiertos al uso público. Por ejemplo la Constitución al referirse a "plazas, calles y demás lugares de uso público" está remarcando no sólo su condición de bienes abiertos al "uso público", sino, además, al mismo tiempo, que este uso "público" implica falta de apropiación, de dominio.

b. Régimen de excepción. De acuerdo a la Constitución (art. 19 Nº 23 inc. 1º) los bienes que deban pertenecer a la Nación toda (en los casos en que "la ley lo declare así": esto es. quede afecta toda una clase o categoría de bienes a tal publicatio) no pueden ser adquiridos en dominio por las personas (naturales o jurídicas, de derecho privado o público); ley ésta que debe ser de quórum calificado (inc. 2º), y sólo respecto de "algunos" bienes, pues la regla general para "toda clase de bienes" es la libertad de adquirir, como fluye de esta disposición constitucional. Por lo tanto, este de los bienes nacionales o públicos es un régimen de "excepción", para "algunos bienes", y la regla general es la libertad para adquirir "toda clase de bienes", Por lo tanto, cada vez que las leyes deseen declarar como nacionales de uso público o públicos toda una clase, toda una categoría de bienes, tendrán que hacerlo mediante una ley de quórum calificado.

Y esta inapropiabilidad o impedimento general para adquirir rige no sólo para todo tipo de personas, naturales o jurídicas (particulares) y otras personas de derecho público (como el Estado/fisco, los Gobiernos regionales y las municipalidades, que actúan en materia de bienes igual que los "particulares"), sino que también para el propio Estado, en ese sentido genérico que los anteriores textos constitucionales lo han entendido. Por lo que, a partir de la vigencia de la Constitución de 1980, el Estado no es una "entidad" habilitada para ser titular, en bloque, de bienes o categorías de bienes de alto interés social; sólo quedarán para la "nación toda", al uso "del público".

Y, en este caso, la ún1ca excepción válida es la contenida en la propia Constitución (lo que prueba la regla), en el caso de las minas. En efecto, la Constitución (art. 19 ~ 23 inc. 1° in fine) "reconoce" que existe una clase de bienes que si bien en estricto rigor, siguiendo la sistemática global de la Constitución, debieron haber sido considerados como pertenecientes a la "nación toda", ella misma quiebra esta clasificación, y declara a las minas como de "dominio" del Estado (art. 19 Nº 24 inc. 6º) ¿Por qué lo hizo asl, quebrando la lógica de la clasificación, que impide al "Estado" ser titular de bienes que han de ser de la nación toda?

Podemos responder (sólo después de recalcar que las minas son unos bienes que por lógica o racionalidad sistemática de la Constitución "deben pertenecer a la nación toda" que ello se debe a razones de arrastre histórico, y como mera cuestión semántica (para aquietar una pugna patrimonialista/estratégico-militar contra el dominio eminente/liberal), las minas quedaron entregadas en el texto de la Constitución al ''dominio" del Estado, lo que es del todo raro y excepcional en su esquema, la prueba más rotunda de lo que decimos es que la propia Constitución somete a las minas a un régimen idéntico a un bien nacional o público, y los particulares podrán tener acceso a su exploración o explotación por la vía concesional, con amplia libertad, muy similar a otros esquemas concesionales, como el de las aguas.

c. La inenajenabilidad, o inalienabilidad. Estos caracteres de los bienes públicos surge del propio hecho de que no hay libertad para adquirirlos, por lo que las disposiciones civiles no podrían, por ejemplo, amparar su legado, venta o prescripción (como de hecho ocurre en el Código Civil), ni tampoco en virtud de las leyes podría disponerse su "enajenación", palabra esta última desajustada para este tipo de bienes en que no opera el comercio jurídico-privado, al que se aplica tal concepto. En materia de bienes públicos, no cabe hablar de enajenación, pues es un supuesto imposible, dado que para que la enajenación operara previamente los bienes tendrían que ser desafectados, acto este último por el cual comienzan a ser apropiables. La desafectación es, en los hechos, un traslado de bienes específicos desde la publicatio a la apropriatio.

Lo que si puede suceder con estos bienes es dejar de ser nacionales o públicos, ya sea por una desafección genérica (cuando desaparezca el "interés nacional" a que se refiere la Constitución, y se realice por ley de quórum calificado) o por una excepcionalísima desafectación particular (un trozo de camino público abandonado).

C. Los bienes privados (o sometidos a su régimen). Tratase del régimen general de los bienes de las personas, naturales o jurídicas (particulares), y de las otras personas jurídicas de derecho público (como el Estado/fisco, los gobiernos regionales, las municipalidades y otras entidades con personalidad jurídica propia, distinta del fisco, que actúan en materia de bienes igual que los "particulares"). Todos los bienes no publificados (esto es, que no son públicos} están sometidos al régimen de los bienes privados, o a la "legislación común aplicable a los particulares". Estos bienes son todos los que no son "comunes a todos los hombres" o "que deban pertenecer a la nación toda", y al respecto existen varias clases: los de los particulares; los fiscales; los regionales, los municipales y, en fin, los de personas jurídicas de derecho público con estatutos especiales.

Podemos decir que estos bienes son todos aquellos que no son públicos, o sea, todos aquellos "cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes", y que pertenecen directamente a una persona, ya sea un particular, o a personas jurídicas de derecho privado o de derecho público; o, entre estas últimas, están destinados por el Estado a uno de sus organismos fiscales o son regionales y municipales.

Todos estos bienes se rigen por el derecho común (esto es, el derecho civil), y cualquier alteración de su estatuto de adquisición está regulado por el art. 19 Nº 23 CP.

1º Los bienes privados (o propios) de los particulares. Tradicionalmente han estado regulados en un texto codificado, en donde se establece una legislación aplicable a todos los bienes de particulares (ya sea personas naturales o jurídicas, de las que llamamos de derecho privado). Tales bienes privados de un particular (artículo 582 del Código Civil) se rigen por el derecho llamado "común" creado para ello; pero, es en el fondo el régimen que corresponde sólo a los bienes de tales personas, y que es común supletorio sólo respecto de los bienes de otros titulares sometidos al régimen privado, que se enumeran en seguida (pero tal régimen privado no podrá ser en ningún caso supletorio del régimen de los bienes públicos: hay una incompatibilidad de naturaleza y principios, ab origine: es la consecuencia de la dualidad publicatio/apropriatio).

2º Los bienes privados (o propios) del Estado/fisco. También llamados "fiscales", están sometidos a este mismo régimen general de bienes privados, por lo que sobre ellos el Estada/fisco tendrá propiedad; se los ha podido apropiar, por su naturaleza. El "Estado", como fisco, es una verdadera persona jurídica de derecho público, a cuyos órganos se les destinan  algunos bienes. Así los órganos del Estado, para llevar adelante sus tareas (arts. 6º y 7º CP) deben adquirir bienes, con los fondos que obtiene por la vía tributaria (obviamente que históricamente el fisco ya tiene un patrimonio).

Los bienes fiscales o bienes del Estado, se rigen por el "derecho común'', al igual que todo otro bien privado. La propia legislación vigente es explicita: tienen la misma naturaleza de un bien privado; lo que ocurre es que su titular es una persona jurídica de derecho público: el fisco. Además, según la ley estos bienes del Estado '"se someterán a las normas del derecho común", y a lo que señalen, en cuanto a su uso y goce a favor de los particulares, las leyes especiales. De este modo, por ejemplo, la Ley de Servicios Eléctricos pone en un pie de igualdad a los bienes fiscales con los demás bienes de particulares, pues ambos están sometidos al régimen jurídico de los bienes "privados".

En cuanto a estos bienes fiscales, cabe tener presente:

a) por lo dicho anteriormente, aun cuando la CP dice que las minas son del "dominio" del Estado, a partir del propio régimen a que somete su otorgamiento, queda clara su aptitud no-fiscal.

b) cuando el Estado/fisco desarrolla actividades empresariales, lo ha de hacer en un completo pie de igualdad con los particulares por lo que en todo lo que respecta a la adquisición, ejercicio y extinción del dominio, se rige por las mismas reglas de los particulares. A partir de lo anterior, las reglas especiales que se puedan dictar para los bienes del fisco, como posibles privilegios (inembargabilidad, por ejemplo) sólo son legitimas si se refieren a las actividades no empresariales del Estado.

c) según la Constitución las normas de enajenación de los bienes del Estado, como su arrendamiento o concesión, son materia de ley; por lo que al respecto existe una modificación a la libre disponibilidad (que rige en el "derecho común" respecto de cualquier particular) de estos bienes; esto es, si una ley no autoriza estos actos, no puede regularlo la Administración por Decreto Supremo.

En todo lo que no se diga en estatutos legales especiales, estos bienes del Estado quedan sometidos a la legislación "civil" o "común" de los demás dominios; así, por ejemplo, todos los bienes fiscales son perfectamente prescriptibles (art. 2.497 CC); pues la imprescriptibilidad no es un privilegio de los bienes fiscales; y ello difícilmente podría establecerse por ley, dada la necesaria igualdad de régimen con los bienes de particulares.

3º Los bienes privados (o propios) de los gobiernos regionales. Son aquellos que conforman el "patrimonio propio" de la persona jurídica de derecho público denominada ''Gobierno Regional" (art. 100 inc. 3° CP). A su respecto rigen las mismas apreciaciones señaladas para los bienes fiscales, salvas las reglas especiales establecidas en la ley respectiva.

4º Los bienes privados (o propios) de las municipalidades. Los llamados bienes municipales son los propios de cada municipalidad; esto es, son los que conforman el "patrimonio propio" de la persona jurídica (corporación autónoma) de derecho público denominada municipalidad (art. 107 inc. 2° CP). Los bienes municipales, por expresa disposición de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (artículo 2 se rigen por el derecho llamado “común”.

La legislación sectorial municipal también es explicita, al señalar que éstos "se sujetan a las normas de derecho común", y, en seguida, que éstos "sólo podrán ser enajenados, gravados o arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta" (artículo 28 inciso 1°, ley Nº 18.695).

            De acuerdo a lo anterior, la naturaleza jurídica de los bienes privados o propios del fisco (fiscales), de los gobiernos regionales (regionales) y de las municipalidades (municipales) se ha de estudiar en general a la luz de los principios del derecho privado, pues estos bienes son, en efecto, una propiedad estatal, cuya titularidad está asignada a los servicios o reparticiones fiscales o a los gobiernos regionales o a las municipalidades, respectivamente, a las que está destinada.

[En: La Semana Jurídica, Nº 131, semana del 12 al 18 de mayo, pp. 5-6, 2003]

La noción de servicio público eléctrico

El autor analiza dos aspectos de la actual regulación eléctrica: por una parte, el concepto de la "calidad del servicio", destacando su contenido global, en el que se contendría   el objetivo íntegro del servicio público eléctrico; y, por otra, la necesidad interpretativa, desde el punto de vista jurídico, de situar los problemas y casos en algunos de los principios reales del servicio público eléctrico: continuidad, regularidad, obligatoriedad y seguridad.

La actividad de servicio público eléctrico puede ser desarrollada por los particulares por la vía de las concesiones, acorde con el actual estatuto jurídico contenido en el art. 19 Nº 21 de la Constitución Política, y en aplicación del principio de subsidiariedad recogido en varias disposiciones de tal Constitución (arts. 2 y 19 Nº 22). La explicación dogmática del derecho administrativo durante muchos años fue distinta. Se pensaba que estas actividades de servicio público debían ser desarrolladas ab initio por un órgano de la Administración, el cual podía "delegar" tal función en los privados a través de un "contrato de concesión de servicio público", lo que es claramente arcaico en nuestro estado actual de derecho. Hoy, en Chile, a partir del estatuto jurídico que se desprende de la Constitución, no hay nada que delegar, pues los particulares ab initio pueden desarrollar estas actividades de servicio público, y el legislador debe establecer los marcos regulatorios atingentes y concordantes con esta forma especial de ejercer la garantía de la libertad económica que se origina en los supuestos de servicio público, en los cuales se deben incorporar los supuestos de esta actividad, las exigencias, las que desde la perspectiva jurídica podemos denominar, por su amplitud dogmática, principios generales. De estos principios se derivan: potestades para la Administración; y derechos y obligaciones tanto para el concesionario del servicio público de distribución como para los usuarios finales situados en la respectiva zona de concesión; y, a partir de la especificidad técnica de los sistemas eléctricos, a raíz de las interconexiones y necesaria operación coordinada, hoy también se derivan obligaciones y responsabilidades para generadores y transportistas.

Principios de la actividad del servicio público eléctrico de distribución.

La actividad de servicio público, en sentido funcional, dada su conexión con el interés público, o aun con el bien común, se ha caracterizado, desde sus concepciones más clásicas hasta las más modernas, por su necesaria regularidad y continuidad, las que constituirían la esencia de su prestación; a ello se ha agregado, en seguida, la obligatoriedad y seguridad.

En el actual orden jurídico chileno la ley, formalmente, destaca como esenciales los siguientes caracteres del servicio público eléctrico: "continuidad", "calidad", "regularidad", "obligatoriedad" y "seguridad" de los servicios eléctricos. Los establece de un modo disperso: en el DFL 1/1982 (vid. Los arts. 2 N° 6: "calidad y seguridad"; 40 letra a: "calidad"; 74: "obligación de dar suministro"; 79: "calidad"; 80: "extensión del servicio"; 81: obligación de interconexión; 82: seguridad; 83: "calidad y continuidad"; 86, 87, 88 y 89: "calidad"); y en la Ley N°. 1841011985 (arts. 3A inc. 4° ("continuidad, calidad, regularidad y seguridad de los servicios eléctricos"; 15 inc. 3° Nº 4 e inc. 4° N° 3: "regularidad, continuidad, calidad o seguridad"; 16B: interrupción del suministro, y compensaciones).

La "calidad de servicio" como concepto en que se engloba toda la prestación del servicio público eléctrico.

El concepto de "calidad de servicio" que incorpora la legislación eléctrica chilena, más que un principio delimitado, pareciera definir completamente al servicio público, comprendiendo todas las exigencias del servicio público eléctrico establecidos en las leyes y reglamentos. Es como si bastara con decir que el servicio público eléctrico debe ser de "calidad", para englobar en tal concepto su continuidad, regularidad, seguridad y obligatoriedad.

En el actual marco regulatorio, a la calidad ya no debiésemos considerarla como uno más de los principios del servicio público, es más que eso: el criterio superlativo del servicio público; la condición global hacia la que tienden todos los que en estricto rigor pueden ser calificados como verdaderos principios del servicio público. Y esto es importante desde la perspectiva de la precisión de los conceptos: la calidad se nos aparece como un concepto demasiado amplio, cuya sustancia consiste precisamente en englobar los principios señalados (continuidad, seguridad, regularidad y obligatoriedad), sin los cuales aquel concepto de "calidad", sin más, se torna ambiguo. La legislación y la reglamentación son las que originan la anterior conclusión.

En cuanto a la legislación, es evidente el sentido global con que establece la exigencia de la "calidad", evidenciando su consistencia siempre dependiente de los otros caracteres, pasando a ser la "calidad" un concepto de carácter global; podría decirse, el servicio público mismo. En efecto, vid. en el DFL 1/1982 sus arts.: 2 N° 6, en que vincula seguridad con calidad; 40 letra a), en que parece englobar todas las "exigencias" del servicio público eléctrico sólo en la calidad, lo que origina alguna ambigüedad o la necesaria aplicación de los otros caracteres; art. 79, en que vincula calidad con regularidad, al singularizarla como "calidad de suministro"; art. 83, en que vincula calidad con continuidad, pues tal disposición sólo regula tal continuidad, a raíz del racionamiento. En otras palabras, podemos decir que la legislación chilena, en cuanto a la electricidad, tiene por objetivo que éste sea de "calidad", y ello es así cuando se cumplen los restantes cuatro caracteres de continuidad, regularidad, seguridad y obligatoriedad.

Esta interpretación de la ley es claramente recogida en el reglamento de la ley general, el que contiene un sentido de "calidad de servicio" globalizador de todos los demás caracteres, en los arts. 221 y ss., DS 32711998; en especial, su art. 222, al señalar que la "calidad de servicio", incluye, entre otros, los siguientes parámetros: "seguridad" (letra b); obligatoriedad (letra e); "continuidad" (letra h); y "estándares de calidad del suministro", esto es, regularidad (letra i). Puede, además, incorporarse en estos cuatro caracteres nucleares (continuidad, regularidad, seguridad y obligatoriedad) todas las demás exigencias que establece dicho reglamento en su regulación de la "calidad de servicio" (arts. 221 a 250 DS 32711998).

La "calidad de servicio" y la "calidad del suministro".

Ambos caracteres y exigencias a los prestadores de servicios eléctricos han de distinguirse, como fluye de la regulación legal y reglamentaria; a tal punto que, la señalada "calidad del suministro" es, en realidad,  una referencia al principio de la "regularidad".

Es en la propia ley y en el reglamento que es posible encontrar la diferencia de ambos conceptos. Por una parte, el art. 79 inc.1º y 2° DFL 1/1982, al señalar que la "calidad de suministro" se refiere a conceptos muy precisos, relativos a la "tensión, frecuencia, disponibilidad y otros", los que bajo "estándares normales" constituyen el servicio "regular". La ley se está refiriendo aquí al principio de la "regularidad" del servicio, lo que es más restringido que la "calidad del servicio", que, como hemos visto, contempla también a la continuidad, a la seguridad y a la obligatoriedad. Aún más, esa misma disposición legal, en su inc. 3°, al señalar las "calidades especiales de servicio", se está refiriendo indudablemente a las calidades especiales "de suministro", como lo recoge con criterio el autor del reglamento en el art. 229 DS 327/1998, que se refiere correctamente a unas "calidades especiales de suministro".

El reglamento es claro en señalar la amplitud del concepto de "calidad de servicio" también de frente a los demás conceptos centrales del servicio público (como la continuidad, seguridad y obligatoriedad), en el art. 222 DS 327/1998.

Consecuencias interpretativas del marco regulatorio

La calidad de servicio incluye, entre otros, según el art. 222 inc 2° DS 32711998, los parámetros que enumera, en sus letras a) hasta la i); los cuales, como hemos señalado, se confunden con las demás exigencias/principios de la actividad de servicio público: continuidad, regularidad, seguridad y obligatoriedad. Por lo tanto, cada vez que la autoridad exija una calidad de servicio, en realidad está usando una expresión ambigua; y, para comprendernos mejor, será necesario utilizar los conceptos precisos, dirigiendo tal exigencia a alguno de los caracteres o principios reales y precisos.

En todo caso, la denominación "calidad de servicio", que es como decir "conjunto de  propiedades y estándares normales" de toda la actividad de servicio público (parafraseando al art. 222 inc. 1º DS 327/1998), a pesar de su sentido global y generalidad, precisamente por eso, sigue siendo útil para las referencias al servicio público de manera global; esto es, para la calificación general de una prestación; por ejemplo, para las encuestas a los usuarios (arts. 86 DFL 111982 y 230 DS 327/1998), en que queda de manifiesto que cuando se consulta por la "calidad" del servicio se está pensando globalmente en esos otros caracteres esenciales: la continuidad (interrupciones); obligatoriedad (agilidad en las extensiones), seguridad (de las instalaciones), en fin, regularidad del servicio (en cuanto a estándares de tensión, frecuencia y disponibilidad).

A partir de lo anterior, podríamos entonces decir que la suma de los principios del servicio público eléctrico (continuidad, obligatoriedad, regularidad y seguridad), componen, todo ellos, la "calidad del servicio público". Es hacia la "calidad" del servicio que tienden todos esos caracteres/exigencias/principios; y es por tal razón que siempre se los debe analizar e interpretar, en sus consecuencias, separadamente.

Y este esquema básico tiene consecuencias. Ofrezco dos ejemplos, que no es posible desarrollar: las "calidades especiales de servicio/suministro" (art. 79 inc. 2° y 90 inc. 2° letra b) DFL 1/1982; y 229 DS 327/1998), dicen relación con el principio de la "regularidad"; y la necesidad de disponer de contratos de abastecimiento (art. 240 DS 327/1998: "dar suministro") dice relación con el principio de la "continuidad". Y, en la práctica, ante conflictos precisos o ante la modificación de las leyes, los juristas no debemos perder de vista el principio general de derecho eléctrico en medio del cual esté inserto el caso respectivo, pues ello tendrá consecuencias en la interpretación de las leyes.

[Publicado en Electricidad Interamericana, marzo-abril, 2003]

(Re)Surgimiento del grado de doctor en derecho

En el instante solemne, en que a varios universitarios nos ha correspondido el honor de dar las primeras clases de doctorado en Derecho propiamente chileno, mis palabras no pueden ser improvisadas; no deben ser improvisadas. Pues después de casi dos siglos completos que en nuestra patria no ha habido estudios de doctorado en Derecho, en el día mismo en que son (r) establecidos en esta nuestra Universidad (al mismo tiempo que en otras dos Casas de Estudios Superiores de Santiago), no es posible iniciarlos sin algunas palabras tranquilas, de reflexión, de cierto recogimiento, aquel que nos embarga cuando sentimos interiormente la responsabilidad de nuestros actos.

Estas palabras están dirigidas principalmente a los primeros alumnos de doctorado, pues ellos han depositado su confianza en los actuales doctores chilenos, esperanzados en que se les entregarán los elementos conceptuales que les servirán para su desarrollo intelectual y para realizar lo esencial de un programa de esta naturaleza: su tesis.

Después de la prolongada y meditada elaboración del proyecto de doctorado, que hoy ya es una realidad en la Pontificia Universidad Católica de Chile (y como todos sabemos, también en la Universidad de Chile y en la Universidad de los Andes), en que participaron académicos de esta Universidad y consultores ajenos a ella, chilenos y extranjeros, es posible sentirse reconfortados de que un selecto grupo de estudiantes haya confiado su futuro en maestros doctorales chilenos. Pues, hasta ahora, la única posibilidad que existía para los licenciados en Derecho chilenos que deseaban doctorarse era ir a hacerlo al extranjero.

Entonces, ahora debemos preocuparnos de construir adecuadamente los estudios doctorales en nuestra patria, y para ello debemos mirar no solo el presente y sus necesidades acuciantes, sino también el pasado; el pasado, junto a nuestra realidad presente, nos ayudará a visualizar las necesidades de nuestros estudios doctorales, y a tomar mejores decisiones académicas. En esta materia resulta adecuado recuperar para la Universidad actual lo mejor de ella en el pasado: volver a las raíces.

1. La primera tradición de ciencia jurídica en Roma.

En una primera mirada retrospectiva, podría alguien pensar que la historia del doctorado en Derecho tiene el mismo origen que la ciencia jurídica, posición que desde la perspectiva epistemológica es difícil, al no existir una respuesta pacífica sobre el momento en que nace la ciencia jurídica, y esta duda es razonable, dado que la realidad jurídica actual es muy distinta a la de sus precedentes históricos, pues en realidad ha habido varias “matrices disciplinares” (paradigmas), en el sentido de Kuhn. Más difícil es aún la respuesta si, incluso, ha habido quienes han postulado que el Derecho no es ciencia.

En una segunda mirada más atenta hacia la historia más lejana, podemos visualizar que aquel laborioso trabajo de los juristas romanos, de lo que llamamos la primera vida del derecho romano (años 130 a. C. a 230 d. C.), hoy es considerado “científico”, pero esos juristas no tenían conciencia de hacer ciencia: para ellos era un arte, “el arte de lo bueno y equitativo”, ius est ars boni et aequi; trabajo este que fue, en parte, sistematizado en el “Corpus Iuris Civilis”. Tales juristas no originaron una tradición de lo que hoy llamamos doctorado. Por cierto que existieron en aquella época profesores de Derecho, ya que ellos se consideraban propensos a aprender y enseñar (Cicerón, De finibus, III, 20), y existía un codiciado título de Doctor Legum (Digesta, 27, 1,6, 12: “Legum vero Doctores... “), pero su método de enseñanza que tan ácidamente critica el propio Cicerón (De Legibus, II, 19[47]), era distinto a lo que hoy conocemos como estudios de licenciatura o doctorales. Todo ese trabajo magnífico de los juristas romanos, no obstante, seria la sabia de la futura enseñanza jurídica, y quedó oculto para la tradición europea hasta los albores del siglo XIII en que nacieron las universidades, y junto con ellas, los doctorados.

2. La historia del doctorado esta unidad a la historia de las universidades.

Por lo anterior, la historia del doctorado en Derecho no nace junto al impresionante monumento jurídico de Roma, sino en el siglo XIII, junto con las universidades; aún más, las universidades nacieron para ofrecer licenciaturas y doctorados. Por ello, para conocer el origen del doctorado debemos retroceder exactamente al origen mismo de las universidades.

Por lo tanto, el doctorado, el máximo grado académico que desde entonces y hasta ahora siguen ofreciendo las universidades, tiene ocho siglos de tradición en el mundo occidental.

De las primeras universidades que surgieron en Europa, en Bolonia solo se estudiaba Derecho; en Montpellier solo Medicina; y en París y en Oxford se estudiaba artes liberales y las disciplinas propias de las facultades superiores (Medicina, Derecho y Teología); de ahí esa permanente admiración a esas rancias universidades, de cuya historia quizás sea posible obtener ideas para lo que esta sucediendo hoy en Chile.

Para reflexionar sobre la causa profunda del (re)surgimiento de los estudios de doctorado en Derecho hoy, en 2002, debemos mirar la historia del origen de esas universidades, pues, como diré mas adelante, en las universidades propiamente chilenas nunca se ha otorgado el grado de Doctor en Derecho. Podríamos incurrir en una simplificación de las cosas al afirmar que el doctorado en Derecho debe surgir para hacer ciencia por la ciencia; o solo para mejorar el nivel científico de sus cultivadores. Hay causas más profundas, relacionadas con las necesidades sociales, económicas y culturales del país; con el mejoramiento de las leyes y de las sentencias de los jueces; con la crítica científica entre los autores, etc.

Quizás la historia del surgimiento de las universidades nos sirva para hacer más fructíferos los pasos que demos quienes comenzamos a formar nuevos doctores en la disciplina jurídica.

Si bien los historiadores difieren en las causas del origen de la institución universitaria, prevalecen dos tesis, que en realidad son más complementarias que opuestas (Verger).

Para unos, fue la propia renovación del saber, a raíz del descubrimiento de la filosofía de Aristóteles y el entusiasmo intelectual suscitado por estas novedades, la que habría impulsado a maestros y estudiantes a crear estas instituciones autónomas, únicas capaces de garantizar la libertad de expresión y de enseñanza necesarias. Para otros, lo más importante fue la presión social ejercida por las personas que aspiraban a obtener diplomas que les abrieran las puertas a las carreras abiertas tras la reforma de la Iglesia y, sobre todo, a raíz del renacimiento del Estado.

Sea lo que sea, el nacimiento de las universidades no fue un fenómeno “espontáneo”, una creación de maestros y estudiantes solos; su acción, indispensable, fue apoyada por una voluntad política de los poderes locales y del papado. Solo así la nueva institución tuvo legitimidad y status jurídico. El apoyo de los poderes superiores era comprensible: por un lado, el derecho romano era el instrumento esencial del renacimiento del Estado; y, por otro, el derecho canónico y la Teología, como se ensenaba en las universidades, ponía de manifiesto la plenitudo potestatis pontificia.

A partir del papel desempeñado por las universidades y sus nuevos doctores en leyes, o en cationes, se produjo una verdadera renovación de doctrinas; los juristas (a quienes se les denominaba doctores legum, judices, causidici, etc.) tuvieron un gran prestigio, fueron considerados entre los que hoy llamamos “intelectuales” (Le Goff), y su sabiduría no solo influyó entre quienes tenían el poder político; también influyó entre las demás gentes del saber, y en general en todos los componentes de la sociedad.

Ayer y hoy los juristas, como todos los doctos de las distintas disciplinas del saber, tienen un relevante rol social: diseminan lo que suelo llamar una “conciencia jurídica”, esto es, un saber popular entre los no especialistas sobre los principales aspectos de la ciencia jurídica; una enseñanza social sobre los principales conceptos que hacen al derecho entre los legos. Y esta historia que describo nos muestra el papel social relevante que la enseñanza doctoral universitaria propició para los juristas desde el siglo XIII en Europa; influencia que es notoria y llega hasta hoy en las sociedades con amplia tradición doctoral en Derecho.

No es por nada que entre nosotros, quienes han estudiado la historia universitaria, han llamado a los estudios de Derecho como “la carrera del poder” (Sol Serrano, Universidad y Nación, 1994).

Abrigo la esperanza de que los estudios doctorales y la colación futura del grado a numerosos interesados, amplíe el servicio que los juristas ofrecen al país.

3. La ausencia del doctorado en derecho en la historia patria.

Una última digresión histórica, ya unida a la historia de nuestra patria, nos mostrará una realidad sorprendente: ¡el transcurso de casi dos siglos sin programas de doctorado en Derecho!

Hemos hablado de “(r) establecimiento”/ “(re)surgimiento” de los estudios de doctorado en Derecho, pues en nuestro territorio los hubo, pero por muy pocos años, y antes de nuestra independencia nacional, desde inicios del siglo XVIII, en 1738, con la fundación de la Universidad de San Felipe en Santiago. Hasta ese año, la obtención del grado de licenciado y de doctor en Derecho debía obtenerse en Lima. Las cátedras eran once: de prima de teología, de cánones, de leyes, de medicina, de matemáticas, de Instituta, Decreto, Maestro de las sentencias (Pedro Lombardo), dos de artes y una de lengua, esto es, de mapuche. En esa universidad obtuvieron su doctorado muchos estudiantes (véase el elenco de las tesis en González Echeñique, Los estudios jurídicos y la abogacía en el reino de Chile, 1954), y entre ellos jueces y juristas relevantes en los primeros años de la República, como Mariano Egaña (1793-1846), a quien debemos la traída de Andrés Bello a Chile.

Con la emancipación, dicha Universidad no solo disminuyó su papel en la enseñanza del Derecho, sino que luego desaparecería, pues correspondía al “viejo orden” (Sol Serrano). En efecto, inspirándose en uno de los productos de la Revolución Francesa, al crearse el Instituto Nacional en 1813, se centralizó en tal institución la enseñanza del Derecho, en donde no se consideró el doctorado. Si bien los estudios de Derecho en Chile han tenido el aporte vigoroso inicial de sabios como Andrés Bello, a mediados del siglo XIX, y múltiples reformas posteriores en cada una de las universidades (que en un bello libro ha relatado recientemente Salvat Monguillot: Breve historia del estudio del Derecho, 2001), nunca tuvo fortuna el doctorado.

En efecto, en 1843, junto con declararse extinguida la Universidad de San Felipe, se creó la Universidad de Chile, la que nunca ha otorgado el grado de doctor en Derecho; no lo ofrecieron, en fin, ninguna de las universidades creadas durante el siglo XX (como las de Concepción, Católica de Valparaíso, y otras).

En la Pontificia Universidad Católica de Chile, creada en 1888, ha ocurrido lo mismo; nunca se consolidó un programa de doctorado en Derecho, no obstante que, en 1916 y en 1928, hubo dos intentos concretos, con proyectos y programas formales aprobados (vid. Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1988); el primero de los cuales no prosperó por falta de recursos; y el segundo seguramente fue abandonado por concordar con una álgida época de la historia nacional. En ambos casos se intentaba “formar una verdadera elite intelectual”, crear verdaderos “jurisconsultos” y transformar la tradicional “Escuela de Leyes en una Facultad universitaria”. Este programa que se inicia ahora, en 2002, en esta Universidad, es entonces su tercer intento serio en la materia. Esperemos que sea el definitivo.

Podemos decir entonces que en Chile, como República independiente, nunca ninguna universidad ha entregado el grado de Doctor en Derecho. En realidad, debiésemos hablar de surgimiento/establecimiento del doctorado en Derecho; pues para decir “restablecimiento” tenemos que unir a nuestra historia patria la época indiana. Entonces, los alumnos que hoy inician sus estudios serán los primeros doctores propiamente chilenos, y tanto la responsabilidad de sus profesores como la de estos alumnos es muy grande: marcarán el futuro.

4. El doctorado como sinónimo de ciencia.

Hoy el doctorado es sinónimo de ciencia; incluso más, la tesis doctoral, que es la culminación de un estudio doctoral, es por antonomasia científica. Y al ser el doctorado el máximo grado universitario, debemos concluir que el máximo esfuerzo docente de toda universidad es dotar de ciencia a sus estudiantes. De lo anterior surge lo que le espera a un doctor, desde el primer día: está predestinado a hacer ciencia cada día, inevitablemente, inexcusablemente, so pena de caducidad de su posición científica, y, por ende, universitaria.

Existen unas palabras que a primera vista parecen excesivas, de una conocida conferencia de 1919, “La ciencia como profesión”, de Max Weber (1864-1920), quien, entre otras dedicaciones, fue un jurista que se consideraba a sí mismo, antes que nada, como un científico. Weber habla de la “vivencia” de la ciencia como una extraña embriaguez, ridícula para el que está fuera; según él, sin sentir esta pasión por la ciencia, sin este “milenios tuvieron que pasar antes de que tú entraras en la vida y otros milenios esperan en silencio” para ver si esa conjetura se resuelve contigo; sin eso, uno no tiene vocación para la ciencia, y debiese hacer otra cosa; pues nada vale para el hombre que no tiene pasión, para el indiferente.

Y esta embriaguez es seguramente la que ha llevado a un grupo de universitarios a profundizar en la ciencia del Derecho; y crear una nueva comunidad de maestros y estudiantes.

[Publicado en Revista Chilena de Derecho, Vol. 29, Nº 1, 2002]

Discurso Inaugural de las IV Jornadas de Derecho de Aguas

A nombre de la Universidad, de su Facultad de Derecho y del Programa de Derecho Administrativo Económico, les doy la más cordial de las bienvenidas a este encuentro interdisciplinario sobre las aguas, su gestión, sus políticas y sus conflictos.

En la inauguración de estas Cuartas Jornadas de Derecho de Aguas, quisiera de manera muy breve decir algunas palabras sobre el objetivo y futuro de nuestro Programa de Derecho Administrativo Económico; renovar ante ustedes las motivaciones que tuvimos a la vista para iniciar estas jornadas hace cuatro años y los proyectos que al respecto existen, y, en fin, transmitirles nuestros agradecimientos a las diversas personas e instituciones que han colaborado y hacen posible este encuentro.

A. En Primer término, algunos antecedentes sobre el futuro del Programa de Derecho Administrativo Económico.

A partir de la nueva realidad impuesta por una economía que posibilita ampliamente la libre iniciativa de los particulares, pero que en algunas áreas impone una especial regulación, la visión jurídica ha tenido que enfrentar una doble perspectiva: por un lado, concentrarse, especializarse; y, por otro, llevar adelante contactos interdisciplinarios. El derecho de aguas es un claro ejemplo de esta necesaria especialidad e interdisciplinariedad.

Precisamente para el estudio, docencia de pregrado y de postgrado, investigación y extensión de estas áreas, reguladas de un modo especial por el Estado y la Administración, fue creado en 1998 el Programa de Derecho Administrativo Económico.

Este ha sido un Programa fundamentalmente de investigación en breas especializadas que tiene por finalidad unificar el desarrollo de líneas de investigación y estudio del Derecho Administrativo Económico: esto es, los fundamentos y limitaciones de la intervención administrativa en la economía, en especial el estatuto de diversas especialidades como el Derecho de Aguas.

Nuestras metas hasta ahora han sido modestas, pero de relevancia para nuestro trabajo universitario. Además de las investigaciones, que es el motor del resto de nuestras actividades, en cuanto a la extensión, ha consistido, en primer término, en la iniciativa de estas jornadas, de las “Jornadas de Derecho de Minería”, cuya gestación se produjo en nuestro seno universitario, pero que se están realizando año a año de manera itinerante en varias universidades, correspondiendo a esta casa de estudios su celebraci6n el ario 2002.

También ahora podemos destacar las “Jornadas de Derecho Eléctrico”, cuya primera versión se realizó durante los días 4 y 5 de julio del año 2002, con un formato similar a este. Desde 1999 el Programa edita la “Revista de Derecho Administrativo Económico”, publicación especializada semestral, que cubre todos los temas del Programa, y que ya lleva cinco volúmenes editados.

En cuanto a docencia, nuestro aporte se concentra en los cursos permanentes de derecho minero, derecho de aguas, derecho eléctrico, derecho de bienes públicos y derecho administrativo económico, los tres primeros en pregrado y los dos últimos en posgrado.

Esto es lo que se ha hecho. Pero quiero anunciarles algunos de nuestros planes. En un corto plazo esperamos transformar el actual programa en un “Centro de Derecho de Recursos Naturales y Energía”, en que participen otras Facultades, con un amplio marco de instituciones  patrocinantes, auspiciadores estables y una gama más completa y variada de investigadores, juristas y no juristas De ese modo podremos mejorar nuestro aporte en estas materias. Pero nuestra meta de más largo aliento será el futuro Diplomado en Derecho de Recursos Naturales, ya aprobado por la Facultad, y que, después de su tramitación en el seno de la Universidad, esperamos iniciar en el año 2003.

B. ¿Por qué seguir adelante con las Jornadas de Derecho de Aguas?

Sin duda que el de las aguas constituye un tema complejo y relevante en nuestra sociedad, por cuanto el uso de ella y su regulación, motivo de nuestro encuentro, es un tema de permanente debate público, y que tiene consecuencias evidentes en nuestra vida diaria.

Nuestro deseo inicial, y que hoy renovamos, es que estas jornadas constituyan un foro donde puedan confluir los diferentes actores institucionales, del sector público y privado, universitarios y profesionales, con una perspectiva no solo jurídica sino interdisciplinaria.

Es necesario, a nuestro juicio, que quienes trabajamos alrededor de esta área de regulación económica podamos seguir encontrándonos y debatir, a lo menos una vez al año, el tema de las aguas.

Nuestra convocatoria de este año demuestra nuestra apertura al respecto: debemos discutir sobre las falencias que para unos tiene el sistema vigente o para corregir las hipótesis no previstas por el modelo jurídico que contiene el Código de Aguas de 1981, o, en fin, para perseverar en él sin cambios, según la visión de cada cual.

La Universidad, en este encuentro, desea recibir todas las opiniones fundadas, pues esas visiones en torno a las aguas forman un conjunto de ideas que provienen de experiencias profesionales y académicas, conforman una cultura, y de todos nosotros depende que ese grado de conocimiento en torno a las aguas sea de un nivel adecuado a las necesidades del país. Es por lo anterior que estamos muy congratulados de contar con la presencia de destacados exponentes de la cultura de las aguas, lo que ustedes podrán constatar al leer el programa.

La verdad es que estamos felices de poder recibirles en este encuentro, con una concurrencia tan amplia e interesada.

Al respecto, un anuncio de lo que podrán ser estas jornadas en un año próximo. A partir del hecho de que algunos juristas dedicados a las aguas formamos parte de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas (AlDA), con sede actual en Roma, Italia, hemos propuesto a nuestro país, y más concretamente a nuestra Universidad como organizadora de las Quintas Annales Juris Aquarum, foro mundial sobre la institucionalidad de las aguas. Nuestra propuesta ha sido aceptada, y durante estos dos días se realizarán paralelamente las primeras reuniones preparatorias. De ello les continuaremos informando, pues será no solo un honor poder llevarlas adelante, sino también una gran responsabilidad. Y nos estimula ampliamente el que esta reconocida organización haya considerado nuestra proposición.

C. Algunos agradecimientos

Quisiera utilizar estas palabras iniciales para agradecer muy sinceramente a todos ustedes por el interés que siguen demostrando en estas Jornadas de Derecho de Aguas, que nos reúnen hoy por cuarta vez. Todo el esfuerzo que hacemos en su organización desde esta casa universitaria queda compensado largamente por la respuesta de ustedes.

No puedo olvidar a las autoridades universitarias y de nuestra Facultad, por su apoyo. En especial a la Dirección de Investigación, que de manera invariable nos ha proporcionado su auspicio.

Es una novedad que en esta convocatoria nos acompañen tres importantes facultades de nuestra Universidad, y participen activamente profesores de cada una de ellas.

Es valiosa también para nosotros contar con un número creciente de patrocinadores institucionales.

Les debemos agradecer a los expositores, pues no solo nos honrarán en estos dos  días con su presencia y sus conocimientos, sino también por su responsabilidad y compromiso, lo que se hace notorio en el programa y en el archivador que contiene las Actas de este Encuentro.

Entre ellos, en especial a los conferencistas del extranjero que, en medio de este mundo convulsionado, han viajado a nuestro país; es el caso de Esperanza Alcaín, de España,  y de Mercedes Díaz Araujo, de Argentina. Nuestro amigo Carl Bauer; de Estados Unidos, y Miguel Solanes, de Argentina, ya son asiduos de nuestro país y jornadas.

También a los profesionales de la Dirección General de Aguas, con su Director a la cabeza, quienes, por el número de ponencias presentadas, este ario han demostrado un entusiasmo que marca un hito en estas jornadas.

Asimismo, a las empresas privadas que las auspician.

Por otra parte, todos los que están en esta sala, además, ya saben que en la organización de un evento como este colaboran muchas personas.

La coordinación general de las Jornadas la ha asumido la nueva subdirectora del Programa, Paulina González Vergara, de un modo muy eficiente, y la prueba está a la vista; a ella, además, le ha correspondido el contacto con los expositores, la recolección de sus textos y su edición. El programa y el archivador que contiene las Actas, se debe a su laboriosidad. Ella ha tenido, además, la colaboración de los jóvenes investigadores del programa: Alejandro Domic, Camilo Charme y Jaime Bassa.

La inscripción y gestión de todos los demás aspectos administrativos y de una gran cantidad de pequeños y grandes detalles, ha estado a cargo de nuestra eficiente secretaria, Ivonne Moreno Riquelme. También nos ha ayudado en muchas tareas de estas Jornadas, y de diferente modo, sobre todo en labores de secretaría, Brenda Wangnet.

           En fin, nuestro mayor agradecimiento va dirigido a todos ustedes que han interrumpido sus quehaceres para venir a este encuentro, durante el cual no tengan la menor duda que haremos todo lo posible para que se cumplan sus objetivos de entregar conocimientos en materia de aguas. Este marco de excelentes panelistas y de público interesado mantiene vivo, un año más, nuestro entusiasmo para perseverar en estas tareas.

[Publicado en Revista de Derecho Administrativo Económico, Nº 1, 2002]